La suspensión del amparo promovido por Grupo Higa para ocultar datos de la autopista Naucalpan-Toluca es ilegal, pues la resolución del Inai se antepone, dice Ernesto Villanueva.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Por un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Grupo Higa, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no hará públicos los documentos del crédito (las llamadas letras chiquitas) que otorgó en 2012 a la empresa constructora por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.
La jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco suspendió por tiempo indefinido la publicación de la información y busca que se declare ilegal la resolución que el pasado 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió y que obligaba a Banobras a desclasificar dicha información en máximo 10 días hábiles. Dichos documentos le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
Sin embargo, de acuerdo con Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en Transparencia y Rendición de Cuentas, la suspensión del amparo es la que resulta ilegal, dado que la ley establece que única y exclusivamente una resolución del Inai se puede interponer directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del consejero jurídico de la Presidencia, o bajo la hipótesis de seguridad nacional.
En este caso no sucedió ninguna de las tres cosas: la juez de distrito no forma parte de la SCJN, no es un tema en el que se toque la seguridad nacional, y no lo solicitó el consejero jurídico de la Presidencia, “entonces, evidentemente, es una resolución fuera de hecho”, sostuvo Villanueva.
“La resolución del Inai no podía ponerse en duda, ya que es un órgano constitucional autónomo, con resoluciones definitivas e inapelables, salvo en los casos mencionados […] al haber de por medio solicitudes de información, se hace evidente que se trata de documentos de interés público y que sólo buscan retrasar la entrega de la información. Es una pésima decisión de la autoridad, porque es Banobras y no Grupo Higa, el sujeto obligado”, agregó.
Posterior a que se hiciera pública la decisión del Inai, el Comisionado Joel Salas explicó en entrevista con SinEmbargo, que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no fue válido, e incluso descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, afirmó. Para el investigador de la UNAM, resulta importante lo que el Inai haga a continuación, al tratarse de una situación que ocurre por primera vez y sobre todo, cuando había una resolución firme en el sentido de que se entregara la información, y aunado a una reforma recién aprobada en materia. “El propio Inai debe tomar mecanismos o medidas de apremio para que se cumpla esa resolución que tiene dos vías: que fue hecha por un juez de distrito que no tiene atribuciones para hacer lo que hizo, y el otro, ellos, que sí las tiene en la Constitución y en la Ley General. No hay un conflicto de normas, sino de resoluciones distintas que a la vez, no entran en ningún conflicto”, explicó Villanueva y también considera que el Instituto debe presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por emitir resoluciones sin tener fundamento legal para ello.
¿QUÉ QUIEREN OCULTAR?
Para José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el tema dejó de ser jurisdiccional, sino un tema de transparencia a la sociedad, “si Higa tiene un poco de vergüenza para afrontar a la opinión pública mexicana, ellos mismos deben hacer público lo que está pasando con ese financiamiento. Esa actitud solo hace suponer que hay más políticos involucrados en estos negocios, algo que en este país no se puede seguir permitiendo. Si no temen nada, que lo transparenten […] Grupo Higa, sólo alimenta la especulación de que hay más nombres de altos funcionarios del gobierno del Estado de México y federal, metidos en el negocio de la construcción de esta autopista”.
Al igual que Villanueva, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que revise y se involucre en el tema, ya que considera, no tiene sentido que este país esté caminando hacia un mejor acceso a la información, hacia transparentar el ejercicio del presupuesto público, y que una juez proteja algo que el propio Instituto Nacional de Transparencia ya había declarado.
“Es una expresión de cinismo y un ejercicio parcial de la justicia. Es muy lamentable la determinación de la jueza, porque va a contrapelo de todas las reformas y de todas las instituciones democratizadoras del país […] Ir a contracorriente en los procesos democráticos, habla de grupos de interés a los que las condiciones actuales los favorecen”, concluyó Lara Duque.
