Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La falta de respuesta del Gobierno mexicano para permitir que expertos internacionales se acerquen a militares y así continuar con su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo genera más sospechas sobre la implicación de elementos castrenses, aseguró el abogado Vidulfo Rosales Sierra en entrevista con SinEmbargo.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, acusó que hasta ahora no han podido reunirse con elementos del 27 Batallón del Ejército Mexicano, con sede en Iguala, dónde se le vio a los normalistas por última vez, hace nueve meses.

El activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso indicó que el Gobierno federal busca “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.

“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo crecen las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre [de 2014]”, dijo.

Ayer el grupo de cinco especialistas, que son coadyuvantes en el caso Ayotzinapa, rindió su cuarto informe de actividades y en él precisó que luego de tres meses de espera, el Gobierno federal mantiene el vilo la petición de entrevistarse con el Batallón.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, dijo que el domingo el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, comentó en conferencia de prensa.

“Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado nueve meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, puntualizó.

Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato, que culmina en agosto. Asimismo indicaron que el grupo, como parte de su mandato, puede solicitar al Ministerio Público ampliar las declaraciones de más de 30 miembros del 27 Batallón.

EL EJÉRCITO: UN CABO SUELTO

Vidulfo Rosales explicó que los padres de los normalistas van más allá y no desisten en su petición de que se abra una línea de investigación en torno a la participación de las fuerzas castrenses en los hechos de Iguala.

Pero la Procuraduría General de la República (PGR) se ha negado invariablemente a tocar al Ejército.

“Lo que nosotros vemos es que el gobierno pretende eludir la responsabilidad del Ejército en los hechos de Iguala. En este sentido ellos dicen: ‘¿qué caso tiene permitir que se entrevisten los expertos, si no tienen nada que ver? Hay constancia de la presencia de miembros del Ejército en distintos puntos de Iguala la noche del 26 de septiembre. Eso da pie para que sea investigado. Si los expertos insisten en esas entrevistas, es porque hay puntos en el expediente que así lo sugieren, que es necesario”, advirtió.

Los expertos del GIEI indicaron que en caso de que las autoridades mexicanas se nieguen a brindarles las facilidades para entrevistarse con el 27 Batallón, impactaría en el resultado final, pues quedarían esos cabos sueltos en la investigación.

La negativa de México será consignada en el informe final, lo cual enviaría un mensaje negativo a la comunidad internacional.

“El Estado mexicano está obligado a proveer información, a responder. Se ve difícil, o por lo menos en un Estado democrático, abierto, que no se cumplan los compromisos suscritos y firmados. Se antoja difícil que nieguen a un grupo de expertos la información, porque eso será un precedente muy malo para México”, dijo Rosales Sierra.

El grupo de expertos informó que durante el último mes se acordó una reunión entre los padres de los normalistas y la Procuradora de la República Arely Gómez González, de la cual aún no hay fecha.

Felipe de la Cruz Sandoval, uno de los voceros de los familiares, dijo que la primera exigencia que le harán a la Procuradora, es que se abra una línea de investigación sobre la participación del 27 Batallón en la desaparición de los estudiantes.

“Estamos seguros que de ahí salieron los criminales. Después de esta exigencia, le pediremos que los abogados coadyuvantes tengan acceso a todos los expedientes. De más de 80 expedientes, no han visto ni la mitad”, expuso.

El vocero adelantó que en la reunión con la titular de la PGR también solicitarán más facilidades para los expertos del GIEI y a los peritos argentinos que aún analizan los restos encontrados en el basurero de Cocula y el Río San Juan.

UNA “VERDAD HISTÓRICA” BAJO TORTURA

Los expertos del GIEI precisaron que la PGR investiga 40 casos de tortura referentes a las diligencias realizadas sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Luego de que el grupo revelara el mes pasado que algunos de los implicados en el caso denunciaron que fueron torturados, precisaron que de un total de 100 detenidos son 40 los reportes que se investigan.

En mayo Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien también es coadyuvante en la investigación, reveló a SinEmbargo que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, confesaron que fueron torturados.

“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegatos de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jona’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.

En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.

Vidulfo Rosales indicó que los casos de tortura en el tema de los normalistas, denotan una “investigación viciada”.

“Y que esta tesis de la ‘verdad histórica’, dista de serlo, que más bien es una investigación con muchas debilidades y endeble, que necesita continuar y no cerrarse, como lo quiere hacer la PGR”, indicó.

Los expertos internacionales anticiparon que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato, que culmina en septiembre.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN DEL GIEI

En el cuarto informe dado a conocer ayer participaron los cinco expertos del GEI; dijeron que como parte de sus pesquisas en Iguala, acudieron a la central de autobuses, al basurero de Cocula y al Río San Juan, con peritos propios.

Los especialistas concluyeron que los jóvenes no acudieron a Iguala, ni tomaron autobuses para ir al centro de la ciudad. Dijeron que los estudiantes fueron a botear para obtener recursos y participar en la marcha por la masacre del 2 de octubre de 1968.

“Los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 17:00 horas, con el objetivo de obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha. Ante las dificultades que enfrentaron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como “Casa del Cura” o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”, dijo Buitrago.

Los expertos enumeraron algunos avances, como el que la Policía Federal realizó en presencia de miembros del GIEI una nueva toma de testimonios de los familiares para completar la información existente.

“A partir de dichas entrevistas, la Policía Federal (PF) se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda, así como a responder a las preguntas que los familiares siguen teniendo sobre estas medidas. Igualmente, se acordaron reglas mínimas de pasos a seguir para estas búsquedas”, indicó Buitrago.

Las autoridades mexicanas respondieron a la solicitud de los especialistas de unificar los procesos y la tipificación de los delitos del caso Ayotzinapa, debido a que actualmente hay seis causas abiertas, que corresponden a 15 procesos, en distintos estados del país.

Durante el último mes también se tomaron nuevas declaraciones a los normalistas sobrevivientes de los hechos de Iguala.

Los investigadores informaron que del total de diligencias que el grupo solicitó, sólo 30 por ciento de ellas se cumplieron hasta el momento, un 24 por ciento de forma parcial y un 47 por ciento aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR.