En febrero de este año el Diputado y General, Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso ampliar la Justicia Militar al fuero civil. La iniciativa aprobada en el Senado es una violación a los derechos humanos, dicen expertos.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- La justicia del Ejército se aplicará a civiles si continua el avance de un dictamen que el jueves tuvo una primera lectura, previo a su aprobación, en el Senado de la República.
Cateo a domicilios particulares, intervención de llamadas y detención de civiles son algunas de las facultades que tendrá el Ejército, lo cual es de preocupar, advirtió el General en Retiro Francisco Gallardo Rodríguez, sobre la Ley que pretende expedir el Código Militar de Procedimientos Penales
La estructura de cadena de mando de la justicia militar puede ser un factor para que el Ejército termine violentando derechos humanos de civiles, acusó: “En el Ejército no hay un tema de justicia autónoma, es una justicia de mando que depende directamente del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena]”.
Desde su aprobación en la Cámara de Diputados el 21 de abril, partidos de oposición presentaron diversas objeciones, por la injerencia de las instituciones de justicia militares en el fuero civil.
“Hemos establecido claramente que necesitamos un código que permita que los militares sean juzgados, pero desafortunadamente lo aprobado en la Cámara de Diputados nos deja claro que la pretensión es avalar el fuero militar sobre civiles. Nos parece que eso violenta los derechos humanos”, dijo la Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cristina Ismene Gaytán Hernández.
Estas disposiciones que contradicen a la Constitución, dijo explicó el General, porque no distinguen los dos ámbitos: “La justicia militar está contemplada en el artículo 13 constitucional, y la civil en el 21”, detalló.
Pese a esto, el dictamen faculta al Ministerio Público Militar (MP) para solicitar ante un Juez Militar de Control la realización de cateos en lugares privados.
“Cuando en la investigación el Ministerio Público [Militar] estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente”, cita el artículo 278 del Código.
El cateo en domicilios no es la única solicitud que el MP hará a jueces. También sucederá con exhumaciones de cadáveres, toma de muestras de fluido corporal, cabello y extracciones de sangre, cuando las personas se nieguen a ser examinadas.
Omar Ortega Álvarez, Diputado del PRD, declaró públicamente el miércoles que el artículo 361 de este código dejó una puerta abierta para que todos aquellos testigos de presuntos delitos cometidos por militares sean obligados a presentarse a declarar.
“Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio”, reza el artículo.
INTERVENCIÓN DE LLAMADAS
Otro aspecto que ha generado posiciones encontradas es el derecho del Ejército para intervenir comunicaciones de los ciudadanos.
Si bien sólo podrá autorizarse en los ámbitos de investigación militar, diputados de oposición apuntaron que ningún particular escapará de ser intervenido.
“Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores”, cita el artículo 290.
Víctor Sánchez Orozco, Diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), explicó que a diferencia de las intervenciones de instituciones de seguridad pública hacia ciudadanos, la facultación del Ejército para este acto es una violación a los derechos humanos.
“Lo que ocurre es que en el caso de los civiles, estamos hablando de un principio adición de poderes para enfrentar al crimen organizado. Pero acá el problema es que no se justifica que sean militares. Ya tenemos violaciones de derechos humanos avaladas por el Cisen, y ahora van a tener otra herramienta más”, dijo Sánchez.
REFORMA PENAL
Los cambios judiciales al Código de Justicia Militar se encuentran dentro del marco de la Reforma Penal, iniciada en el 2008 y cuyo plazo de implementación vence en junio para pasar de un sistema en el que se dictamina con base en documentos hacia uno oral.
“Lo que estamos viendo es que a raíz de una supuesta reforma, pero al Ejército no le aplica, porque es el fuero militar y no tiene que ver. Pero los militares se están agarrando de ahí para hacer los entre comillas juicios orales que ya existen en el ejército, existían en los Consejos de Guerra”, explicó el General Francisco Gallardo.
La minuta transformará la Procuraduría General de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar; también suprimirá los Consejos de Guerra y creará en su lugar Juzgados Militares de Control. Lo que supondría un grave error, de acuerdo con la opinión del General Gallardo.
“No los deben de quitar. El Consejo de Guerra subsiste para las faltas y los delitos, porque la violación a los códigos son de carácter preventivo y ejemplificador. Al quitarlos, es lo que va haber son más violaciones a los derechos humanos”, dijo el General.
Estas violaciones afectarán a la ciudadanía, pero en especial a quienes integran las fuerzas castrenses, apuntó Gallardo. “Ya se ven reflejada una deserción de alrededor de 500 mil elementos desde hace 10 años a la fecha, especialmente, por abusos de poder”.
