Un estudio de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional reveló que aún cuando los cárteles mexicanos han incrementado la extorsión, el robo, y las amenazas en contra de las empresas mineras en el país, hay evidencia de la colusión deliberada entre las minas y los líderes del crimen organizado. El informe también plantea que estas organizaciones criminales no sólo se limitan a extorsionar a las empresas mineras, “sino también los propios trabajadores, que tienen que pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos lugares, esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación'”.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas han incrementado la extorsión, el robo, y las amenazas a las empresas mineras que operan en México y han propagado la violencia en contra de los trabajadores y las comunidades en las que se encuentran instaladas estas corporaciones, plantea un estudio de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional difundido este día.

“A pesar de que las organizaciones criminales se benefician de la extorsión de las minas que operan legalmente, también existe evidencia de la colusión deliberada entre las minas y los líderes del crimen organizado”, expone el informe de la organización titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina”.

El documento explica que tan sólo en 2013, 12 empresas mineras ubicadas en el estado de Coahuila fueron investigadas por sus posibles vínculos con el tráfico de drogas, así como el lavado de dinero, evasión de impuestos, y el incumplimiento de las regulaciones federales.

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada llevó a cabo esta investigación documental y de campo en América Latina entre febrero y diciembre de 2015, a fin de indagar los vínculos entre el crimen organizado y la minería ilegal de oro, y para explorar la manera en que este nexo, entre el crimen y la minería ilegal de oro, fondea a los grupos criminales y terroristas, facilita el lavado de dinero y la corrupción, desplaza poblaciones locales, acelera la destrucción del medio ambiente y crea situaciones de explotación laboral, tráfico de mano de obra y tráfico sexual.

La investigación documental se centró en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. La investigación de campo se llevó a cabo también en Colombia y Perú. Los investigadores de campo visitaron las zonas de minería ilegal de oro y entrevistaron a expertos locales e internacionales, los mineros y los miembros de las poblaciones locales afectadas por la minería ilegal de oro

La organización refiere en su informe que México es el décimo tercer exportador de oro en el mundo. Dice que en 2012, el país exportó 5.4 mil millones en valor de este metal.

Los mismos datos indican que el crimen organizado “controla el derecho a realizar esta actividad” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Los principales cárteles de la droga que mantienen este control son  los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa.

El documento menciona que en 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que las empresas mineras son extorsionadas regularmente por grupos criminales por montos que oscilan entre los 11 mil y los 37 mil dólares mensuales para tener derecho a operar en el territorio que controlan.

“Si estos pagos no se realizan, los directores de las empresas, los miembros de sus familias, y los propios mineros son amenazados”, plantea el documento.

Sin embargo, el informe detalla que los grupos criminales mexicanos no sólo se limitan a extorsionar a las empresas mineras, “sino también los propios trabajadores, que tienen que pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos lugares, esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación'”.

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional da cuenta del ataque violento que se produjo en marzo de 2015 contra un pueblo cercano a la mina Los Filos del Goldcorp, localizada en Mezcala, en Guerrero.

La organización dice que el ataque “fue un recordatorio para pagar los ‘impuestos de cooperación'”.

Tras el ataque, menciona, tres de los cuatro empleados de Goldcorp que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos, con signos de haber sido torturado.

El director de Asuntos Corporativos de Goldcorp América Latina, Michael Harvey dijo el 17 de marzo de 2015 al diario El Sur, que “los empleados no se encontraban en la mina, realizando negociaciones para la empresa o en un transporte provisto por la empresa cuando se dio el incidente”.

Sin embargo, los familiares de Juan Carlos Peña Celso de 21 años, Mauro Galicia Peña de 23 años y José Elí Merino González de 28 años, culparon a la minera Goldcorp de la falta de garantías de seguridad para sus trabajadores.

Ahora, el informe de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada menciona que los asesinatos fueron “un recordatorio para pagar los ‘impuestos de cooperación'”.

En el estudio también se da cuenta de que los cárteles mexicanos también roban oro. Menciona que de acuerdo con estimados, entre 2008 y 2012, aproximadamente 3 millones de dólares en este metal fueron despojados a las mineras.

Se refiere además de “numerosos reportes” de robos a mano armada de minas legales. El más notablemente, fue el de las 7 mil onzas de oro, con un valor de 8,4 millones de dólares, que fueron robadas de la mina de propiedad canadiense El Gallo en Sonora en abril de 2015.

También, agrega el documento, hay informes de que los cárteles de la droga han atacado a los trabajadores para robar mineral de oro, que luego se utiliza como moneda de cambio entre los mismo cárteles, para la compra de armas, y para lavar el dinero obtenido a través de estupefacientes, el tráfico de armas, trata de personas y otras actividades delictivas.