Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- En el 2012, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó en 12 ocasiones a través de la cerca que divide a Estados Unidos con México, matando a un adolescente mexicano desarmado llamado José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad.

Su trágica muerte ha desatado una batalla legal que continúa hasta nuestros días, y que podría ser un ejemplo más del uso de la fuerza excesiva utilizada por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Lo más delicado, es que aún existiendo un crimen, no habría castigo, y mucho menos justicia para la víctima.

Tres años y medio después de que sucedió, el asesinato del joven mexicano permanece en un “limbo” jurídico, ya que la demanda civil interpuesta en julio del 2014 por la familia de Elena Rodríguez podría ser desechada a “la basura”, tal como lo indican algunos defensores de los derechos civiles en Estados Unidos.

El argumento legal es que el joven recibió un disparo en la frontera y no dentro de los Estados Unidos, por lo que no estaba bajo la protección de la Constitución estadounidense, misma que legalmente no se extiende a un ciudadano mexicano que se encuentre en México.

Otro factor clave es que en la actualidad existe jurisprudencia en relación a que si agentes de la Patrulla Fronteriza disparan desde suelo estadounidense, estos no pueden ser demandados si matan a alguien al otro lado de la frontera en México.

Diversos medios estadounidenses como The Republic de Arizona o el Law Street Media informan sobre que pronto un Juez federal en aquel país deberá decidir si los derechos constitucionales se extienden a un ciudadano mexicano, fallecido en México, a manos de un ciudadano americano, que disparó desde Estados Unidos.

Por ejemplo, la nota de The Republic, firmada por Megan Jula, dice que el pasado martes, un Juez federal no alcanzó una decisión sobre si desestimar una demanda civil interpuesta por la familia del adolescente mexicano desarmado que fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza disparando desde suelo estadounidense.

El joven mexicano, murió en Nogales, Sonora, el 10 de octubre de 2012, después de que el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz disparó 12 rondas de su pistola calibre .40 a través de la valla fronteriza mexicana.

Sean Chapman, el abogado privado que representa Swartz, argumentó este martes ante el Juez de distrito Raner Collins -con sede en Tucson-, que el agente no violó los derechos constitucionales de Elena Rodríguez, ya que estos no se extienden a un ciudadano mexicano que se encuentre en México.

Chapman hizo referencia el caso de Sergio Adrián Hernández Guereca, de 15 años de edad, quien fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en el año 2010, en similares condiciones en la valla que divide a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

En abril pasado, el quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, dictaminó por unanimidad en el caso Hernández, que los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon desde suelo estadounidense no pueden ser demandados cuando matan a alguien al otro lado de la frontera, es decir, en México. Sin embargo, el caso de Elena Rodríguez se encuentra en el noveno Circuito.

El Subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, argumentó a favor de la familia de Elena Rodríguez.

“Un agente de la Patrulla Fronteriza puede poner su arma hasta la cerca y disparar a un adolescente, ¿la Constitución no tiene nada que decir al respecto?”, le cuestionó Gelernt a The Republic.

“Todas las acciones que se llevaron a cabo (por parte del agente de la patrulla fronteriza), excepto la bala que lo mató (al joven mexicano), ocurrieron en los Estados Unidos”, añadió.

Gelernt pidió al Juez dejar el caso de Hernández Guereca a un lado y centrarse en las circunstancias de la muerte de Elena Rodríguez.

El 10 de octubre del 2012, la Policía y los agentes de la Patrulla Fronteriza habían respondido a una llamada del número de emergencias 911, informando que dos presuntos contrabandistas de drogas estaban escalando la valla y portaban lo que parecía ser marihuana.

Cuando los agentes y oficiales buscaron a lo largo de la valla, dos hombres salieron corriendo y empezaron a subir de nuevo para regresar al lado mexicano.

Fue entonces que Swartz, el agente de la Patrulla Fronteriza, comenzó a disparar en respuesta a que los dos hombres lanzaron rocas, lo que “puso en riesgo sus vidas”.

La cuestión es que su descripción de los hechos no puede haber sido exacta, indica Alexis Evans del Law Street Media, ya que dos testigos del lado mexicano aseguraron que el joven Elena Rodríguez se encontraba caminando por la calle Internacional -una vía que corre paralela a la valla que limita la frontera- cuando otros dos jóvenes pasaron corriendo justo antes de que comenzara el tiroteo.

Los disparos fueron efectuados desde una pequeña colina que se eleva a una altura de entre 12 y 15 metros sobre el nivel de la calle. La autopsia mostró que casi la totalidad de las balas impactaron en el cuerpo de José Antonio desde atrás. El adolescente falleció sobre la banqueta a tan solo cuatro calles de su casa.

El joven mexicano fue alcanzado por 10 de las 12 balas, que dieron en su espalda y cabeza.

Los abogados de Araceli Rodríguez, madre de Elena Rodríguez, presentaron una demanda civil el pasado julio contra agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en la muerte, alegando que habían usado “fuerza excesiva y poco razonable”, que viola la Cuarta y la Quinta Enmienda de los derechos del niño.

Por su parte, la abuela del joven mexicano, Taide Elena, dijo después de la audiencia que ella deseaba que el Juez se tomara el tiempo necesario para deliberar.

“El caso es claro”, dijo Elena a The Republic de Arizona. “José Antonio era un hombre joven con metas y sueños. Él no era un criminal al que había que matar”.

El medio estadounidense asegura que no existe una línea de tiempo establecida para que el Juez Collins libere su decisión sobre si va a desestimar el caso.

Además, el Juez dijo durante la audiencia del pasado martes, que él es consciente de su decisión sería apelada por cualquiera de las dos partes interesadas.

LA INJUSTICIA

“Quiero saber quiénes son estas personas que mataron a mi niño. ¿Por qué había tantas balas en el cuerpo de mi hijo?”, dijo Araceli Rodríguez en una entrevista concedida a Los Angeles Times el año pasado.

“Póngase usted en mis zapatos. Imagine que a su hijo le hubieran disparado diez veces. Un niño tirado sobre el suelo en un charco de su propia sangre. Y no hay respuestas. Y no hay justicia”.

El mismo diario explicó que en EU los no ciudadanos tienen una base más frágil para reclamar derechos constitucionales.

El rotativo californiano citó a Xavier Fellmeth, profesor de derecho en la Universidad de Arizona: “Yo diría que tienen un camino cuesta arriba”.

“En el pasado remoto la Corte Suprema de Estados Unidos se negó decisivamente a dar protección a extranjeros afuera de los Estados Unidos”, dijo Fellmeth.

Por otra parte, el diario afirma que en ciertas instancias la Suprema Corte de Estados Unidos sí ha concedido dicha protección.

En 2008, un detenido en Guatánamo -base naval de los Estados Unidos en Cuba- logró que la Suprema Corte reconociera su derecho constitucional a litigar en una corte federal estadounidense contra su detención.

El diario de California agregaba que hasta ese momento -julio 2014- no se había conocido información de investigaciones mexicanas o estadounidenses. Además, citaba un estudio, que afirmaba que rara vez se lleva a juicio a agentes de la Policía fronteriza, y que cuando se les investiga suele determinarse que actúan en defensa propia.

JÓVENES RETRATADOS COMO “MATONES”

Law Street Media indica que un factor preocupante de este caso es su similitud evidente con el de la muerte de Trayvon Martin.

Ambos adolescentes eran de la misma edad, 16 y 17 años respectivamente, y fueron retratados como matones a pesar de que la evidencia indicaba lo contrario.

Ambos se hicieron símbolos para sus comunidades, fueron llorados por miles, y hasta ahora ninguno ha recibido justicia alguna.

Los estadounidenses están comenzado a preocuparse cuando jóvenes afroamericanos son asesinados sin motivo aparente, tal como sucedió en Baltimore y Ferguson, sin embargo, “nuestro nivel de conciencia aún no ha extendido a nuestros vecinos del sur”, dice Evans en su nota para el Law Street Media.

“No hay nada seguro sobre lo que el Juez decidirá en el caso de Elena Rodríguez, pero una cosa está clara, nuestra nación tiene una urgente necesidad de adquirir mayores responsabilidades sobre estos agentes (Patrulla Fonteriza) y nuestros cuerpos de Policía, ya que ellos son los responsables de protegernos”.