Washington, 30 ene (dpa) – Un grupo de expertos independientes iniciará los próximos 11 y 12 de febrero en Washington sus trabajos sobre el “caso Iguala”, incluso después de que la procuraduría general de México diera por muertos a los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“El propósito de la reunión es plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión. En esta reunión, el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México”, explicó la CIDH, en cuya sede en Washington tendrá lugar la reunión.
La fiscalía mexicana decidió esta semana dar por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos desde hace cuatro meses, a pesar de que sólo los restos calcinados de uno de ellos han podido ser identificados con pruebas de ADN.
Familiares de los jóvenes y la organización Human Rights Watch rechazaron las conclusiones de la procuraduría y cuestionaron que se hiciera el anuncio cuando ni siquiera había comenzado la misión de los especialistas de la CIDH.
LA CIDH destacó la importancia que tendrán las recomendaciones del grupo de expertos “para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”.
El grupo está formado por cinco expertos: el médico y psicólogo español Carlos Beristain, la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia Villa, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años.
Estos expertos tendrán como tareas “la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y el análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas”, indicó la Comisión.
El acuerdo, firmado por las partes en noviembre de 2014, establecía que el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes propondrían a varias personas para formar parte de este grupo de expertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido la encargada de seleccionar a cinco, “luego de una cuidadosa consideración y análisis de los antecedentes personales y profesionales de cada una de las personas sugeridas”.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre en la localidad de Iguala en el estado mexicano de Guerrero. Según la fiscalía, fueron asesinados e incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos, después de ser entregados por policías municipales.
Según los compañeros de los desaparecidos, habían ido a Iguala, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, a recolectar fondos y a apoderarse de autobuses para poder participar el 2 de octubre en una marcha en Ciudad de México por la matanza estudiantil de 1968.
Ese día la esposa del alcalde José Luis Abarca, ahora detenida igual que él y acusada de pertenecer al cártel Guerreros Unidos, encabezaba un acto al aire libre que pretendía ser su lanzamiento político para suceder a su marido.
Y la orden del alcalde fue que los estudiantes no llegaran a sabotear el acto. La policía entonces persiguió sus autobuses con el resultado de seis muertos y 25 heridos, además de los 43 desaparecidos.
En el basurero donde, de acuerdo con autores materiales, fueron incinerados se encontraron cenizas y más de 60.000 fragmentos de hueso triturados para impedir su identificación.
