La victimología en México es una disciplina jurídica que bien define José Alfredo Jiménez en su copla La Vida No Vale Nada; la indiferencia de la autoridad hacia las víctimas es evidente cuando, al enfrentar las acciones de Derechos Humanos, responde: ¿Y quién defiende a las víctimas?

Ellos son los responsables de defender a las víctimas, sin embargo son los que torturan y violan los Derechos Humanos, y las dejan como sujetos jurídicos olvidados. En mis 50 años de actividad derechohumanista, no he visto que quienes critican los Derechos Humanos, 6haga algo por los que sufrieron.

En el caso Salvárcar, por ejemplo, se detectaron 101 víctimas directamente relacionadas a las 15 personas asesinadas, un promedio de seis por fatalidad. Si utilizamos esta cifra como referencia en los 200 mil homicidios que se han acomulado desde el sexenio de Calderón y hasta la actualidad con Peña Nieto, tenemos por lo menos un millón de víctimas que no han sido apoyadas ni atendidas por el Estado.

Acá en la frontera lograr el apoyo previsto para los instrumentos internacionales y cumplir así con el concepto de reparación integral de la víctima de un delito, según lo dispuesto en la fracción C del Artículo 20 constitucional, ha sido una de las luchas más difíciles, complicadas y menos comprendidas por la ciudadanía y las dependencas de defensa de los derechos humanos.

Considero que el mexicano busca fundamentalmente superar la crisis y la emergencia, y en el mundo de la victimología la crisis y la emergencia viven un periodo muy breve pero intenso, y una vez pasado el apoyo a la víctima ya sólo viene de la familia. Nunca del Estado.

Por eso cuando las víctimas de los feminicidios quisieron obligar al Estado a que cumpliera sus responsabilidades, se vieron obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente a la Corte de San José Costa Rica.

El Estado mexicano, incluyendo el chihuahuense, no podía aceptar que era una obligación ineludible del Gobierno y las instituciones de procuración de justicia encontrar a los culpables del delito de homicidio, piensan que encontrar a los delincuentes es una facultad descresional.

Les tomó a los representantes de las familias del caso del campo algodonero por lo menos 12 años, y a los familiares de los primeros feminicidios más de 20 años, escuchar una resolución obvia y evidente: El Estado está obligado a perseguir y detener a los asesinos de sus hijas.

Así sucedió en el caso Salvárcar: El 30 de enero de 2010 fueron asesinados 10 jóvenes y cinco adultos en la calle Villas de Salvárcar, la mayoría en el domicilio 1310; el mundo se estremeció por la tragedia, vino gente de todas partes a ver el lugar del crimen y se invirtieron 7 mil millones de pesos para volver a una paz relativa en la ciudad.

Pero a las víctimas se les dejó en el olvido. Y sumidos en su dolor, que al ser colectivo, se recarga e intensifica cada 30 de enero.

Es mas ni siquiera fueron capaces de procurar la demolicion de la casa 1310 y permanecio ahi por mas de 7 años y medio recordando dia a dia a los familiares el lugar de la tragedia.

Suena increible pero han pasado 8 años y apenas en este mes, el gobierno ha reconocido que Legalmente son victimas.

Los deudos eran ofendidos pero no se les reconocia como victimas.

Este acto gubernamental, es el corolario de una increíble ruta emprendida por los familiares después qué advirtieron la procuración de justicia había fallado con ellos, uno de los imputados del homicidio obtuvo su libertad porque los militares lo obligaron a confesarse. Asimismo los ofendió profundamente que el ministerio público hubiera pedido una indemnización reparatoria del daño por la cantidad $40 mil pesos por cada occiso. Y decidieron iniciar los trámites para exigir lo que es indiscutible: el gobierno debe aplicar el debido proceso para encarcelar a los culpables y debe asegurarse qué los responsables paguen una justa reparación del daño en los términos previstos en las normas aplicables.

En su caminar encontraron oídos sordos en el gobierno de Duarte, en las comisiónes Estatal y Nacional de Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República.

Todos reconocian que tenian el derecho constitucional, pero no habia Ley Reglamentaria. Entonces habia que hacerla y unieron sus voces a la de miles de derecho humanistas que obligaron al estado mexicano a expedir la Ley General de víctimas promulgada en 2012 y que establece la formación de una comisión ejecutiva de atención a víctimas.

Como el tramite de los homicidios se quedo en Chihuahua, el gobernador Duarte, se negó a aceptar responsabilidad, pues no habia Ley Estatal. Y nunca quizo impulsarla a pesar de estar aprobada por el congreso.

Ahora seguia conseguir la Ley, y esto se logró finalmente que fuera aplicable a partir del 1 de enero de 2017.

Tuvo que perder las elecciones el PRI y que el gobernador Corral tuviera voluntad para atender el caso, para atender las solicitudes de los familiares y las sugerencias de los funcionarios que participan con él y que vienen de la lucha por los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua especificamente Lucha Castro, la licenciada Irma Villanueva, Victor Quintana y los diputados de Morena: Leticia Ortega y Pedro Torres.

Todo el 2017 fueron de tramites y contruccion de la Comision Estatal de Atencion a Victimas, y finalmente se empiezan a cumplir compromisos concretos.

la dependencia de la viviendaestatal, COESVI, derrumbo la casa que conservaba el terror. También erigio un memorial en recuerdo a los caídos segun diseño del hermano de uno de ellos, que estudio Arquitectura y se entregará a la comunidad de familiares este 30 de enero. 8 años después de la muerte colectiva de 15 personas que debían seguir luchando para salir adelante

Quedan pendientes las dos exigencias iniciales, la detención y procesamiento de los asesinos y la reparación digna del daño causado a las familias, O sea que hemos logrado la primera parte del ultimo tramo, Sólo nos preocupa que el área financiera del estado nos diga que los recursos para Salvarcar se perdieron entre los 700 millones de pesos qué el Gobierno Federal le negó al gobierno de Chihuahua.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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