Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– “Lo que está aflorando en Michoacán es el ocultamiento de las víctimas fatales”, sentenció ayer el Diputado Ricardo Monreal Ávila al condenar los hechos ocurridos durante el fin de semana en Michoacán.

De acuerdo con el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), el gobierno federal no está reportando el número real de muertos y ejecutados por lo que afirmar que la criminalidad está a la baja es una falsedad.

“La cifra negra de ejecutados está creciendo en el país, pero la estrategia es ocultar a los muertos para decir que la criminalidad está a la baja”, denunció Monreal Ávila en conferencia de prensa al inicio de la Junta de Coordinación Política.

Monreal Ávila argumentó que las cifras oficiales evidencian el fracaso de la actual estrategia de seguridad. “En 10 meses van 15 mil 530 homicidios dolosos, es decir, 51 muertos con violencia diariamente, cuando el promedio de ejecuciones en el sexenio anterior fue de 28 diarios en seis años”.

Además, explicó, hace unas semanas el gobierno federal lanzó un operativo de rescate para Michoacán y que hoy está peor.

Hasta mayo de este año, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto reconoció 6 mil 250 homicidios dolosos en el país, según un informe preliminar de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con la cifra, los asesinatos relacionados con delitos federales habían disminuido 16.5%; esto es: mil 236 menos que en el mismo periodo de 2011-2012.

Sin embargo, según cifras del semanario Zeta de Tijuana, de diciembre a julio se registraron 13 mil 775 muertes. Basada en ese conteo, Insyde, una organización especialista en Seguridad Pública y Nacional, proyectó que de mantenerse el ritmo de la incidencia, al término de la gestión peñista habría 124 mil 975 muertes, 50% más que en la conclusión del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Para especialistas en el tema, el Jefe del Ejecutivo federal no habla de los muertos “porque no tiene información”.

Pablo Monzalvo, investigador de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA), explica que “una declaración del Presidente es una declaración contundente por su género jurídico. Lo que diga es la verdad jurídica o la verdad política. Al no tener datos confiables, no maneja una cifra, ni tampoco una declaración”.

A partir de agosto, el conteo oficial se modificó y tendrá que volverse a empezar. El gobierno federal anunció una nueva forma de contabilizar los homicidios con la eliminación de la clasificación de las muertes relacionadas con el narcotráfico.

En los primeros meses del gobierno peñista, hubo dos categorías: la de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado –contados cuando sucedían en enfrentamientos armados– y la de homicidios dolosos en general.

Durante la conferencia de prensa en la que fue presentado el nuevo formato, Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, explicó que esa decisión se tomó a petición de organizaciones civiles, con la consideración que así sería más clara la medición de la incidencia delictiva en el país.

Para el coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UIA, Eruviel Tirado, el cambio de metodología permite disminuir la percepción social de la inseguridad y expulsar al crimen organizado del discurso político, en una marcada diferencia con el gobierno anterior. Pero aclara que no es una medida que contribuya con la solución del problema.

PRENSA EXTRANJERA CRITICA ESTRATEGIA

Este mes, el Presidente Enrique Peña Nieto presumió que el índice de la violencia en el país había disminuido, pero no citó cifras. Y tres días después, The Economist publicó un reportaje en el que afirmaba que el éxito de su lucha contra el crimen sólo se veía desde los diarios, pero los datos de organizaciones civiles lo contradecían.

La única alusión que ha hecho el jefe del Ejecutivo al número de víctimas mortales del flagelo de la violencia en lo que va de su gobierno, ocurrió el pasado 27 de agosto, en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando aseguró que los homicidios relacionados con delitos federales habían bajado 20 por ciento. En esa ocasión, hubo alusión de las víctimas mortales, pero no a los desaparecidos.

El primer mandatario reconoció que la solución del problema de inseguridad nacional puede tardar “varias administraciones”. Peña Nieto dijo ayer: “El tema de la seguridad ni está resuelto ni está agotado”.

No obstante esa ausencia en el discurso, el mandatario insistió en que la seguridad es de “las más altas prioridades” de su gobierno y que está abierto a las sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con la publicación británica “no hay nada nuevo” en el combate de México contra las bandas del crimen organizado y la reconstrucción del tejido social. Incluso, datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que si bien había un descenso en los asesinatos, delitos como el secuestro y la extorsión habían repuntado en los primeros meses de gobierno.

“Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados de narco-fosas, con el tiro de gracia, homicidios en enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos han sido un tema del día a día, a pesar de la estrategia federal de no informar al respecto”, afirmó el semanario Zeta, días antes del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A principios de marzo de 2013, cuando Peña Nieto cumplía 100 días al frente de la administración, el gobierno decidió como estrategia el silencio en temas relacionados a la violencia.

Sin embargo, los datos duros documentados por el semanario demuestran que en ocho meses de gobierno peñista, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2013, sucedieron en el país por lo menos 13 mil 775 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

Zeta aseguró que los homicidios dolosos relacionados a delitos federales contabilizados por el gobierno de Peña Nieto están bastante lejos de la realidad que vive México.