Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- El estreno de un spot en favor de la Reforma Educativa y la caída de la que llegó a ser la líder sindical más poderosa de América Latina ocurrieron con diferencia de minutos. La noche del pasado 26 de febrero, poco después de que el Procurador Jesús Murillo Karam informara que en el aeropuerto de Toluca había sido detenida Elba Esther Gordillo, un anuncio mostró ante millones de televidentes a un profesor que, luego de atreverse a caminar sobre el pizarrón, saca a los niños del salón de clase y los conduce a un prado mientras una voz en off advierte:
“El Gobierno de la República está decidido a dar todos los pasos que sean necesarios para mover la política educativa y llevar a nuestros niños y a nuestro país a un mejor futuro”.
“El arresto de Gordillo, que dirigió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1989 y que se había opuesto públicamente a la Reforma Educativa, fue una demostración de la fuerza con la que está dispuesto a gobernar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su retorno a la Presidencia de la República”, considera Reynaldo Ortega, investigador social del Colegio de México (Colmex) y experto en transición política y elecciones presidenciales.
“Una demostración de fuerza enviada al resto de los actores políticos que pudieran retar al poder, de la capacidad de la Presidencia para enfrentar a aquellos que se opongan a sus políticas, para que vean que hay una ruta que es ésta, la de las sanciones”, explica.
Y la Reforma Educativa que entró en vigor ese mismo 26 de febrero, agrega el entrevistado, es parte de las modificaciones “estructurales” pendientes en México desde 1997 y cuya velocidad de avance en el actual sexenio, coincide con otros análisis, es el rasgo más relevante de los primeros seis meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Dichas reformas –como la Laboral, la Educativa y sobre todo la Energética y la Fiscal– habían estado detenidas en México desde que, a mitad de la Presidencia de Ernesto Zedillo, el PRI perdió por primera vez la mayoría en el Poder Legislativo y ninguno de los dos presidentes panistas siguientes tuvo fuerza para negociar su aprobación en el Congreso.
Peña Nieto, en cambio, se dedicó desde el primer día de su gobierno a “amarrar” dichos consensos y, para el 2 de diciembre, había ya reunido a los dirigentes de los dos principales partidos de oposición para firmar el Pacto por México, un documento de 95 compromisos y cinco grandes acuerdos, entre los que se encuentran la aprobación de reformas, como la Educativa, la Energética y la Fiscal.
“Se ve una diferencia relevante en la forma de hacer política, una agenda clara de que la prioridad es tener con quién sacar adelante esas reformas que se le han exigido a México desde los organismos internacionales y que son puntal de la hegemonía neoliberal”, dice Daniel Vázquez Valencia, coordinador de doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Porque mientras ni Vicente Fox ni Felipe Calderón e incluso ni Ernesto Zedillo lograron establecer coaliciones, eso es lo que hizo, y muy rápido, el gobierno de Enrique Peña Nieto”, agrega el también experto en temas de la relación democracia-mercado.
El avance para la aprobación de las reformas estructurales en el presente sexenio han sido también destacadas por medios internacionales como The Washington Post, que el pasado marzo publicó un editorial indicando que “por más de una década, el Congreso mexicano estuvo estancado en las miras de su periodo de tres años, imposibilitando la aprobación de reformas desesperadamente necesarias”. Pero con Peña Nieto, agregó el rotativo, “los legisladores están aprobando reformas innovadoras”.
Un mes después, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo también estar impresionada “por la manera en la que (Peña Nieto) ha logrado reunir apoyo alrededor de su programa de reformas”.
LAS MENTES DEL GABINETE
Otro distintivo del primer semestre de Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia es la recurrencia de su poca habilidad para recordar datos al hablar en público.
El 16 de enero, por ejemplo, olvidó el significado de las siglas del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y dijo que era el “Instituto de Información y de Acceso… a la Opinión Pública de Toda la Información Disponible para la Ciudadanía desde el Gobierno”. Y, en abril siguiente, en un foro nacional de educación se refirió al puerto de Veracruz como si fuera la capital de ese estado. “También el Presidente de la República a veces se equivoca”, dijo entonces y luego de rectificar.
¿Cómo es que un presidente ya famoso por este tipo lapsus es al mismo tiempo el primero capaz de articular acuerdos políticos pendientes en México desde hace 15 años?
“Está con él todo el grupo de Hidalgo, con el Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, que es una parte central del gabinete para atender cuestiones de seguridad y de gobernabilidad”, explica Reynaldo Ortega.
“Y luego está también el cerebro financiero, que es Luis Videgaray, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esas dos figuras están bastante coordinadas y son quienes están pensando y estructurando las decisiones del presidente”, agrega el investigador.
Emilio Chuayffet, ex Gobernador del Estado de México, ex Secretario de Gobernación y hoy titular de la Secretaría de Educación Pública es otro integrante del gabinete “muy bregado en el trabajo de consensuar acuerdos antes de llegar a las votaciones”, dice Ortega, que suma a esta lista de políticos experimentados al Procurador y también ex Gobernador Jesús Murillo Karam.
El poder mostrado por la actual presidencia, agregan los entrevistados, no podría explicarse tampoco sin las profundas crisis internas que viven los dos principales partidos de oposición en México, sobre todo el de izquierda.
“Otro punto para explicar el Pacto por México es la división en la izquierda, que era la oposición más fuerte. Y (la Presidencia) aprovechó la coyuntura de la salida de Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para negociar con Jesús Zambrano (actual dirigente del PRD) y con la corriente de ‘los Chuchos”, dice Ortega.
“Y por parte de la derecha, el PAN está debilitado, dividido, sin figuras”, agrega.
Vázquez Valencia, por su parte, menciona la pobreza del saldo dejado por los 12 años de gobiernos panistas como otro elemento que robustece la percepción del poder presidencial.
“Fue lo mismo que lo hizo ganar la elección: el hecho de que la transición fue muy mala en México, sin justicia ni mejoras en la calidad de vida de la gente, y esto en un periodo en el que en América Latina había países con mejores tasas de crecimiento, como Brasil, y nosotros no, pese a que hubo ingresos petroleros récord”, dice el académico.
EN EL CAMINO EQUIVOCADO
Pese a que en su regreso a la Presidencia, el PRI ha mostrado mayor experiencia para ejercer el control político que las dos administraciones panistas anteriores, el problema es que las decisiones gubernamentales, dicen los analistas entrevistados, siguen llevando a México por la ruta equivocada en materia política, económica, social, de seguridad, de justicia, transparencia, rendición de cuentas y en casi todos los aspectos de la vida pública.
Las reformas estructurales a las que se les ha dedicado el primer semestre, coinciden Ortega y Vázquez, son las exigidas por los organismos internacionales, pero llegan a México 15 años después de que en otros países se probó que no mejoran la calidad de vida de la población.
“Lo peor es que las reformas en México se quedaron en 1994 y el resto de América Latina ya pasó por lo que estamos aprobando nosotros apenas ahora, y ya saben que no son el camino”, dice Vázquez.
“En materia laboral, por ejemplo, la Reforma (de noviembre pasado, cuando se aprobó la contratación por horas y el ‘outsoursing’) no sólo no aumentan los empleos, sino que precariza los que hay, y esto lo muestran cifras de la Comisión Económica Para América Latina desde hace 15 años”, dice Vázquez.
La Reforma Educativa, agrega Ortega, no ha tocado problemas de fondo como la falta de un servicio profesional de carrera no sometido al sindicato ni ha mejorado la inversión en la infraestructura educativa, medular para mejorar el aprendizaje.
“La reforma es sólo una evaluación cuantitativa de los maestros hecha a partir del desempeño de los niños, pero la evaluación es una cuestión más complicada; la educación de los niños depende de las condiciones en las que van a las escuelas, y si éstas no tienen pisos ni pizarrón ni presupuesto, evidentemente el desempeño no es el óptimo”, dice Ortega.
“Entonces, establecer criterios estandarizados para situaciones no estandarizados lo que hace es generar enormes injusticias: primero, se tendrían que haber mejorado las condiciones de las escuelas, y no sólo físicas, sino de capacitación del personal, antes de irse a la evaluación, pero y aquí se hizo al revés: primero revisamos a los niños y vemos que todos están bajo los estándares internacionales, pero ni las escuelas ni los salarios están al nivel de los estándares internacionales”, agrega.
La Reforma Energética, explica por separado Vázquez, aunque se insiste en que no “privatizará los hidrocarburos”, sí permitirá que las “tasas de ganancia” derivadas de la extracción se trasladen del Estado a entidades privadas. “Y entidades privadas que ni siquiera forman parte de un mercado competitivo, sino que pertenece a unas tres compañías en el mundo”, dice.
Otras deficiencias en el desempeño gubernamental identificadas por los entrevistados son la pobreza del criterio de democracia que evidencia, por ejemplo, el propio Pacto por México, un acuerdo para el que no hubo consensos más que con los dirigentes de los dos principales partidos de oposición al PRI.
“La pregunta es qué entiende la clase política mexicana por democracia. El Pacto por México es un acuerdo entre la élite política, pero sin nadie más, y varias de esas reformas se están haciendo sin el acuerdo de las personas afectadas, como vimos que ya ocurrió en la reforma educativa (que mantiene una protesta de maestros en su contra)”, dice Vázquez.
Por otro lado, dice Ortega, “en materia económica se esperaba que se pasara de la estabilidad al crecimiento económico, y eso no ha ocurrido: hay una tasa inferior al 3.5 por ciento, cuando las expectativas eran de un crecimiento más rápido”.
Los investigadores coinciden también en que la denuncia de que en Veracruz se planeó usar los programas sociales para beneficiar electoralmente al PRI evidencia que el tricolor sigue, como en las décadas anteriores, lucrando políticamente con las medidas contra la pobreza.
“La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción siguen siendo también pendientes. Se habla de desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no hay un órgano institucional que vayan a tomar ese papel”, agrega Ortega.
Y en ese contexto, agrega Vázquez, carecen de sentido incluso golpes mediáticos como la salida del Procurador Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño, destituido por la presión de las redes sociales luego de que su hija usó a la dependencia para cerrar un restaurante.
“No tiene relevancia, porque en el fondo no ha habido un proceso de justicia transicional de verdad, que cambie de raíz a las instituciones del Estado y su lógica autoritaria”, explica Vázquez.
FIN DE LOS GOLPES TÁCTICOS
Otro hecho del primer semestre de Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia es la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la caída en la difusión del gobierno y de los medios de comunicación sobre los temas de seguridad y de presunto combate al narcotráfico que en el sexenio pasado dominaron la agenda.
En el balance en la materia destaca también el cambio en la estrategia de la presidencia que, como difundió el periódico The Washington Post, puso fin al trabajo “táctico” de agentes norteamericanos en el suelo mexicano.
Andrew Selee, vicepresidente del Instituto México del Centro Woodrow Wilson –con sede en Washington– explica que esta modificación deja en la incertidumbre el intercambio de información que en el sexenio pasado condujo a decenas de arrestos.
“Antes la DEA y el FBI compartían la información y rápidamente y se hacían los arrestos. Así se hizo en ciudades como Juárez o como Monterrey, donde hubo mucho intercambio de datos. Se decía, por ejemplo, ‘tenemos un celular interceptado o un soplón’ y las reacciones se hacían en caliente; había personas trabajando hombro con hombro”, dice Selee.
“Pero ahora tengo la impresión de que, a corto plazo, habrá dificultades en compartir esta información; ahora no sabemos a través de qué canales se dará”, agrega.
Sobre el delito de homicidio, que en el sexenio anterior fue la primera causa de muerte en localidades como Juárez, el Instituto Mexicano para la Competitividad recientemente difundió que, en el primer cuatrimestre de 2013, se presentó una disminución de un 14 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012.
Pero quedan miles de delitos impunes, explica Ortega, como los casos de más de 25 mil personas reportadas como “desaparecidas” y sobre los cuales, dice el investigador, no hay soluciones ni seguimiento.
EL VIEJO NUEVO PRI
La celeridad por aprobar reformas neoliberales o el uso electoral de los programas contra la pobreza como el denunciado en Veracruz son algunos rasgos, dice Vázquez, que hacen sucumbir los intentos del PRI por mostrarse como un partido “renovado” o mejor que el que gobernó México durante 70 años.
El propio arresto de Elba Esther Gordillo, dice por separado Ortega, hizo recordar a Carlos Salinas de Gortari, Presidente entre 1988 y 1994 que también inició su gobierno arrestando a un poderoso líder sindical y quien en la percepción de millones –como mostró el movimiento estudiantil #YoSoy132- podría ser el poder tras la Presidencia que ahora encabeza Peña Nieto.
Pero más que sólo salinista, explica Ortega, el gabinete de Peña Nieto es una “amalgama de diferentes fuerzas priistas” en el que hay políticos formados en el salinismo o incluso su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas -Secretaria de Turismo- y otras corrientes “con base de poder propio”, como el grupo de Hidalgo.
Lo que es más evidente, agrega Ortega, es que el actual gobierno ha mostrado no sólo tener “oficio político” para hacer alianzas con el resto de las fuerzas políticas, sino una coordinación interna tampoco vista en las dos presidencias panistas anteriores.
“No hemos visto los exabruptos o pleitos que se registraron en el sexenio de Vicente Fox, que fue un desastre, y luego con Calderón sí había coordinación, pero estaba aislado”, dice Ortega.
“Este gabinete, en cambio, tiene mucho más oficio político. Más de 70 años de experiencia en el gobierno no son el vano”, agrega.
