La primera revisión al gasto público de 2016 derivó en recuperaciones por mil 642 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras una primera entrega que corresponde al 27 por ciento del total. La ASF entregó los resultados de 502 auditorias realizadas, de ellas se detectaron 583 irregularidades de las cuales 555 irregularidades ameritan una sanción.
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Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó al Congreso de la Unión el primer informe individual de la revisión de la Cuenta Pública 2016, con 502 auditorías y la recuperación de mil 642 millones de pesos.
El informe incluye 502 auditorías, en las que se detectaron 583 irregularidades, y de las cuales 555 incurren en una posible responsabilidad administrativa, es decir, que podrían ameritar una sanción.
Este primer informe presentado representa el 27 por ciento del total de auditorías programadas para la Cuenta Pública 2016, es decir, mil 836 revisiones.
“Otra parte significativa de auditorías individuales será rendida el último día hábil del mes de octubre, y que el resto será completado a más tardar el 20 de febrero de 2018; esta última entrega se acompañará por un Informe General Ejecutivo, cuyo contenido está determinado por Ley”, detalló el Auditor Juan Manuel Portal Martínez al hacer la entrega ante el poder legislativo.
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El funcionario precisó que el reporte incluye las 502 auditorías realizadas al gasto federalizado, de las cuales, 430 son revisiones de cumplimiento financiero y 72 a auditorías de desempeño.
“En lo concerniente a los resultados vinculados con la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las recuperaciones ascienden a mil 642 millones de pesos; esta cantidad se incrementará conforme transcurra el plazo de atención a las observaciones efectuadas”, precisó Juan Manuel Portal.
Tras la revisión, de la que se desprenden en total 2 mil 424 acciones, la ASF detectó irregularidades por las que emitió 583 observaciones, de las cuales, al menos 555 son por anomalías que, a consideración del ente regulador, incurren en faltas administrativas que ameritan una sanción, la cual, será el Congreso quien analizara si sancionadas.
A su vez, se emitieron en total mil 116 recomendaciones a los entes fiscalizados para que mejoren sus reportes financiero, 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
“Cabe aclarar que en el primer grupo se incluyen 154 revisiones que abarcan la verificación del logro de metas y objetivos, por lo que se catalogan como auditorías financieras con enfoque de desempeño”, señaló el Auditor.
Del total de las revisiones “378 se vinculan con gasto federalizado, 46 con desarrollo económico, 41 con la función gobierno y 37 con desarrollo social”, detalló.
Portal Martínez también señaló que la suma del total de recuperaciones operadas de las cuentas públicas del 2001 al 2015 es de 112 mil 440 millones de pesos, “cifra que representa un promedio anual tres veces el presupuesto asignado a la ASF en el presente ejercicio fiscal”.
“Si sólo tomamos en cuenta las recuperaciones operadas en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2016, y añadimos el monto relacionado con las denuncias de hechos presentadas, más lo que probablemente se recuperará en los siguientes años, se observa un retorno de 10 pesos por cada peso invertido en la ASF”, agregó.
La impunidad en el mal manejo de los recursos y en las denuncias presentadas por la auditoría, ha sido un reclamo recurrente por el sector empresarial y por la ciudadanía en general.
En casi dos décadas, más de 97 por ciento de las denuncias resultado de las auditorías han quedado sin sanción, según comentó Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 2016,
Al respecto, el auditor aseveró que no se trata de una falta de rigurosidad por parte de la ASF sino que, afirmó que existen problemas estructurales en distintas instituciones y en el gasto.
“La realidad burocrática y los sistemas que ésta genera son, en gran medida, producto del marco legal; no es extraño que el funcionario deba adecuarse a un conjunto de demandas y normativas existentes —de naturaleza implícita o explícita— que lo conduzca a un bajo desempeño o abra los espacios para la comisión de irregularidades”, reprochó.
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