Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, por 381 votos a favor, el proyecto por el que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. De esta manera se faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre esta materia.
El texto la Reforma sobre Desaparición Forzada, avalado de manera unánime por los diputados, se turnó a los congresos de los estados. Siendo una reforma constitucional, se requiere la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales.
Con la aprobación del dictamen se reforma el artículo 73 de la Carta Magna que refiere a las facultades del Congreso de la Unión.
El actual inciso hace referencia sólo al secuestro, trata de personas y delitos electorales. Con esta modificación el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.
El segundo artículo transitorio señala que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en la materia, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
“La legislación a que se refiere el presente artículo transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, agrega.
El tercero transitorio indica que la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la federación, continuará hasta que entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro Sánchez Camacho, señaló que esta reforma permitirá adecuar en una ley general los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
“Esto permitirá una armonización entre ellas mismas y de esta forma se responderá a una catastrófica realidad que ha privado en el país desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días”, señaló el Diputado.
En relación a la guerra contra el narco, acotó, se han aportado diferentes datos por instituciones públicas como es la subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, la cual anunció que derivado de ese conflicto se han contabilizado la desaparición forzada de 26 mil 121 personas en el período que comprende del 1o de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
El diputado resaltó que esta reforma será un parteaguas en materia de impartición de justicia y plena observancia, respeto y promoción de los derechos humanos, y faculta a abrir un marco constitucional histórico que investigue y busque a desaparecidos.
En tanto, en sus participaciones en tribuna, los legisladores aludieron al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace siete meses.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludaron esta mañana la reforma que, antes, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Dijeron que es un primer paso para atender las recomendaciones que han hecho al Estado mexicano. Pero, además de reconocer esta aprobación, el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “la reforma constitucional y las leyes que se deriven de la misma sólo tendrán efectos reales si se garantiza su efectiva implementación en la práctica”.
A través de un comunicado, los expertos dijeron que no sólo ellos habían hecho la recomendación de emitir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, sino también otros mecanismos internacionales de la propia ONU como el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada. Otro actor que hizo el mismo llamado es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Sus integrantes solicitaron al Senado aprobar la reforma constitucional para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
“Las futuras leyes generales deberán brindar una respuesta normativa integral a los serios problemas que enfrenta el país en materia de desaparición de personas, tortura y malos tratos, así como recuperar los más altos estándares internacionales”, recalcaron los expertos al ofrecer al Estado mexicano su asistencia y cooperación técnicas. “Las leyes deben ser procesadas y aprobadas mediante un proceso abierto y consultivo en el que se garantice la participación plena de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil”.
“Exhortamos a las legislaturas de los Estados a culminar el proceso de reforma constitucional a efecto de que la misma entre en vigor a la brevedad posible”, concluyeron sus integrantes.
