México, 30 Ene (Notimex).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Chiapas, por el caso de dos hondureñas asesinadas con armas de fuego cuando viajaban en el tren conocido como “La Bestia”.
Un día antes de ser privadas de la vida, las mujeres habían denunciado la extorsión de una banda delictiva a indocumentados, la cual se negaron a pagar, y la omisión de la autoridad ocasionó que los delincuentes cumplieran sus amenazas cuando las víctimas viajaban en “La Bestia”, explicó el organismo.
Advirtió que de no aceptarse los puntos de la Recomendación 2015 o no cumplirlos, podría solicitar al Senado o a la Comisión Permanente del Congreso la comparecencia de la autoridad a quien se destina este documento, para que explique el motivo de su negativa.
El organismo público autónomo aseguró que tiene “elementos para evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, procuración de justicia y seguridad e integridad personales” de estas dos mujeres.
“Ello conllevó a la violación del derecho a la vida de las víctimas en los hechos ocurridos en el tramo férreo Pakal-Ná-Salto del Agua, municipio de Palenque, Chiapas, como consecuencia de acciones y omisiones que transgredieron los derechos que tenían en calidad de víctimas del delito”, añadió.
La CNDH detalló que el 29 de mayo de 2013, un día antes de ser privadas de la vida, las víctimas declararon en calidad de testigos en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
En esa ocasión señalaron a varios hombres tatuados como responsables de extorsión a migrantes para permitirles subir al tren y continuar su trayecto hacia Estados Unidos, lo que ocasionó que fueran amenazadas por dichos individuos, indicó.
Por ello, las víctimas tenían derecho a que la autoridad dictara las providencias legales necesarias para proteger su vida e integridad física, psicológica y moral; a recibir orientación y canalización hacia las instituciones de asistencia o beneficencia pública, social y privada.
También a comparecer en los actos procesales, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir apoyo y otorgamiento material de bienes en los casos en que proceda y a recibir protección física o de seguridad en los casos requeridos, añadió la CNDH.
Manifestó su preocupación por que la atención que se otorgó a las agraviadas en su calidad de testigos y víctimas fue inaceptable, “ya que el propio sistema al que pidieron justicia fue el que agravó su situación, al grado de que al dejarlas sin protección, al día siguiente perdieron la vida”.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco entre otras medidas, elaborar políticas públicas de protección en favor de personas migrantes; que las instancias de seguridad pública estatales protejan a los migrantes que transitan por su territorio y remitan constancias de cumplimiento.
También que se otorgue a familiares de las víctimas asistencia médica, psicológica, social y material mientras duren los tratamientos y envíen a este organismo nacional las constancias de cumplimiento.
De igual manera, la CNDH recomendó al gobernador Velasco Coello que se ofrezca una disculpa institucional a familiares de las víctimas, la cual implique el reconocimiento de violaciones a derechos humanos en que incurrió el personal de la procuraduría estatal.
Además, que el procurador dicte medidas para que los agentes observen los derechos de víctimas y ofendidos del delito, así como se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación para actualizar a ministerios públicos en la atención a víctimas.
La CNDH también pidió a Velasco Coello que colabore en el trámite de queja que promoverá ante la contraloría de la procuraduría estatal, con motivo de la omisión de la autoridad responsable, y se remitan a este organismo autónomo las constancias de cumplimiento.
Aclaró que la recomendación se emite para hacer una declaración de una conducta irregular cometida por servidores públicos, para obtener la investigación que proceda, se apliquen las sanciones que correspondan y se subsane la irregularidad de que se trate.
