s Washington, 29 Ago (Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por los violentos desalojos de campesinos y sus familias en Honduras, donde además del uso del ejército, se amenazó de muerte a los líderes campesinos.
Los desalojos se registraron en mayo y julio pasados en las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón, en la región del Bajo Aguán, y causaron decenas de heridos entre desalojados y agentes de las fuerzas del orden, además de varios detenidos.
Entre los detenidos figuran varios líderes y lideresas campesinos, que después fueron beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la comisión.
En el primero de esos desalojos, el pasado 21 de mayo, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón.
Como consecuencia de ese operativo fueron desalojadas unas 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes habitaban las fincas desde julio de 2012.
Algunos reportes indicaron que las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas, gas pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar a los pobladores.
Unos 50 campesinos y ocho miembros de las fuerzas de seguridad habrían resultado heridos durante estas acciones, que resultaron también en la detención de 15 personas incluyendo varios líderes campesinos que habrían sido golpeados durante su cautiverio.
Semanas después, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales desalojaron a otras 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) de la finca Paso Aguán, donde se encontraban desde mayo pasado.
Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos.
La CIDH señaló que el Bajo Aguán es escenario de un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios, en el marco del cual 112 campesinos y campesinas han sido asesinados en los últimos cuatro años, según organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación.
La Comisión instó al gobierno de Honduras a investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables.
Además, lo llamó a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
