Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dio el cantinflazo de la semana al afirmar que la corrupción es un asunto de percepción afectada por las redes sociales que distorsionan la realidad.

O sea, la corrupción que vemos y ha sido documentada no está allí, sino que los ciudadanos solo la percibimos y las perversas redes sociales la distorsionan para afectar la imagen del gobierno.

Aunque ofenda por caradura, la Secretaria no dice nada nuevo. Todo lo contrario, está perfectamente alineada con el eslogan de gobierno de su jefe, el Presidente Peña Nieto: Lo bueno también cuenta y cuenta mucho… ¡ah, y sigue contando! Algo así pues.

La grosería es relevante porque esta semana sucedieron dos precedentes en materia de conversación pública y esa compleja relación entre percepción y realidad. Uno pésimo y otro muy prometedor.

Empiezo por el pésimo. Resulta que el Senado aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones. Una ley regresiva que atenta contra los derechos de las audiencias en materia de libertad de expresión. El experto Gabriel Sosa ha señalado continuamente que la nueva ley incluye muchas omisiones, pero la que más preocupa es la siguiente: le permite a los medios de comunicación seguir publicando propaganda sin la obligación de transparentar a las audiencias que ese contenido es pagado o patrocinado por alguien más.

¿Y por qué ese hecho es importante? Nada más porque de 2013 a 2016, Enrique Peña Nieto se gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Un dineral que ha servido para sostener medios que le mienten a sus audiencias al esconderles que mucho del contenido destacado que se les ofrece es propaganda pagada por sus gobernantes.

En ese periodo, los proveedores que más recibieron publicidad oficial fueron Grupo Televisa (17 por ciento), TV Azteca (9.87 por ciento, Estudios Churubusco (3.34 por ciento), la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por ciento), que en conjunto concentran el 38.81 por ciento (14 mil 073 mdp) del total del gasto según el informe “Contar lo bueno cuesta mucho” de FUNDAR.

El dispendio no solo no se ha reducido, como lo prometió el mismo Presidente durante su campaña, sino que promete mantenerse de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2018. El objetivo de ese derroche es seguir empujando la idea de “que lo bueno cuenta” entre la población de cara a un año electoral.

Sin embargo, a pesar de la enorme inversión realizada en medios masivos, la estrategia ha resultado un fracaso rotundo de comunicación. Todos esos millones no han sido suficientes para que Televisa detenga su caída libre en publicidad y ratings, ni para que la aprobación del Presidente mejore.

Curiosamente, donde menos se invierte en publicidad oficial, es donde más golpeada se encuentra la imagen de Peña Nieto: el internet y las redes sociales. ¿Qué raro verdad?

El segundo precedente sirve para alimentar la esperanza. Y es que gracias al litigio promovido por Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, la Suprema Corte alista un amparo que obligaría a los legisladores a regular en materia de publicidad oficial.

El proyecto del Ministro Arturo Saldívar plantea que el Congreso de la Unión omitió emitir la ley que ordena el Artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 para que se regule el gasto en materia de comunicación social de conformidad con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Dicha omisión vulnera la libertad de expresión tanto en lo colectivo como en lo individual.

De votarse a favor, estaríamos ante un precedente jurídico transcendental que podría empezar a cambiar los incentivos y las reglas del juego en materia de libertad de expresión en México. Vale atenderlo, socializarlo y empujarlo.

Porque solo tendremos medios libres e independientes cuando su subsistencia no dependa de la discrecionalidad de los gobernantes en turno, sino del apoyo de sus audiencias y el patrocinio de sus anunciantes. Solo entonces podremos aspirar a que el periodismo sirva de contrapeso en un país donde dónde los periodistas y su oficio importan cada vez menos.

Porque como dijo el periodista Marcos Vizcarra al recibir el Premio Peter Mackler en Washington: “La sociedad nos ha dejado solos, pero los necesitamos”.

Tiene razón Marcos, pero la sociedad mexicana solo volverá a confiar en sus medios cuando dejemos de “contar lo bueno” y empecemos a contar lo que es.

Librero.
¿Como distinguir entre un cártel y una mafia?, ¿cuáles son los elementos que definen que una organización delictiva ha alcanzado el nivel de “mafia”? Jean-François Gayraud responde en un libro que es ya un clásico de la literatura sobre criminalidad mundial: “El G-9 de las mafias en el mundo: geopolítica del crimen organizado” (Tendencias, 2005). Un libro imprescindible para entender dónde estamos parados en México.

Adrián López Ortiz

https://www.sinembargo.mx/author/adrianlopez

Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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