Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).-  Alejandro González, director de la organización Gestión Social (Gesoc), no está sorprendido de las denuncias hechas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del Revolucionario Institucional (PRI) por el uso de programas sociales con fines electorales.

Experto en la revisión de programas sociales, González afirma que el PAN hizo lo mismo y perdió la oportunidad de profesionalizar los cuadros encargados de la operación de los programas y con ello eliminar los márgenes para evitar su uso electoral; en 12 años de gobierno envío como delegados de dependencias federales a funcionarios con perfiles políticos y no técnicos para operar programas sociales.

“¿Qué es lo que sucede hoy? Que el PAN sabe en este momento del margen de maniobra en este sentido, ocupando esas posiciones y la única diferencia es que hoy le toca ser oposición, los márgenes que se tienen a nivel nacional y a nivel local”, explica el director de la organización especialista en análisis de políticas públicas.

Entrevistado por SinEmbargo, dice que las cláusulas del adéndum incluidas en el Pacto por México para blindar a los programas sociales de posibles usos electorales, poco pueden hacer para protegerlos, aunque sí causarán una mayor vigilancia y prevé incluso haya más denuncias, ya que visibilizará esas prácticas.

Eso en el caso de los alrededor de 170 programas sociales federales y 400 de acciones sociales, pero en el caso de los estatales, la vigilancia es más complicada. Los datos que ofrece son reveladores: en el caso de los primeros sólo 4 de cada 10 programas identifica a sus posibles beneficiarios potenciales, y en el resto no se sabe a qué porcentaje llega.

Es decir que de los programas federales, en menos de la mitad de esos se conoce la población potencialmente beneficiaria. El presupuesto para dichos programas y acciones sociales es de más de 400 mil millones de pesos.

Respecto a los programas estatales, que en todo el país suman alrededor de 2500, no se tiene identificado el porcentaje de población potencialmente beneficiaria.

Otro inconveniente con los programas tanto federales como estatales es su dispersión, entonces se crean con la intención de formar parte del rejuego de la política, pero sin el objetivo de una causa común.

Asimismo, se carece de un padrón único de beneficiarios, una promesa incumplida de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la anterior administración.

“Entonces no sé si una persona beneficiaria de Oportunidades lo es también de Liconsa, ni siquiera sé si está llegando realmente a la gente que lo necesita o si lo estoy duplicando”.

UNA TREGUA

La primera gran queja del PAN en contra del PRI por el uso de programas sociales con fines electorales fue presentada el 17 de abril. Ese día el dirigente de Acción Nacional, Gustavo Madero, puso al descubierto una red conformada por funcionarios municipales y estatales de Veracruz, coordinados con federales, para usar programas como Oportunidades y Sesenta y cinco y más con fines electorales para beneficiar al PRI.

Al director de Gestión Social no le sorprendió la denuncia de los panistas porque ellos hacían lo mismo y al dejar la administración pública sabían a qué se enfrentaban.

“El PAN estuvo ahí y sabe lo que hay. Durante el periodo que fue gobierno la lógica y la racionalidad de los programas sociales y del equipo profesional de implementarlo no se modificó. El PAN tuvo la oportunidad de profesionalizar la política social, de eliminar los resabios que existían para el uso electoral, de profesionalizar a implementadores de la política, de involucrar de manera más decidida a la sociedad civil, es lo que hubiéramos esperado de la agenda de transición democrática y no lo hizo”.

La denuncia presentada por el PAN casi provoca la salida del partido del Pacto por México. Para quedarse en el acuerdo el Gobierno Federal debió comprometerse a incluir un adéndum para blindar los programas sociales con el compromiso de no usarlos de manera electoral.

En cuanto a las medidas incluidas en el Pacto para blindar los programas, González considera son sólo medidas de coyuntura.

“Es una tregua porque lo que estamos analizando es un acuerdo político, lo que ellos plantearon para poder blindar el uso de programas electorales son medidas de coyuntura, no estructurales ni de fondo. Suspender temporalmente los movimientos de altas y bajas de beneficiarios, suspender la realización de asambleas públicas de operadores 45 días antes de las elecciones, adelantar 45 días la entrega de bienes y servicios sujetos del programa, publicar con desglose estatal de los 14 estados los padrones de Oportunidades 65 y Más y el Seguro Popular. Ninguna de estas medidas modifica de fondo el problema”.

LA DISPERSIÓN

Los programas sociales son dispersos y no identifican a la población que debe recibir los beneficios, lo que hace más difícil monitorearlos, dice el director de Gestión Social.

“La mayor parte de los programas sociales no se crean porque haya una clara identificación, un programa público o una necesidad social que vio e identificó a la población beneficiaria, o se vincula con un derecho clave para sacar de la condición de pobreza a la población. Más bien son programas que surgen por una lógica de rejuego político donde una buena parte de ellos atienden clientelas”, asegura González.

Eso encierra el problema de que 172 programas federales, 70 no identifican o llegan a la población potencialmente beneficiaria. Son programas que no se basan en criterios de necesidades públicas, sino en criterios políticos, reitera.

“¿Para qué queremos 172 programas sociales y 400 de acciones sociales, cuando muchos de ellos tienen cobertura del 1,2 o 3% de la población potencialmente beneficiaria. Eso te dice claramente que no son programas serios, pensados para acabar con esas condiciones. Si tú quieres acabar con la pobreza alimentaria y sólo tienes cobertura del 3% que están en ese supuesto para qué quieres un programa. Lo más probable es que haya nacido con otros objetivos y no necesariamente con la idea de suspender ese problema”, dice.

“Esa es la caracterización de la política social y con estas reglas de blindaje no se modifica y si la analizas a nivel estatal hay más de 2 mil 500 programas sociales adicionales a eso. La dispersión es terrible, el margen para el uso electoral es aún más grande porque si a nivel gobierno federal de perdida podemos saber estos datos, al menos hay esta evidencia política de transparencia, a nivel estatal no te puedo dar un dato, decirte con certeza de los 2 mil 500 programas equis porcentaje ha identificado tal. No hay”, lamenta.

“Ese dato que es clave, ningún programa estatal ni siquiera lo exige como parte de la institucionalidad”, añade.

LOS OPERADORES

Felipe Calderón cuando llegó a la Presidencia de la República buscó colocar al mayor número de panistas en el Gobierno Federal, y en ese empeño designó delegados militantes del partido que incumplían los perfiles requeridos para operar programas sociales.

Entonces la política social quedó en manos improvisadas, destaca González. Con excepción de Oportunidades, que se distinguió por tener a más personal especializado, los demás programas tenían operadores con un perfil más político.

“Incluso los escogían los gobernadores, no hay que ir muy lejos, se le consultaba al gobernador y terminaban siendo premios de consolación en muchas ocasiones para personas que buscaban puestos de elección popular en el partido a nivel estatal y no se pudo, tuvo que declinar y terminaban en las delegaciones. Claramente el perfil era meramente político y electoral”.

Lo mismo ocurre ahora con el PRI y esa combinación no se va a resolver con buenas intenciones del Pacto en términos de las previsiones, pronostica.

–¿En 12 años la mayoría de delegados de dependencias eran perfiles políticos?

–Totalmente. El PAN tuvo la oportunidad al llegar al poder de tener una administración pública profesional, que al menos en temas sociales tuviera conciencia de efectividad, racionalidad, de profesionalizar buenos operadores al menos en la parte central. Oportunidades sí es un programa con altos estándares de profesionalización. Así como le metieron ganas a profesionalizar el programa debieron haber hecho lo mismo en la política. Hoy están pagando las consecuencias, exigiendo al PRI que haga lo que ellos no hicieron, que no está mal pero ellos tuvieron la oportunidad, y son los más preocupados por esto. No veo al PRD pedir lo mismo, a pesar de lo rijosos que son. ¿A quién ves? A los que tuvieron el poder, que saben cuál es el margen para hacer esto.

EVALUACIÓN

“A nivel federal Coneval hace evaluaciones de los programas pero federales, a nivel estatal no existen organismos similares o con esa calidad”, dice el especialista.

Los programas sociales estatales carecen de seguimiento, evaluación y transparencia y se desconoce a qué contribuyen y a qué no. El resultado es que llegan a competir con los programas federales.

“Se duplican, se generan traslapes, confusiones del beneficiario o que repiten ingresos por múltiples fuentes, pero no tengo la evidencia para decírtelo de cierto porque el propio gobierno no la genera. De ahí la importancia y relevancia de que se cuente con sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación, mientras no se modifique esto, porque ninguno de lo que se planteó en el Pacto toca esto, no va a haber condiciones para modificar o hablar de una política social que este blindada electoralmente, y por blindada me refiero a política social que esté bien diseñada e implementada por profesionales , bien evaluada y que tengamos evidencia de que funciona”.

–¿De la Cruzada contra el Hambre, el programa creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, vería lo mismo? ¿Realmente es el problema?

–Todavía no podemos ver un documento solido técnico robusto que nos diga en qué consiste el hambre, en qué consisten los distintos tipos de niveles y cómo va a utilizar este conjunto de programas que ya hay muchos, y cómo serán utilizados para atacar a un subgrupo de población que padece hambre por desabasto; tienen a Liconsa, el programa de apoyo alimentario y que los pueden usar. Tal vez estamos hablando de que la gente no utiliza de manera correcta el dinero para alimentarse bien, ni tiene la información para hacerlo y por eso tiene sobrepeso, obesidad o anemia y ahí tienen algunos programas buenos para allegarlos a esas personas.

González prevé que el adéndum hará más visible el uso de programas sociales con fines electorales, y habrá más denuncias, lo cual será positivo y puede derivar en que se discuta una mejor política social.

“Si no hacemos eso nos habremos entretenido con declaraciones de políticos, habrán lucrado mucho algunos con las carencias de las personas, lo que éticamente es inaceptable, pero finalmente no se habrá modificado mucho y habremos aprendido que un Pacto genera buenos mecanismos de negociación”, concluye.