Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará este día para la designación de consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados que tendrán elecciones el próximo año. Sin embargo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil demandaron que el proceso, además de carecer de transparencia, no cumple con uno de los requisitos básicos y es la gran ausencia de la ciudadanía entre la selección que se dio a conocer el viernes pasado.
Al menos 30 organizaciones de la sociedad civil y 70 personas entregaron una carta el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en el que manifestaron su preocupación y extrañeza por el proceso de selección de los futuros consejeros de los Organismos Públicos Locales (OPL) en 18 estados de la República.
Eduardo Huchim May, especialista en procesos electorales, denunció que uno de los requisitos que se estableció en la Reforma Electoral, y no se reflejó en la convocatoria, fue el requisito en el proceso de selección donde se pedía que no participaran fueran miembros del servicio profesional nacional.
“Hubo una polémica porque la mayoría del Consejo General comentó que el servicio profesional no existía porque el órgano de nueva creación y parecía que no existía, pero si tenemos en cuenta que los recursos del IFE [Instituto Federal Electoral] tanto humanos como patrimoniales se trasladaron al nuevo órgano, pues es obvio que ahí estaban el servicio profesional”, dijo.
A pesar de ello, agregó, “se propició que en este proceso participaran elementos de los órganos electorales y locales que habían organizado elecciones que no habían dejado satisfechos a una porción importante de los jugadores de esos procesos”.
“Es obvio que quienes conocían esos temas, eran justamente ellos y por eso se cuestionó, cuando se aprobaron los lineamientos de porqué se les diera tanto peso a los candidatos a consejeros al examen de conocimientos porque era obvio que quienes conocían del asunto en la materia, eran quienes habían participado en la organización de las elecciones cuestionadas”, comentó.
Los ciudadanos denunciaron que al menos el 80 por ciento de la lista de los consejeros elegidos, pertenecen al servicio profesional electoral y de los 18 consejeros presidentes, 10 de ellos pertenecen a la estructura electoral.
Por su parte, Silvia Alonso, integrante de la organización Alianza Cívica, dijo que si los órganos electorales locales, estarán conformados por personas ligadas a partidos políticos y funcionarios electorales, “la confiabilidad del ámbito electoral está en duda. Además calificó esta acción como “un retroceso importante en el curso de la ciudadanización que vienen trabajando desde hace muchos años”.
Destacó que persiste el problema en el que las “autoridades locales comprometieron la imparcialidad del proceso con posiciones, a veces bastante tendenciosas, hacia partidos o a mismas autoridades locales”.
Resaltó que en estados como Querétaro, la elección que se hizo para Consejero presidente, es también presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y “no se le conoce mucha trayectoria ciudadana”, mientras que en Oaxaca, “se ve que hay una clara referencia que fueron electas con el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y con el PAN, eso es como se marca el cerco partidista que tienen ahora los OPL”.
Además, denunciaron que el consejero electoral Pablo César Lezama Barreda, elegido por tres años, es asesor del Senador Luis Miguel Barbosa Huerta; mientras que Dania Paola, elegida por seis años, es asesora del Consejero Marco Antonio Baños Martínez, ambos por el Distrito Federal. La consejera electoral Palmira Tapia Palacios, del Estado de México y elegida por tres años también, funge como asesora de Benito Nacif Hernández, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE). Estos tres personajes, se encuentran en un conflicto de interés por lo que no deberían ser nombrados como consejeros.
En la carta acusan que el proceso de selección de los futuros consejeros de los Organismos Públicos Locales, especialmente en la etapa de valoración curricular, “no se distinguió por su transparencia”, pues aseguran, benefició a funcionarios y servidores electorales.
El proceso de selección comenzó en el mes de julio pasado y consiste en seis etapas: registro de aspirantes, verificación de los requisitos, examen de conocimientos, ensayo presencial, valoración curricular y entrevista, integración de las listas de candidatos y, finalmente, las designaciones que serán dadas a conocer mañana.
Los ciudadanos también mostraron su preocupación por el sesgo político de muchos candidatos que, una vez designados, “pondrían en tela de juicio los principios de imparcialidad e independencia que el Instituto debe siempre observar. Los compromisos partidarios de varios aspirantes son motivo de intranquilidad en todas las entidades”, afirman.
Clara Jusidman, fundadora del Incide, dijo que el proceso actual “termina por enterrar a la estructura ciudadana que fue ideada en la reforma del 96, 97, al hacer complacencia a la estructura de Servicio Profesional Electoral”.
Aseguró que a pesar de que era necesaria una participación ciudadana que hiciera contrapeso a la estructura del Servicio Profesional Electoral, “con lo que acaba de suceder, con las listas que ya están circulando de los que quedarán como consejeros, terminamos con la estructura ciudadana y fue capturada por los partidos políticos”.
Dijo que actualmente hay un cansancio de los ciudadanos. No creemos ya en los procesos electorales como el camino para avanzar en la democracia. Los partidos políticos nos han demostrado que por ahí no es el camino”.
En la carta, también le exigen al Córdova Vianello y al resto de los consejeros “actúen con criterios que privilegien las trayectorias de los candidatos y no los compromisos personajes, laborales o políticos en el interior del Consejo General”.
Finalmente hicieron un llamado a tomar las mejores decisiones en la delicada área de vigorizar y llorar una verdadera autonomía de las autoridades electorales en ellos estados de la República.
