Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Guillermo Padrés Elias, Gobernador de Sonora, dio sus primeras declaraciones sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado, en el Río Bacanuchi y Sonora, seis días después del desastre y uno después de haberse reunido con Xavier García de Quevedo, presidente de Grupo México, consorcio dueño de la empresa Buenavista del Cobre, responsable del incidente.
Hasta esta semana dio el banderazo para iniciar la campaña “Vamos a organizarnos. Salvemos al Río”. “Estoy seguro que [la empresa] se va a defender, pero de que tienen implicaciones, pues tienen implicaciones y tienen la necesidad de responder, ahí no hay vuelta de hoja, tienen que adoptar medidas resarcitorias para eliminar esa contaminación y vi al ingeniero García de Quevedo en muy buena intención de poder hacer todo lo necesario”, dijo durante el anuncio.
También aseguró que los derrames en esa zona –de donde es oriundo– son “normales”. “Yo soy de Cananea y siempre hemos vivido con esas aguas residuales de la empresa. El ojo de agua no está ni a un kilómetro del represo de jales [residuos de la extracción del cobre] ni a un kilómetro de los pozos que abastecen a Cananea. Siempre que hay fuertes llovidas, ahí en Cananea, tenemos ese tipo de derrames hacia el Río San Pedro, hacia el Río Bacanuchi, como también al Río Sonora, entonces hay que esperar a que se limpie y esperar que todo pueda volver a la normalidad”, afirmó.
En contraparte, Jorge Tadeo Vargas, integrante de la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), aseguró que el gobierno estatal “está en números rojos y que está casi en quiebra y ahora ellos son los que se tienen que gastar el dinero porque no tienen el valor o las agallas de pedirle a Grupo México que haga su trabajo y luego de remediar la Cuenca deben trabajar en el cierre”.
De acuerdo con el activista, el gobierno de Guillermo Padrés “la característica del gobierno panista “es estar con los empresarios, a pesar del daño que causen e ignorando todas las demandas de las comunidades”.
Desde que se dio a conocer el desastre, la empresa ha insistido en que el derrame fue consecuencia de las lluvias. Sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) niegan lo dicho, y por el contrario, Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que se debió a un “mal diseño que se hizo” de un tubo. Afirmó que el derrame ‘‘es el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’.
El funcionario atribuyó a un “descuido” de la empresa Buenavista del Cobre el incidente. Sin embargo, aseguró que ésta no puede ser clausurada, pues sólo la Secretaría de Economía (SE) es la única que puede retirar la concesión y hasta el momento no se ha planteado esa posibilidad.
El 6 de agosto, se detectó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado, en el Río Bacanuchi y Sonora, proveniente de la mina de Cananea, a cargo de la empresa Buenavista del Cobre, que forma parte de Grupo México.
A través de un comunicado, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) explicó que el derrame fue de uno de los llamados represos de jales que contenían la sustancia y escurrió “hasta llegar a los afluentes del Río Bacanuchi y posteriormente al Río Sonora, afectando con ello además de Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures”.
Inmediatamente se instaló el Protocolo de Contingencia del Comité de Operaciones de Atención a Emergencias Ambientales (Coatea) en el que participaron la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las unidades municipales y estatal de Protección Civil, así como cuerpos de rescate y de la misma empresa responsable.
Guillermo Padrés aseguró nueve días después del incidente, cuando la contaminación ya había llegado a la presa El Molinito y que se ordenó el trasvase de agua desde ese punto a Hermosillo, que los habitantes capitalinos del esta o “pueden estar tranquilos porque el Acueducto Independencia continúa funcionando para abastecer a la ciudad del vital líquido”.
El 18 de agosto, la Profepa presentó ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal en contra de las empresas Buena Vista del Cobre y/o Minera México por “presunta responsabilidad” en la que se les imputa “la probable comisión de delitos contra el ambiente”.
Ambos delitos se encuentran previstos y sancionados por Artículo 414 del Código Penal Federal, el cual señala penas hasta por nueve años de prisión y 300 mil días de salarios mínimos.
Posteriormente, el 22 de agosto pasado, Guillermo Haro Bélchez, titular de la dependencia, realizó un recorrido a pie y un sobrevoló en un helicóptero propiedad de la Conagua, a fin de conocer el estado que guarda el avance de las acciones de remediación y monitoreo.
También ordenó a la empresa Buenavista del Cobre suspender la actividad de riego en los patios de lixiviación y recoger el producto del derrame a lo largo del cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora, en los sitios donde pudo haber quedado atrapado, además de que deberá realizar el monitoreo de la calidad del agua en los próximos cinco años.
El 23 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (SEDESSON) entregó el primer pago a cuadrillas de trabajadores del programa de Empleo Temporal Urgente para mitigar un poco la crisis que se vive tras el derrame químico.
El fondo inmediato de empleo temporal es de un millón de pesos distribuido entre los siete municipios afectados: Arizpe, Banámichi, San Felipe, Baviácora, Ures, Aconchi y Huépac y se podría extender hasta por tres semanas el apoyo en algunos puntos.
Esta semana, el Ayuntamiento de Hermosillo dijo que no se sumaría a una demanda colectiva junto con las demás comunidades afectadas, pues “cada localidad presenta daños diferentes”.
El Alcalde Alejandro López Caballero no descartó la posibilidad de unirse en un futuro, pero hasta que se terminen de cuantificar las afectaciones y exista afinidad con las de los pueblos demandantes.
REDES SOCIALES
El Gobernador Padrés Elias respondió en sus redes sociales hasta el 13 de agosto. En su cuenta de Twitter subió una fotografía de él recorriendo parte de la zona afectada en compañía de David Korenfeld, titular de la Conagua, Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil.
Posteriormente, el 19 de agosto publicó: “Este Gobierno respalda a Mpos. del Río Sonora, no dejaremos de trabajar hasta que los ciudadanos recuperen su calidad de vida y confianza”.
Finalmente, el pasado martes dijo que su gobierno “respalda a Mpos. del Río Sonora, no dejaremos de trabajar hasta que los ciudadanos recuperen su calidad de vida y confianza” y subió una infografía de las acciones a seguir para “salvar al Río Sonora”.
Posteriormente, la cuenta oficial del gobierno del estado publicó una foto Padrés Elias llegando a Baviácora para “echar andar Vamos a Organizarnos #SalvemosalRio”.
El pasado 23 de agosto, Padrés Elías, anunció que el costo del saneamiento de los Ríos Sonora y Bacanuchi podría llegar hasta los 100 millones de pesos, los cuales pagarán los gobiernos federal, estatal y posteriormente, recibirán el reembolso por parte de Grupo México.
El mandatario explicó en entrevista con Radio Fórmula que mientras llegan las transferencias federales, su gobierno pondrá los recursos, “pero tenemos la palabra de Grupo México que van a devolver ese dinero y si no vamos a buscar todos los medios legales posibles para que ellos le hagan frente”.
Guillermo Padrés, precisó que Grupo México está en la mejor disposición de poder contribuir con los recursos. “Estimamos que en 15 días de estar comprando los productos, estamos hablando de alrededor de 24 millones de pesos, estamos hablando de otros 10 millones de pesos de trabajos de limpieza iniciales, todavía no nos estamos yendo a fondo porque hay que hacer los análisis, la mecánica de suelo para ver los daños”.
Mencionó que se darán todas las garantías de que los productos del Río Sonora sigan teniendo alta calidad, ante ello se brindará el apoyo a los productores, quienes comercializan los productos de la zona para que tengan los canales adecuados y los ciudadanos tengan la certeza de que se están comercializando productos de alta calidad.
En contraparte, Jorge Tadeo Vargas, integrante de la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), aseguró que el gobierno estatal “está en números rojos y que está casi en quiebra y ahora ellos son los que se tienen que gastar el dinero porque no tienen el valor o las agallas de pedirle a Grupo México que haga su trabajo y luego de remediar la Cuenca deben trabajar en el cierre”.
Aseguró que el gobierno de Padrés “está desviando la atención de donde debería estar ahorita que es el problema y cómo lo van a remediar los culpables, en especial Grupo México”.
En entrevista para SinEmbargo, aseguró que el apoyo que reciben los habitantes es “mínimo y es un apoyo que en algunos casos está siendo condicionado bajo el pretexto de que el gobierno del estado va a ser quién va a entablar la demanda contra Grupo México. Les da el apoyo pidiéndoles que ellos no lleven a cabo ninguna acción legal, que eso le toca al gobierno estatal y pensamos que no debe ser así, la gente está en una verdadera crisis por lo que pasó. Se les debe permitir a ellos tomar las acciones legales correspondientes contra los culpables”.
De acuerdo con el activista, el gobierno de Guillermo Padrés “intenta siempre ignorar las problemáticas a ver si desaparecen solas. Aparece diciendo ‘no estaba enterado, pero voy a informarme’, y es lo que está haciendo en este momento, decir ‘salvemos a la cuenca y nosotros lo vamos hacer’ y olvidando a los culpables, tapando de nuevo a Grupo México y volviéndose cómplice de esto”.
La característica del gobierno panista “es estar con los empresarios, a pesar del daño que causen e ignorando todas las demandas de las comunidades. Lo hemos visto con el Acueducto [Independencia], ha incluso violado la ley con tal de mantener este proyecto y los intereses económicos que hay detrás, ignorando por completo a la comunidad”.
Respecto a las acciones legales que pueden tomar los habitantes de la zona, Tadeo Vargas aseguró que al ser un daño ambiental “se puede demandar ante la Profepa, o la Semarnat por la contaminación del río y pedirle a la empresa responsable [Grupo México] mediante un diagnóstico del daño a las cuencas, que el castigo vaya en relación al daño. Es una de las demandas que se pueden poner por las pérdidas de la actividad productiva que va a haber este año. Algunos presidentes municipales ya lo están pensando y organizando por ahí igual que unas comunidades ya están pensando en llevar estas acciones legales”.
Sin embargo, a pesar de esto, no se descarta la “movilización social, la resistencia pacífica y comunitaria para empezar a exigir y presionar tanto a la empresa responsable como al gobierno cómplice para que esto se mueva”.
“Es lamentable que a veces en México las cosas se mueven única y exclusivamente cuando tenemos que llevarlas hasta las únicas consecuencias. Son cinco municipios afectados directamente y una gran comunidad que está siendo afectada gravemente y se puede dar esta resistencia y presión social para que estas cosas vayan a caminar. Creo que es una de las salidas que quedan ante la complicidad de los gobiernos y la falta de respuesta de Grupo México”.
