Cinco petroleras nacionales e internacionales son acusadas en otros países por daños ambientales y colusión con fuerzas armadas y paramilitares.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El caso de un dirigente sindical colombiano secuestrado en 2002 por paramilitares que, según una acusación en Inglaterra, fueron pagados por British Petroleum, fue mencionado ayer como ejemplo de la violencia que causan las petroleras trasnacionales en países que, como México, sufren impunidad y crimen organizado.
“En mayo de 2015, el líder sindical de Colombia, Gilberto Torres, demandó a British Petroleum (BP) por su presunta participación en el secuestro y tortura de trabajadores que se manifestaron por mejores condiciones laborales. Según las declaraciones de Torres y de un ex paramilitar, BP estuvo pagando 100 millones de pesos colombianos mensuales a grupos paramilitares a cambio de protección contra las comunidades y trabajadores opositores a sus actividades durante el tiempo que operó en Colombia”, reportó ayer la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
“México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del Gobierno a tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y paramilitares”, agrega el documento difundido.
En un video difundido por The Guardian, se da cuenta de lo que Gilberto tuvo que pasar. En el minuto 1:52 dice que la multinacional millones de pesos por su secuestro, desaparición y muerto porque no pensaban que el activista los estaba “jodiendo”.
El diario ha publicado videos en los que los mismos agresores–de acuerdo con la grabación– afirmaron haber recibido órdenes de la petrolera para matar al activista.
CINCO PETROLERAS EN LA MIRA
En conferencia de prensa, integrantes de la organización presentaron el “Reporte de Observación sobre las empresas que participan en la Segunda Licitación de la Ronda Uno”, el primero de una serie con la que, anunciaron ayer, darán seguimiento a los contratos que se generen con la Reforma Energética.
“El objetivo de este reporte de investigación es dar a conocer los perfiles empresariales y su relación con los Gobiernos y poblaciones en los países donde tienen actividades”, dijo Namar Hayrikyan, parte del equipo que realizó la investigación.
El reporte se centró en las cinco empresas que a la fecha compiten por la segunda licitación de la Ronda Uno para obtener contratos en nueve áreas de aguas poco profundas –las multinacionales Shell, BP y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal– encontrando en los antecedentes casos de corrupción política, violencia, represión y desastres ambientales.
Sin embargo, advirtió Hayrikyan, y ante la falta de interés que generó la primera licitación de la Ronda Uno, el Gobierno mexicano decidió en esta segunda fase de contrataciones flexibilizar los requisitos, como dejar de exigir un reporte de ingeniería e informes de construcción de instalaciones, además de disminuir las utilidades para el Estado de un 40 a un 30 por ciento.
“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas. Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico. Las cinco empresas investigadas por la organización civil participan en la segunda licitación de Ronda 1, cuyos ganadores serán dados a conocer el próximo 30 de septiembre de 2015”, agregó la investigadora al dar lectura al informe.
Entre los antecedentes de corrupción de las empresas competidoras, Poder citó también diversos casos de lo que denominan “captura del Estado”; o la manipulación de las reglas políticas por parte de las élites económicas en su beneficio.
“En febrero de 2014, la Cámara de Representantes de Nigeria solicitó la cancelación de un acuerdo con Shell y la empresa italiana Eni, condenando a estas empresas por falta de transparencia y prácticas corruptas que iban en contra de los intereses nacionales y las leyes de Nigeria. Shell pagó derechos para una concesión que el Gobierno de Nigeria depositó a una empresa propiedad de su ex Ministro del Petróleo, Dan Etete”, dice el documento.
“El director general de Petrobal, subsidiaria de Grupo Bal (del empresario mexicano Alberto Bailleres González), Carlos Morales Gil, enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por una probable asignación irregular por casi 40 mil millones de pesos en el caso Oceanografía. Dicha compañía obtuvo cuatro contratos de exploración y producción mientras Carlos Morales Gil estuvo al frente de Pemex Exploración y Producción”, agrega.
Otra parte de la revisión fue sobre “El poder que las empresas tienen sobre la industria energética de México”, apartado en el cual el documento afirma que las compañías realizaron convenios previos a la Reforma Energética aprobada en 2013 con el fin de impulsarla.
Uno de ellos, dice el documento, es precisamente un convenio entre BP y Petróleos Mexicanos para desarrollar una planta de gas licuado que será parte del Proyecto Transocénico que llevará gas natural entre el Atlántico y el Pacífico a través del Itsmo de Tehuantepec.
“Una fuente anónima entrevistada para esta investigación reveló que BP es una de las empresas escogidas para desarrollar una planta de gas licuado, parte del proyecto Transoceánico. Este proyecto comprende inversiones por parte de Pemex por seis mil millones de dólares para transportar gas natural desde Veracruz hasta Salinas Cruz, Oaxaca, atravesando estratégicamente el Istmo de Tehuantepec, conectando el Pacífico con el Atlántico. Además de esta obra, BP participa en las licitaciones de Ronda 1 a través de dos subsidiarias: BP Exploración México y Pan American Energy”, dice el reporte.
