Los abogados de dos activistas asesinados en México en 2010, denunciaron hoy en la Eurocámara los “siete años de impunidad” que han seguido a este crimen y criticaron que los atacantes han contado con la “protección” de las autoridades mexicanas. La PGR cerró “temporalmente” el caso en 2016 al no considerar probado que se emplearan armas en el ataque, pese a que, como se denunció hoy, entre las pruebas se encontraban los cuerpos con agujeros de bala de los dos activistas.

Bruselas, 30 may (EFE).- Los letrados Micheel Salas y David Peña, abogados de dos activistas asesinados en México en 2010, denunciaron hoy en la Eurocámara los “siete años de impunidad” que han seguido a este crimen y criticaron que los atacantes han contado con la “protección” de las autoridades mexicanas.

Salas y Peña participaron en un encuentro con periodistas impulsado por la eurodiputada de los Verdes Ska Keller en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en el que explicaron su lucha por esclarecer las circunstancias del ataque y llevar ante la justicia a los asesinos de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño, de México, y Jyri Jaakkola, de Finlandia.

Esos dos activistas fueron asesinados el 27 de abril de 2010 en los alrededores de la comunidad indígena de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca (sur de México) durante una emboscada que un grupo paramilitar tendió a la caravana en la que viajaban.

El convoy, en el que también viajaban observadores de derechos humanos y periodistas, se disponía a prestar ayuda humanitaria a la población local, que llevaba varios meses sitiada por grupos violentos.

“A diferencia de otros casos de asesinatos a periodistas, en este caso tenemos identificados a los integrantes del grupo paramilitar que atacó a ese grupo”, subrayó Salas, quien recordó que solo cinco de los trece atacantes fueron detenidos y que quedarán libres en pocos meses.

La Procuraduría General de la República del país cerró “temporalmente” el caso en 2016 al no considerar probado que se emplearan armas en el ataque, pese a que, como denunció hoy Peña, entre las pruebas se encontraban los cuerpos con agujeros de bala de los dos activistas.

El grupo atacado estaba también formado por trabajadores procedentes de Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia (con otra persona de esta nacionalidad además del fallecido Jaakkola).

Keller sostuvo que el hecho de que haya ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea que se vieron afectados por el ataque es una “oportunidad” para implicar a la UE en el proceso y apoyar así acabar con la impunidad en otros casos.

En ese sentido, la eurodiputada consideró “importante” que la modernización del acuerdo comercial entre la UE y México que se negocia actualmente incluyera una cláusula vinculante respecto a los derechos humanos, “no solo palabras bonitas sino algo con fuerza”.

“Si un país exporta más ternera de la que debe, hay sanciones, pero si no cumple con los derechos humanos no hay sanciones”, criticó Keller.