A través de mis cuentas personales en Twitter y Facebook di a conocer, hace casi un par de semanas, lo que sucede con la Defensoría del Televidente de Canal 22: fui nombrado como  titular de esta figura de autorregulación desde el pasado  primero de septiembre, pero no puedo ejercer funciones porque mi ingreso formal a la institución fue interrumpido por una restricción presupuestal a las contrataciones por honorarios.

También precisé que pese a estar en disposición de ejercer el cargo sin remuneración mientras se daba solución al problema administrativo, se me informó semanas después que esto no era posible y que ya no debía gestionar las quejas o comentarios de los televidentes y turnarlos a los funcionarios del Canal 22 porque esto podría derivar en observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) a dichos servidores públicos.

Amablemente, a principios de noviembre, se me pidió más tiempo de espera para firmar el contrato en tanto se buscaba una solución con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que autorizara la incorporación. ¿Cuánto tiempo? “Muy pronto” o lo que ello signifique.

Ante esto, solicité que se le informara oficialmente a la audiencia de Canal 22 de la parálisis de la Defensoría, pero no hubo disposición para ello. Fue entonces que tomé la iniciativa con base en la autonomía conferida al cargo y para señalar que un problema administrativo estaba interrumpiendo las respuestas a las comunicaciones que llegan directamente a la Defensoría. Al menos hasta mediados de noviembre, ni una sola de las quejas recibidas y turnadas desde junio había tenido respuesta a los televidentes por correo electrónico o de manera personal.

Una vez que di a conocer estos hechos, diversas organizaciones, medios de comunicación, colegas y otras personas mostraron interés en el caso. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) manifestó a través de un posicionamiento que por tratarse de una obligación legal de todas las estaciones de radio o canales de televisión públicos y privados, el cargo de defensoría de las audiencias debiera ser una plaza fija y permanente contemplada en los presupuestos anuales de los medios y aprobada por la SHCP y la Cámara de Diputados, independientemente de la persona que ocupe el cargo.

A su vez la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) externó su preocupación de que en la defensa de los derechos de las audiencias se antepongan asuntos administrativos de menor envergadura jurídica que lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece como obligación el nombramiento de una defensoría para garantizar los derechos de las audiencias.

En tanto, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) recomendó a Canal 22 que revalore la importancia de tener una Defensoría de Audiencias y permita continuar su labor de atender y respetar los derechos de las audiencias de dicho medio.

Por su parte, los portales Sin Embargo, Aristegui Noticias, Agencia SDP, así como Radio Educación y NRM Comunicaciones, dieron seguimiento al tema. La excomisionada de Cofetel y destacada académica Clara Luz Álvarez (en el periódico Reforma, 23 de noviembre), y la defensora del lector y también académica Josefina Hernández Téllez (en El Independiente de Hidalgo, 25 de noviembre), cuestionaron las incongruencias administrativas, la incomprensible reacción del OIC ante la defensa de derechos y la falta de interés para encontrar vías alternas de solución a una gestión poco compleja. Hubo también una petición en la plataforma change.org para reinstalar la Defensoría.

A casi dos semanas de tocarse públicamente el tema, no se conocía, hasta ayer al medio día, la posición oficial de Canal 22 ni de las dependencias señaladas. Así la importancia que se le da a la defensa de los derechos de libertad de expresión e información en un medio público. El director general de la televisora, Ernesto Velázquez, sólo manifestó su punto de vista en una entrevista concedida el 24 de noviembre al programa “El fin justifica a los medios” de Radio Educación, que puede ser escuchada en este sitio web: www.e-radio.edu.mx.

Las diferentes expresiones de preocupación sobre lo que sucede con la Defensoría de Canal 22 son una muestra de que los derechos de las audiencias comienzan a permear socialmente y que hay grupos de la sociedad que luchan para que no haya retrocesos en estos logros históricos, ahora incorporados en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y mucho menos por razones burocráticas.

Además de puntos de vista compartidos, también he recibido críticas: se me ha dicho que lo que hice al difundir el caso fue afectar la imagen del Canal 22, de su director general y su equipo de trabajo, y en general de los medios públicos, y que más bien lo que debió prevalecer fue la prudencia, la espera, en tanto las autoridades hacían lo suyo.

Esa no fue mi intención, pero lo que me parece inaceptable es que la audiencia de Canal 22 no fuera informada a lo largo de varias semanas de la suspensión de actividades de la Defensoría, luego de que en septiembre se diera a conocer el nombre del nuevo Defensor mediante un comunicado oficial y una entrevista concedida a Agencia N22. Asumí una responsabilidad y sólo traté de ser congruente con los fines para las que fue creada la Defensoría, incluida la autonomía de gestión, más allá de los acuerdos políticos, las gestiones administrativas o la amistad. Supongo que para eso me invitaron: para defender derechos de las audiencias y no para otra cosa.

Ahora bien: estoy convencido que un caso como estos no afecta, en ningún sentido, el reconocimiento de las aportaciones que ha hecho Canal 22 a la cultura y el debate de las ideas, ni la destacada trayectoria profesional de su director general, su equipo de trabajo y en general quienes día con día hacen realidad este magnífico medio público. Tampoco eso mancha la aportación que Canal 22 hizo al crear, por primera vez en México, la figura de la Defensoría del Televidente, que ha tenido como sus titulares a mi querida colega Gabriela Warkentin, y a los colegas André Dorcé y Francisco Prieto.

Es sólo un mal momento, derivado de los cada vez más limitados recursos públicos a Canal 22 y el resto de los medios públicos, que seguramente pronto será superado. En el fortalecimiento de los derechos de las audiencias y los medios públicos, estamos en el mismo barco. También hay un consenso en que los medios públicos deben actuar cada vez con mayor independencia editorial, ser más plurales y diversos, y fomentar la tolerancia y diálogo democrático.

Por lo mismo, como parte del mal momento o, como dijera el presidente, de la “mala vibra”, resulta incomprensible que con la suspensión de la Defensoría, mi semblanza y mi primer texto fueran eliminados del sitio web del canal sin compartirme la decisión. También me genera cierta inquietud que el caso de la Defensoría no fuera de interés periodístico para el noticiario del mismo canal, en donde reporteros y conductores se han manifestado en contra de la censura, a favor de la pluralidad informativa y su compromiso con las audiencias.

Lo que ocurre en Canal 22 quizás no habría sucedido si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hubiese ya aprobado los lineamientos de los derechos de las audiencias. Ante una falta a la ley, el órgano regulador pudo haber actuado para impedir que la televisora o alguna de las dependencias gubernamentales interrumpieran la labor de la Defensoría. Esta una llamada de atención para que en la tutela y protección de los derechos de las audiencias, participemos con el mismo compromiso la ciudadanía, la autoridad, los medios de comunicación (públicos, comunitarios y comerciales) y quienes hemos tenido el privilegio de haber sido o ser defensoras y defensores de las audiencias. Espero que esta historia de Canal 22 no se repita. Para nadie, incluyéndome, es agradable vivir una experiencia como esta.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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