Amnistía Internacional denunció el uso de la desaparición forzada como un instrumento de la política de Estado para intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica. En su reporte y entre los casos de diversos países, la organización menciona el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, mismo del que enuncia es un caso “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”.
Londres, Inglaterra, 29 de agosto (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que algunos gobiernos, como los de Egipto, Siria y México, empleen las desapariciones forzosas para acallar a grupos opositores o perseguir a minorías étnicas y pidió compromiso a fin de erradicar esa práctica “atroz”.
En un informe divulgado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el secretario general de AI, Salil Shetty, dijo que esa organización pro derechos humanos “hace campaña sobre cientos de casos de desaparición forzada en todas las regiones del mundo”.
En total, AI resaltó que actualmente siguen abiertos 44 mil 159 casos en 91 Estados -registrados desde 1980-, según los últimos datos de la ONU.
En su documento, Amnistía señala que el “modus operandi” de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique a las familias su paradero y a menudo sufren torturas y viven con el temor constante a que las maten.
En el caso de Egipto, lamenta que la desaparición forzada “se ha convertido en un instrumento clave de la política de Estado” a fin de intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica.
Allí cientos de ciudadanos corrientes, estudiantes, a veces menores de edad, y activistas políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional y recluidos en secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión, apunta el informe.
AI denuncia también la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas en Egipto y la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, dispuestas a mentir para ocultar sus rastros.
Desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015, se ha registrado un “notorio aumento” de esa práctica.
En cuanto a México, el documento denuncia la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa cuando se dirigían a una protesta contra las reformas educativas del gobernador y fueron atracados por la policía y hombres armados en Iguala.
Casi dos años después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos mientras que los 42 restantes continúan en paradero desconocido, recuerda la organización.
Ese caso es “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”.
AI ha puesto en marcha una acción “online” para recabar apoyos y exigir al Gobierno mexicano una ley que arroje luz sobre esos casos.
Otro de los países señalados por la organización es Siria, donde el número de desapariciones forzadas sigue en aumento y donde, especialmente en los dos últimos años, esa práctica “se ha utilizado de forma oportunista para realizar ajustes de cuentas u obtener beneficios económicos”.
Además de Siria, México y Egipto, AI documenta los casos de otros países como España, donde considera que se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975).
Según esto, las autoridades españolas continúan sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
De acuerdo con los datos de la ONU, en otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia Herzegovina o Serbia, se han documentado desde 1980 un total de 55 mil 273 casos de desapariciones forzosas, de los que 44 mil 159 siguen abiertos.
AI también señala que, según estos datos, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16 mil 560), Sri Lanka (12 mil 349), Argentina (3 mil 446), Argelia (3 mil 168), Guatemala (3 mil 154), Perú (3 mil 6), El Salvador (2 mil 673), Colombia (mil 260), Chile (907) y Filipinas (786).
