La nueva legislación, que entrará en vigor mañana miércoles, ha recibido numerosas críticas y ha causado polémica desde que fue anunciada.

La “ley de seguridad ciudadana” prevé multas de hasta 600 mil euros (655 mil dólares) para ciertas manifestaciones o actos de protesta no autorizados.

También incluye multas de hasta 30 mil euros (unos 33 mil dólares) por desórdenes públicos o por obstruir acciones de las autoridades como la expulsión de familias desalojadas, además de que una “falta de respeto” a un policía podrá ser sancionada con 600 euros (667 dólares).

En ese marco, tres activistas de la organización ambientalista Greenpeace desplegaron este martes una pancarta de 32 metros cuadrados en una grúa situada junto al Congreso de los Diputados contra la llamada “ley mordaza”.

Otra pancarta citó el lema “la protesta es un derecho”.

Los manifestantes estiman que a partir de mañana miércoles el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación se basarán en la interpretación de las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.

La ley fue aprobada el 26 de marzo pasado con los únicos votos del Partido Popular (PP), aún en el Gobierno, con mayoría absoluta en ese momento.

El portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, señaló que “esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España”.

Añadió que “está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos y la privatización de los servicios públicos”.

Greenpeace advirtió que las “nuevas infracciones (…) señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos como los activistas anti-desahucios, las mareas ciudadanas, los sindicalistas y los afectados por las preferentes, que no suponen ningún peligro para la seguridad ciudadana”.