Bogotá, 29 Ago (Notimex). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a Venezuela garantizar la integridad y los derechos mínimos a los colombianos que son deportados de manera masiva.
“La comisión toma nota del pronunciamiento hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, solicitando que Venezuela respete la integridad y los derechos humanos de las personas colombianas de conformidad con las normas internacionales vigentes”, señaló un comunicado del organismo.
El Estado venezolano “debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de redadas migratorias”.
Venezuela tiene “un deber general de respetar todos los derechos de las personas inmigrantes, incluyendo su derecho a vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad”.
La CIDH reiteró que, de conformidad a las normas y estándares internacionales, a los inmigrantes sujetos a procedimientos que puedan conllevar a su deportación, se les deben respetar garantías mínimas, como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación.
La CIDH señaló que estas “deportaciones arbitrarias estarían siendo realizadas por miembros de las fuerzas armadas venezolanas, en cumplimiento de las instrucciones dadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Maduró decretó un estado de excepción en varios municipios de Táchira, así como el cierre de la frontera por un período de 60 días desde el 22 de agosto de 2015, después de la muerte de dos miembros de la Guardia Venezolana, por parte de una supuesta banda de contrabandistas.
Como parte del estado de excepción, Maduro ordenó el envío de más de mil 500 tropas adicionales al estado fronterizo de Táchira para buscar casa por casa a los responsables del mencionado enfrentamiento.
El presidente venezolano también ordenó el cierre “hasta nuevo aviso” del principal cruce fronterizo entre San Antonio, en el estado de Táchira, Venezuela, y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander en Colombia.
De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), desde el 22 de agosto, por lo menos, mil 88 migrantes colombianos, incluyendo 244 niños, niñas y adolescentes, habrían sido deportados desde Venezuela.
Según la Cruz Roja Colombiana, cuatro mil 260 personas adicionales habrían retornado de forma espontánea a Colombia tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera.
Diversas fuentes han indicado que muchas de las personas que habrían retornado a Colombia por su propia cuenta lo habrían hecho por miedo a que las autoridades venezolanas los desalojen y deporten de manera forzada.
El CIDH tiene información que las autoridades venezolanas habrían realizado redadas y operativos de control migratorio en barrios y lugares principalmente habitados por personas colombianas.
En el marco de estos operativos, las autoridades venezolanas estarían desalojando forzosamente a las personas colombianas de sus casas, reportándo abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, para luego proceder a deportar a las personas colombianas de forma arbitraria y colectiva.
El organismo señaló que “las autoridades venezolanas han procedido a marcar con la letra “D” las casas de personas colombianas en el barrio La Invasión, para luego proceder a demolerlas tras haber desalojado y deportado arbitrariamente a las personas que habitaban en las mismas”.
