Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La paridad en el contexto político se convirtió en un mandato constitucional con la Reforma Electoral del 2014. Las llamadas cuotas de género –es decir, la obligatoriedad para que 50 por ciento de las candidaturas sean ocupadas por mujeres–, se implementó en las plataformas electorales de los partidos para lograr un trato equitativo entre hombres y mujeres como seres igualmente capaces para gobernar, legislar e impartir justicia.

Aunque la iniciativa no garantiza que en verdad estas mujeres van a ocupar un puesto de elección popular, sí marca una pauta en la participación femenina de los procesos electorales para erradicar la discriminación y generar las mismas oportunidades.

En ese contexto, Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), afirmó que cuando se habla de paridad de género “en nuestro imaginario social únicamente nos referimos al tema de hombres y mujeres, lo cual nos lleva a una mirada recurrentemente heteronormativa, heterosexual”, pero deja afuera a la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual (LGBT).

“Dejamos fuera la posibilidad de mirar en esta participación del 50-50, por ejemplo a mujeres lesbianas, por ejemplo a mujeres transexuales, o por ejemplo mujeres travestis o bisexuales, y lo mismo pasa con los varones, entonces se convierte en una exclusión para esta participación también de género cuya preferencia sexual se saca de la paridad”, dijo.

Durante el Foro de Plataformas Electorales 2015 con el tema la paridad de género, las representantes de los diez partidos políticos que participarán en las elecciones de ese año también omitieron hablar de la comunidad LGTB y se enfocaron solo en ampliar la participación de las mujeres.

Sin embargo, Jacqueline L´Hoist consideró: “cuando hablamos de paridad de género tenemos que empezar por encima y en esa paridad tenemos que estar garantizando la diversidad y orientación sexual”.

Al respecto, activistas de la diversidad sexual consideraron que más que hablar de una inclusión de la comunidad LGTB como “cuota” se deberían generar espacios de representación no sólo en los partidos políticos sino también en las instituciones gubernamentales.

Alejandro Brito Lemus, director general de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana AC, explicó que las cuotas de género nacieron como una medida de acción positiva para combatir la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, pero que aplicada a la diversidad sexual podría dar el mismo resultado porque entonces se tendría que hablar también de cuotas para otros sectores discriminados, como los indígenas, los adultos mayores y los discapacitados.

Además que esto podría atraer otro “efecto perverso” que sería el del corporativismo del sistema político mexicano.

“Todos los partidos políticos están corporativizados, entonces el otro efecto perverso que pudiera tener es corporativizar a un sector que hasta ahora ha estado autónomo e independiente”, aclaró.

En el mismo tenor se expresó Marco Antonio Moreno Rosado, director Jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC, quien comentó que los derechos de la diversidad sexual y los de cuestión de género no están desvinculados y que no tendría que ser necesario que si una persona fuera homosexual declarara públicamente su condición debido a que un género puede ser verificable, pero no así una preferencia o un gusto.

“Me parece que a nivel electoral de participación democrática más bien deberíamos tener acciones que alcancen a los partidos, que sensibilicen a sus dirigentes, que sensibilicen a sus afiliados, que lancen discursos mucho mejores, no de tolerancia sino de la convivencia desde las diferencias que impliquen la participación sin trabas”, dijo.

Es decir que existan mecanismos que de verdad garanticen que las personas más capaces, sin importar sus preferencias sexuales, sean las que deben ocupar un cargo de representación popular y no por cumplir con una cuota se registren los candidatos que se requieren legalmente.

“Lo que sí me parece bien es que los partidos abran sus listas a personas de la diversidad sexual, eso sí me parece que debería ser muy saludable, pero siempre y cuando no solamente que se trate de una persona de orientación sexual de equidad de género diferentes sino también porque tiene las capacidades o la representación de esas organizaciones”, expresó Brito Lemus.

SIN INTERÉS DE LOS PARTIDOS

Ambos defensores de los derechos de la comunidad LGBT mencionaron que no ha habido acercamiento de los partidos políticos con ellos, por lo que resulta un poco difícil colocar su agenda en el contexto nacional.

En ese sentido, el director de Letra S señaló que a diferencia de otros países en México no existe una federación LGTBI que sea representativa a nivel nacional o una asociación como sí la hay en Brasil, en Argentina, en España y en otros países, en donde estas comunidades sí llegan a figurar como interlocutores horizontales con los diversos poderes de los estados de los partidos políticos y entonces pueden negociar en un plan de poder a poder.

“En México no tenemos esto y yo creo que esto es una debilidad que nos ha impedido tener un papel realmente importante dentro de las contiendas electorales; y particularmente en esta contienda electoral se ha desdibujado mucho nuestra agenda porque además es el matrimonio igualitario lo que ha centrado la agenda LGTB, pero se han olvidado otros asuntos”, dijo.

Sin embargo, supone que esto se debe a que si los partidos dan candidaturas a personas que pertenecen a la comunidad pueden pensar que llevarán estos temas a las legislaturas y a la mera hora no van a estar dispuestos a defenderlas.

Aunque existen partidos que tienen espacios para este sector social, como el Partido Revolucionario Institucional (PRD), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), entre otros, en este proceso electoral no se vio que hayan abierto sus listas a candidaturas LGTB.

O por ejemplo, comentó Moreno Rosado, hay partidos que se dicen incluyentes, pero al final terminan obstaculizando la participación y ponen al homosexual o la lesbiana hasta el final de la lista de plurinominales para que digan que estoy incluyéndolo pero resulta ser también una simulación, por lo que hizo énfasis en que se creen mecanismos para garantizar la inclusión.

“No podemos confiar que sean los votantes, a quienes históricamente se les echan las culpas de todo, quienes lo hagan. Los votantes no están preparados, ninguna sociedad está preparada para nada. Los derechos no se lanzan o cómo lanzas la inclusión de la diversidad sexual en una sociedad homofoba”,  afirmó.

Los activistas reconocieron que se ha avanzado en materia de discriminación contra mujeres y que falta mucho con la comunidad LGBT, pero insistieron en que debe ser trabajo de las instituciones, los congresos y los partidos el generar mecanismos para evaluar que los principios se apeguen a la defensa de los derechos humanos.

“El voto es el único método de participación  y diálogo, el más amplio mecanismo de acceso a  problemáticas de dimensiones tan distintas en muchas otras formas de estar, por lo que  tiene que ser ya una cuestión urgente para contrarrestar lo contingente en la vida democrática del país”, advirtió el abogado de Odesyr.