Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– El representante en México de la plataforma Change.org y ciudadanos exigieron a las autoridades electorales, en especial al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dar respuesta a la petición de los más de 140 mil firmantes que solicitan se quite al registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la violación sistemática a la legislación electoral y a la contienda rumbo al 7 de junio.

Alberto Herrera, director de campañas en México de Change.Org, expuso que este número de firmas marca un récord en la historia de la plataforma en el país, por lo que “resulta lamentable que el Instituto Nacional Electoral al día de hoy no haya dado ni una sola respuesta a la petición, cuando se está hablando de 140 mil firmas de esta naturaleza”.

Herrera comentó que la respuesta masiva a esa solicitud merece la atención de las autoridades, por lo que esperan que sea una motivación para el órgano ciudadano dé la cara al electorado.

Los politólogos Dennis Dresser y Sergio Aguayo, así como los ex consejeros electorales Alfredo Figueroa, del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y Eduardo Huchim May, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en respaldo de la iniciativa formulada por dos ciudadanas en la plataforma Change.org acudieron a la Oficialía de Partes del INE para presentar el documento y exigir que se le dé una respuesta a la sociedad mexicana.

La iniciativa, explicó Sergio Aguayo, nació de dos ciudadanas: una poblana, Martha Tagle, y una regiomontana, María Santos, y lo único que hicieron fue sumarse a su legitima solicitud.

“Nuestra presencia aquí no es por una filia o fobia o simpatía o falta de simpatía al Verde –al margen de las tropelías que ha cometido–, nuestro posicionamiento tiene que ver con la violación a la ley, a la legislación electoral que tomó sangre sudor y lágrimas en este país para crear la equidad electoral, principio que el Partido Verde está violando una y otra vez, y exigimos que la autoridad electoral responda no sólo a los partidos sino ante quienes tiene que responder en realidad que son los ciudadanos de este país”, dijo Dresser.

El ex Consejero Alfredo Figueroa explicó que el procedimiento es para que las autoridades hagan un análisis del conjunto de acciones del PVEM y de la defensa de los derechos de los ciudadanos a contar con reglas democráticas, no de favorecer o perjudicar a un partido político.

“Es su obligación, del Consejo General, dar una respuesta por escrito y fundamentada y motivada de cada una de las razones que hemos esgrimido en este texto”, dijo y aclaró que ésta debe ser previa al 7 de junio para no situar a los electores frente a la dicotomía de votar por un partido ilegal frente a un conjunto de partidos legales más allá de las preferencias que cada uno tenga.

En el documento se explica que las más de 140 mil personas que en 25 días han firmado la petición que se subió el pasado 4 de abril se derivan del hartazgo y la indignación ciudadana, por lo que lo menos que puede hacer el Consejo General es dar respuesta a quienes se deben.

“Debe privilegiarse a los ciudadanos, a la sociedad, al electorado, que es a quienes se deben todos los consejeros, los partidos políticos, los consejeros del poder legislativo”, insistió Huchim May.

Por su parte, Dennis Dresser destacó el hecho que el Instituto Nacional Electoral fue creado para proteger la participación ciudadana a través del voto y el hecho de que se les haya negado un espacio para entregar las firmas “dice mucho del degradado estado de la democracia en este país”.

“Aquí más de 140 mil ciudadanos piden que la autoridad electoral actúe como tal, que no sea omisa, que no se doblegue, que no se partidice, que no haga mandados políticos a otros partidos”, afirmó.

Agregó además que el Partido Verde ha tenido esta estrategia con la clara intención de ir en una alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y ante ese imperativo, “porque es el partido muleta del PRI, ha violado la ley para llegar hasta ahí”.

LO REDITUABLE ES VIOLAR LA LEY

Ante la tibieza de las autoridades, manifestaron los representantes de la ciudadanía, lo que conviene y más redituable es violar la Ley.

El uso ilegal de recursos públicos y privados, así como la violación al modelo de comunicación política, han lastimado la equidad en la contienda electoral de manera irreversible y no cuantificable, por lo que urgieron a las autoridades a no ser omisa a la petición formal de 140 mil ciudadanos y manifestarse al respecto.

“El Consejo General tiene que discutir este asunto en su Pleno y dar una respuesta a cada una de las razones que ahí se han esgrimido. No es un tema de voluntad del Consejo General, es un derecho de los ciudadanos, el derecho de petición, que está consagrado en al Artículo octavo de la Constitución, en el Artículo 35 de la Constitución”, reiteró Alfredo Figueroa.

Los firmantes coincidieron que la decisión que tome el Consejo General será fundamental en la construcción de confianza y legitimidad rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio, del juego democrático en el país, y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

“Hoy el Consejo General del INE no puede dar la vuelta al debate; no puede argumentar que no se pronuncia porque no conoce el caso a pesar de estar frente a sus narices. El texto presentado lo obligará a una reflexión a fondo cuya respuesta deberá fundar o motivar, más allá de si considera a 140 mil ciudadanos una simple ‘tribuna estridente'”, señalaron en el documento.

Por su parte, Huchim May explicó que lo que están haciendo es ejercer un derecho constitucional, el derecho de petición. ” Si este derecho no es atendido por el Consejo General del INE o es atendido de manera inadecuada pues veremos qué recursos son los que tenemos para hacer lo que sigue, pero por ahora tenemos que esperar a ver cuál es la respuesta”, dijo.

LAS VIOLACIONES DEL INE

Entre los firmantes destacan Sergio Aguayo Quezada, Aleida Calleja Gutiérrez, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May y Alfredo Figueroa Fernández, además de las 139 mil 432 personas que firmaron en la plataforma Change.org que exigen #QuitenRegistroAlVerde.

En el documento que presentaron incluyen como conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde Ecologista de México se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro las siguientes:

• Uso de recursos públicos y privados ilegales.
• Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.
• Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
• Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.
• Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
• Propaganda ilegal en tortillerías.
• Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
• Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
• Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
• Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
• Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
• Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
• Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
• Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

El ex Consejero Electoral del IFE, Alfredo Figueroa, afirmó que la estimación económica de las violaciones sistemáticas es de cerca de 800 millones de pesos en una campaña ilegal, “un monto implicado mayor al que se implicó en el asunto del Pemexgate”, es decir que es una conducta que ha implicado un mayor uso de recursos ilegales tanto públicos como privados.

Por tanto urgieron al INE determinar con cada uno de los elementos si procede o no el retiro del registro a este partido político.