Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se manifestaron la mañana de este sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el camellón principal del puente internacional Córdova-Américas (Libre). La protesta expuso la problemática que hay en desapariciones forzadas de hombres, en las que la autoridad no tiene protocolos para sus búsqueda, dijo el sacerdote Mario Manríquez, coordinador del movimiento.
Desde el 2010, en Ciudad Juárez ese Centro tiene documentados nueve reportes de hombres desaparecidos, cuyos familiares salieron a la calle el día de hoy para entregar volantes informativos a los automovilistas que pretenden cruzar a Estados Unidos por el puente Libre. A pesar de la manifestación, el tráfico vehicular no fue obstruido a los conductores.
De acuerdo con el Diario de Juárez, cerca de 30 activistas y familiares de desaparecidos llegaron a ese dice fronterizo desde las ocho de la mañana y procedieron a colocar una silueta “del hombre desaparecido”, que representa la ineptitud de las autoridades en las investigaciones.
Este sábado se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en medio de un ambiente de impunidad, con diferentes cifras de desaparecidos y con la indolencia de las autoridades, los familiares de las víctimas realizan varios eventos como marchas, plantones, caminatas, protestas para exigir claridad y justicia al gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Por su parte Amnistía Internacional (AI) cuestionó la claridad y transparencia de las cifras presentadas por el gobierno federal acerca del número de personas no localizadas en México; señaló también la falta de interés que ha mostrado ante los reclamos de familiares de las víctimas.
El 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas suman 22 mil 322. Sin embargo, la organización indicó que estos datos corresponden a la Base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que existe desde 2011, y que contiene los datos con la información que proporcionan las procuradurías y fiscalías locales.
A través de un comunicado denunció que en el país prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis. Una vez más, dijo Amnistía, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna.
“No queda claro cómo estas 22 mil 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8 mil personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas”, refirió en el texto
La organización pidió al gobierno mexicano dar prioridad en el tema de desaparecidos, pues asegura, “las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando”.
Demandó un documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo, ya que hasta el momento no existe alguno. Refirió que tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza.
Amnistía Internacional mostró su preocupación porque las cifras oficiales no especifican cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, es decir cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y que se le niega información sobre el paradero de la víctima.
Recordó que a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, no hay casi procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.
En el marco de esta conmemoración, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) llamó a las entidades a tipificar los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares.
Indicó que los estados están obligados a asignar con precisión y claridad las penas por estos ilícitos, en especial los cometidos por el crimen organizado, de modo que el sistema de justicia cuente con las facultades necesarias para su investigación, persecución y procesamiento.
Asimismo se pronunció a favor de emitir una Ley General en materia de desaparición, “legislación que debe ser viable, consistente e integral para combatir el delito”.
El gobierno federal recientemente anunció que se ha avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente que incluye medidas que deben resultar importantes, entre las que se encuentran la implementación de un software para la recopilación de información útil que permita localizar a personas con vida, así como la recopilación de información forense para personas fallecidas sin identificar, la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, así como acciones de fortalecimiento y capacitación y de atención a los familiares de las personas no localizadas a través de audiencias y reuniones periódicas.
El estado de Sinaloa también se unió a la conmemoración, el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado, Leonel Aguirre Meza, revela que en la entidad existe “la ausencia de una política pública que garantice eficientemente la prevención, la sanción y la erradicación de la desaparición forzada” .
Las desaparición forzada es un delito que ha adquirido mayor presencia en Sinaloa desde que inició el Gobierno de Mario López Valdez, pues sólo en su sexenio se han registrado 154 casos, donde al menos en 76 se acusa a autoridades, principalmente de seguridad, como responsables.
Los pronunciamientos, informes y declaraciones de parte de las autoridades ha sido el de mantener una investigación abierta, la cual se presenta de manera exclusiva a los familiares, pero en ocasiones les es negada con el argumento de ser “información delicada”.
Aguirre Meza refirió al sistema de procuración de justicia como obsoleto e ineficiente, a causa de que no hay equipo suficiente de investigadores especializados en desaparición, que incluso ha llevado a que familiares de las víctimas toen funciones de activistas, investigadores y peritos para buscar a sus seres queridos.
LA ONU PIDE A MÉXICO ACTUAR EN EL TEMA
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó, por medio de un comunicado, que mantendrá en alta prioridad la defensa de los derechos de las personas desaparecidas, reiteró su permanente disposición a cooperar con las autoridades para que den respuestas eficaces a las víctimas y garanticen la implementación efectiva de sus compromisos internacionales.
Señaló que México enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas.
El organismo reiteró su disposición para brindar la asistencia técnica que precise el Congreso de la Unión para materializar este objetivo con la participación de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos.
Un grupo numeroso de más de 200 organizaciones de la sociedad civil también señaló esta semana a través de una declaración conjunta, que al gobierno mexicano le hace falta voluntad política para resolver los casos de desapariciones.
“La falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de los responsables”, dice la declaración.
Entre las exigencias de las organizaciones destacan la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional, uno de investigación de los responsables de las desapariciones de las décadas de los 60, 70 y 80 y de la actualidad, la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones, la aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales y mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares.
