Por Shaila Rosagel, Laura Cordero, Ilse García y David Martínez
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– El papel que realiza la policía del Distrito Federal en el manejo de manifestaciones sociales cambió a partir del 1 de diciembre de 2012 de una estrategia preventiva a la “razia” y el “garrote”, y ese viraje se dio precisamente durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, coinciden activistas.
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en contubernio con la elementos de la Policía Federal (PF) y sus mandos han sido blanco de críticas y acusaciones formales por el excesivo uso de la fuerza pública en las manifestaciones, la falta de protocolos y las detenciones arbitrarias que se han realizado constantemente en las protestas en las calles.
El coordinador del Programa Internacional de Protección de Artículo 19, Ricardo González, considera que la actitud “represiva” de la policía capitalina es cada vez más recurrente durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, principalmente cuando se coordina con la Policía Federal.
“Es importante destacar que se registran más abusos cuando hay coordinación con la Policía Federal, lo vimos el primero de diciembre de 2012 y lo vimos también el 20 de noviembre pasado, en dónde no queda claro quién está tomando las decisiones y bajo qué criterios de inteligencia se está tomando”, comenta.
Gisela Pérez de Acha, integrante de la organización feminista internacional FEMEN, coincide: “Los granaderos son del Distrito Federal. La Policía capitalina son los granaderos del PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Son los que atraparon, los que reprimieron y los que arbitrariamente detuvieron a los 11 compañeros el pasado 20 de noviembre”.
Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señala que el gobierno de Mancera le hace el trabajo sucio al gobierno federal para criminalizar la protesta.
Culebro indicó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es una “comparsa” del gobierno capitalino y que debe solicitar inmediatamente a las autoridades locales, el protocolo de seguridad que se va a utilizar el próximo 1 de siembre para garantizar la libertada de los ciudadanos a la protesta.
“Le debe exigir a Seguridad Pública los lineamientos para establecer cómo va a cuidar a los ciudadanos que vamos a manifestarnos. La Comisión de Derechos Humanos del DF no ha hecho nada, desde que llegó Perla Gómez [presidenta de la CDHDF] a la Comisión sólo es una comparsa”, dice.
UN PERFIL ALINEADO
Jesús Robles Maloof, abogado defensor de derechos humanos, destaca que para entender la respuesta de los elementos de seguridad capitalino es necesario entender quién es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, y de dónde surgió, puesto que su profesión jurídica es “una profesión conservadora asociada al poder en México”.
”Ese es Miguel Mancera, él no es un político de izquierda, él viene de una tradición conservadora, autoritaria formal del derecho”, afirma el activista.
Además expone que Mancera llegó en un momento de restauración de conservadurismo, “en donde los jóvenes permanecen movilizados y la otra posición que era la gente de [Andrés Manuel] López Obrador se retira y se va al sistema político” y en un momento en el que las protestas estaban llegando a su cúspide, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) los dejó solos.
“En septiembre de 2012 las protestas por una elección totalmente cuestionada estaban alcanzando su pico y en ese momento Morena decide replegarse hacia adentro del sistema en lugar de seguir en las calles con los jóvenes. Deja solos a los jóvenes en las calles y comienzan los actos de represión”, explica.
Para el activista, es entonces cuando el Jefe de Gobierno capitalino decide ajustarse a las pautas de la región autoritaria. “No es que sea un títere, no es que exista una coordinación con Peña Nieto sino que es un momento en donde él [Miguel Ángel Mancera] se siente naturalmente cómodo en un orden autoritario y coercitivo para la protesta social en el Distrito Federal”, afirma.
El activista Ricardo González de Artículo 19 denuncia que nunca se había desalojado el Zócalo de forma tan violenta, como el pasado 20 de noviembre, por lo menos no en el México después de la alternancia.
Así también lo considera Gisela Pérez de Acha, quien afirma que aunque durante muchos años el Partido de la Revolución Democrática (PRD) significó un contrapeso del PRI, ahora “definitivamente [Miguel Ángel] Mancera obedece y se coordina con la agenda [del Ejecutivo] federal”.
“Claramente él no es una persona de izquierda, claramente él no cree en la libertad, no cree en la igualdad. Es un policía hecho Gobernador, y eso es lo que se está viendo, se está viendo su mano dura […] al servicio de [Enrique] Peña Nieto y [Miguel Ángel] Osorio Chong”, expone.
CONTROL SOCIAL
Jesús Robles Maloof detalla que Mancera tomó una posición en contra de la protesta pública y duplica el presupuesto de vigilancia, pero lo que demuestra es “su inutilidad para lo que fue hecho: la seguridad social. Más bien sirve para el control social”.
Ricardo González, de Artículo 19, agrega que la policía –cuyo titular es Jesús Rodríguez Almeida como Secretario de Seguridad Pública– olvidó que el restablecimiento del orden público pasa por la protección de derechos y libertades, y no por una acción coordinada para mandar un mensaje a los manifestantes de: “¡Cuidado! Porque esto te puede pasar a ti”.
Explica que la Agrupación de Granaderos de Almeida reproduce un “patrón de represión y vulneración sistemática” de los derechos a la libre expresión, manifestación y asociación, así como los derechos de quienes se encontraban cerca del lugar de los hechos y no participaron de forma directa en actos vandálicos o violentos, pero que de todas formas fueron víctimas del abuso de la autoridad.
“El mensaje que se manda, y creo que es recurrente en donde participa de manera directa la Secretaría de Seguridad Pública del DF, es que las detenciones sí son un mensaje de escarmiento”, señaló.
El especialista de la organización internacional Artículo 19 detalla que el operativo de desalojo del Zócalo el pasado 20 de noviembre puso en riesgo la integridad física de miles de personas que se manifestaban de forma pacífica, ya que pudo haber ocasionado una estampida o algo peor.
“Estamos llamando a cuentas a la Secretaría de Seguridad Pública sobre cuál fue el criterio para decidir instrumentar un operativo de esa magnitud, que a todas luces no estaba contemplando los preceptos mínimos de protección civil, es decir, cuidar a la gente, proteger los derechos y la integridad de la gente que asiste a las manifestaciones”, explicó González.
LA FALTA DE PROTOCOLO
Artículo 19 y otras organizaciones han criticado no sólo el operativo policiaco del pasado 20 de noviembre, sino el protocolo de manejo de multitudes implementado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
“Existe un protocolo para manejo de multitudes que fue promulgado por Mancera prácticamente en respuesta a los señalamientos que se habían hecho durante las manifestaciones de hace dos años. Sin embargo, este protocolo prácticamente es letra muerta”, dice.
Más allá de que el protocolo es ignorado, Artículo 19 cuestiona el hecho de que la policía se ha negado a reconocer sus errores, por el contrario, el propio Jesús Rodríguez Almeida felicitó a sus policías, al tiempo de que se ha negado a explicar a las organizaciones civiles cuál es el entrenamiento que recibe la autoridad encargada de manejar multitudes.
Y es que para el especialista es de llamar la atención el cúmulo de testimonios de manifestantes que hablan de una actitud provocadora y de expresiones homofóbicas y de odio proferidas por la policía capitalina, durante el desalojo del Zócalo.
“La necesidad de transparentar es saber qué se les dijo a los agentes que ejecutaron ese operativo para que llegaran profiriendo insultos, digamos cuál es la información previa por la cual actuaron ellos, porque salieron a golpear. Yo estuve presente allí y lo que vimos fue una razia; es decir, algo que está totalmente prohibido en el uso de la autoridad”, detalla Ricardo González, coordinador del Programa Internacional de Protección de Artículo 19.
El padre Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, convoca al gobierno del Distrito Federal a conducirse con independencia, debido que actúa conforme le “viene dictado” del gobierno federal en el tema de la protesta.
“Estamos pidiendo al gobierno del Distrito Federal y a las instituciones de gobierno que se conduzcan con independencia, que salvaguarde su autonomía, que proteja sus competencias, no con el pretexto de estar coordinados. Francamente a lo que le viene dictado desde la esfera federal, se supone que tenemos un gobierno distinto, diferente, hemos luchado mucho por la democracia. Le estamos pidiendo que salvaguarde su independencia, autonomía, su propia competencia, desde la cabeza de arriba pasando por todas las instancias de gobierno”, afirma.
