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[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | Cuando fue Presidente de México, de 1970 a 1976, le gustaba exclamar: “¡Arriba y adelante!”. Luis Echeverría Álvarez es el más longevo protagonista de la vida nacional y quien resume como nadie las contradicciones del sistema hegemónico que a través del PRI gobernó México durante 71 años sin interrupción.

Una neumonía que lo llevó al hospital el pasado 21 de junio, reactivó en la agenda pública el controvertido recuerdo de su ser político. Su Gobierno recibió a exiliados que huían de dictaduras, defendió los derechos humanos en otros países y saludó a los gobiernos socialistas. Pero aquí, dentro, la mano dura no se aligeró. Las matanzas de estudiantes de Tlatelolco –cuando era Secretario de Gobernación– y San Cosme, así como la estrategia llamada “Guerra Sucia” para aplacar movimientos subversivos, lo persiguen hasta estos días como fantasmas.

En los últimos treinta años, el Estado mexicano le ha pagado casi 83 millones de pesos en una pensión vitalicia que ha incluido sueldo, condiciones sociales como seguros médicos y de vida, así como la ayuda de una veintena de trabajadores operativos.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Luis Echeverría Álvarez, el más longevo protagonista de la vida pública, le ha costado a los mexicanos casi 83 millones de pesos en las últimas tres décadas, durante las cuales, ha recibido un sueldo bruto cada mes para su manutención y atención médica, así como ayuda de personal civil.

Una neumonía que lo llevó al hospital el pasado 21 de junio, reactivó en la agenda pública al hombre que gobernó México de 1970 a 1976 y al controvertido recuerdo de su ser político. Nacido en 1922 en la Ciudad de México y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1946, Echeverría Álvarez resume como nadie las contradicciones del sistema partidista hegemónico que gobernó el país durante 71 años ininterrumpidos.

El Estado mexicano le ha pagado pensión en los últimos 31 años. Además, se ha hecho cargo de los sueldos de personal con nivel operativo que lo apoyan; es decir, choferes, ayudantes y supervisores de cocina, o mensajería. Eso indican los datos públicos proporcionados a SinEmbargo por la Presidencia de la República en varias solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el manual de percepciones de la Administración Pública.

El priista asumió como Presidente de México con 48 años de edad. El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados arroja que su discurso, de más de una hora, se concentró en la autonomía de las universidades. Habían pasado dos años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. El fantasma de su supuesta responsabilidad en el fatídico hecho –él era Secretario de Gobernación–, lo perseguía. Hoy, cuando ha llegado a los 97 años, aún está ahí.

El 22 de mayo de 2017, el Grupo Lucano de Italia entregó un reconocimiento al ex Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, entonces de 96 años, por las acciones en materia de prevención de desastres naturales aplicadas en los años setenta del siglo pasado, a través de la “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”. La ceremonia fue amenizada por un conjunto veracruzano. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro

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El año pasado, el ex titular del Ejecutivo, a quien le gustaba exclamar “¡Arriba y adelante!” recibió como monto bruto 2 millones 537 mil 277 con 60 centavos, según aprobó el Congreso de la Unión en el presupuesto para la Presidencia de la República. La cantidad dista de los 238 mil 157 con 11 centavos que percibieron los 17 trabajadores que lo apoyan, una distancia salarial de 10.6 veces.

Echeverría recibe la pensión desde 1987, el año en que Miguel de la Madrid expidió el decreto en el que se sustentan las pensiones vitalicias de los ex Jefes del Ejecutivo y cuyo original, según Los Pinos es “inexistente” o, en otras palabras, no se encuentra en ninguno de sus archivos.

En la Presidencia de la República no hay datos del pago de las pensiones vitalicias a ex Presidentes antes de 2007, pero de manera proporcional, los ingresos de la alta burocracia no han variado desde entonces, incluso si se considera la inflación de aquellos años y la crisis financiera de diciembre de 1994. Para el acercamiento de lo que ha costado Echeverría Álvarez esta Unidad de Datos sumó a lo devengado por el ex Presidente, el sueldo que han recibido los trabajadores que tiene a su cargo y que son pagados por la Presidencia.

De 2006 a 2017, quienes lo han apoyado con labores domésticas han ganado dos millones 287 mil 538 pesos con cincuenta centavos, de acuerdo con los datos públicos obtenidos por este diario digital. De ellos, la Presidencia no proporcionó nombres completos hasta antes de 2012. Mandó sus nombres de pila y el nivel del puesto que ocupan en la burocracia. Todos, en lo más bajo de la jerarquía. No se consideró la guardia militar que cuida al ex Mandatario porque cualquier asunto que concierna a ella, se encuentra bajo reserva en la Presidencia de la República.

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Luis Echeverría Álvarez nació en 1922 en la Ciudad de México, se licenció como Abogado, ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1946 -el año en que Miguel Alemán Valdez inició su Gobierno marcado por la política de industrialización-, y en 1964 fue nombrado Secretario de Gobernación en el Gabinete de Gustavo Díaz Ordaz quien fue investido como Jefe del Ejecutivo.

Con esa cartera a cargo, que implica la política interior del país, estuvo al tanto de la estrategia que el Gobierno tenía en 1968 respecto al movimiento estudiantil de ese año que desde las Preparatorias, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México pedía liberación de estudiantes presos y rechazaba la represión del Estado. Faltaban unos días para la celebración de los Juegos Olímpicos en México y en las calles retumbaba el grito: “¡No queremos olimpiadas. Queremos Revolución!”

El 2 de octubre de ese año, en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, México vivió una de sus peores noches. Por lo menos 300 estudiantes fueron masacrados a tiros mientras realizaban un mitin pacífico. En 2018, están por cumplirse 50 años de esa matanza y aún no hay responsables, ni se sabe con certeza qué ocurrió. El rompecabezas del inolvidable 2 de octubre ha adquirido a través de las décadas piezas más sólidas, pero aún conserva muchos espacios vacíos. Pero siempre hay un nombre que aparece en las investigaciones periodísticas o los documentos sobre el evento: Luis Echeverría Álvarez.

Una vez transcurridas las Olimpiadas, en 1969, el entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz lo eligió como candidato del PRI para contender en las elecciones. El 1 de diciembre de 1970, Echeverría Álvarez fue investido con la banda presidencial. Su Gobierno tuvo la marca del nacionalismo que rompió con costumbres en el protocolo al servir en sus cenas oficiales sólo platillos mexicanos mientras que su esposa, Esther Zuno Arce, quien vestía trajes autóctonos, decoró la casa oficial de Los Pinos con artesanías mexicanas. Como Jefe del Ejecutivo manifestó simpatía por los movimientos de izquierda, excarceló a los líderes del movimiento estudiantil de 1968, recibió en el territorio mexicano a miles de exiliados que escapaban de las dictaduras de América del Sur, exigió la expulsión de España de la ONU por la ejecución de cinco jóvenes en 1975, ordenada por Francisco Franco en su lecho de muerte.

Pero dentro, la mano aún era de hierro. Los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas fueron asesinados en Guerrero. Al tiempo, se emprendió la llamada Guerra Sucia, una estrategia adjudicada al Gobierno para aplastar movimientos subversivos. Durante el Gobierno de LEA por lo menos 500 personas desaparecieron, según cálculos de algunas ONG. El 10 de junio de 1971, la pesadilla volvió. Un comando paramilitar atacó otra manifestación en la avenida San Cosme de la Ciudad de México. Tampoco hay cifras oficiales del número de muertos, pero los investigadores las calculan en por lo menos treinta, entre ellos, un adolescente de 14 años.

El libro “10 de junio no se olvida”, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) del investigador y exmiembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE), Enrique Condés Lara, indica que Luis Echeverría, entonces Presidente de la República, estuvo informado desde un día antes de la incursión paramilitar y que el día de la acción, recibió partes cada 10 minutos.

Hace 14 años, la justicia mexicana lo citó para que aclarase de una vez por todas su responsabilidad en los hechos de 1968 y 1971. La Fiscalía Especial para Delitos del Pasado –creada ex professo para fincar las culpas de esa época – abrió una investigación que desembocó en la acusación de genocidio. Un tribunal le ordenó permanecer en arresto domiciliario en 2006.

Él, en el jardín de su casa, le dijo a los reporteros que vivía tranquilo y que en México jamás se habían cometido crímenes de lessa humanidad. Tres años después fue exonerado de todos los cargos. La Fiscalía, poco a poco, perdió sus objetivos y desapareció sin haber fincado ninguna responsabilidad ni a Luis Echeverría Álvarez ni a nadie más.