Por Laura Cordero y Mayela Sánchez

Ciudad de México, 30 septiembre (SinEmbargo).– En cuatro días, al menos una decena de personas han muerto en Guerrero, entre ellos tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, además de que más de 50 estudiantes de la misma institución están desaparecidos y, de acuerdo con familiares y amigos de las víctimas, fueron agentes de la policía quienes se los llevaron incluso en vehículos oficiales.

Ayer, el Procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, confirmó que además de los seis asesinados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Iguala, había 25 personas lesionadas, 57 estudiantes desaparecidos y 22 agentes policiacos detenidos.

Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización con sede en Tlapa, Guerrero, que asesora a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos– mantiene una lista de 55 estudiantes no localizados.

Para el subdirector del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, “Guerrero es un ejemplo muy claro de un contexto de impunidad sistemático”.

Expuso que “lo sucedido en Iguala es una muestra más del estado de descomposición que se vive en algunas circunscripciones territoriales del país en donde la Policía Municipal se atreve a hacer un uso excesivo de la fuerza al grado de accionar sus armas leales a mansalva en contra de un autobús”.

Por su parte, Gilberto Santa Rita Tamés, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, coincidió en que lo que se vive en Guerrero es el ejemplo de “una descomposición social tremenda; una ineficacia total de las autoridades y una vulneración de los derechos humanos y a nuestro tambaleante y mal construido Estado de Derecho”.

Además, comentó que el caso Ayotzinapa no se puede determinar de manera aislada, sino que tiene que observarse como un fenómeno sociológico en relación a otros temas igual de dramáticos y lamentables como el caso Tlataya, en el Estado de México.

El experto en derecho procesal penal  destacó que “lo interesante es que en la mayoría de estos casos está la presencia de elementos del Estado que están ejerciendo funciones de batallones de la muerte, lo que se ha llamado en las dictaduras”.

Santa Rita Tamés cuestionó cómo los elementos encargados de la preservación de la seguridad y el mantenimiento del orden, militares, policías, ministeriales, son a quienes se les atribuyen funciones de desapariciones.

“Funcionan por motu proprio; es decir, sin que se sepa realmente. Aunque no puedo hacer una afirmación contundente sin pruebas, actúan por motu proprio, y que piensan que las acciones delictivas que van a hacer no van a ser observadas por la sociedad civil. Entonces llevan a cabo fusilamientos, aparentemente, desapariciones, aparentemente y lo que ya no es tan aparente, el tema de los asesinatos de los estudiantes de la Normal Aytozinapa”, afirmó.

USO ARBITRARIO DE LA FUERZA

Con base en los testimonios de estudiantes que estuvieron presentes en los hechos, el abogado del Centro Tlachinollan refirió que fueron 20 los estudiantes detenidos y subidos a bordo de cinco patrullas municipales plenamente identificadas.

Los otros 35 desaparecieron durante la segunda agresión, en la que un grupo armado que viajaba en una camioneta RAM color rojo disparó contra los estudiantes, de acuerdo con sus testimonios.

En Guerrero, afirman los especialistas, la Policía Municipal participa de la mano de la delincuencia organizada, es decir, son miembros ipso facto y de derecho de la delincuencia organizada, y ellos autónomamente, cometen hechos totalmente antijurídicos al mero estilo de la delincuencia organizada.

“No le vamos a buscar mucho, hay dos actores que intervienen en la desaparición de los compañeros: un actor es la policía preventiva municipal y el otro actor es la delincuencia organizada, con grupos plenamente identificados en Iguala. Esos son los dos actores que intervinieron en la desaparición de nuestros compañeros y sobre ellos puede desplegar la actividad estatal”, detalló Robles.

Los expertos coincidieron también en el caso Tlatlaya, atribuible al Ejército –que presumiblemente se está investigando– y el de la Policía Municipal en Iguala, que bajo ninguna motivación alguna suponiendo que los estudiantes de Ayotzinapa pudiesen cometer algún delito, realizaron un uso excesivo de la fuerza que no justificaba que hayan accionado armas letales.

“Sin duda alguna, nosotros [Centro Prodh] hacemos un comparativo entre lo que significa Tlatlaya y los hechos en Iguala, consideramos que los dos son ejemplos excesivos del uso totalmente arbitrario de las fuerzas”, dijo Mario Patrón.

El experto en derecho penal agregó que “la Policía Municipal, extorsiona, secuestra, roba, saquea y comete cualquier tipo de atropellos. En muchos casos se ve cómo la federación ha tomado asuntos, que en un principio serían del orden estatal o municipal, y ha tratado de resolverlos, como es el caso de Tlatlaya que no se permitió la intervención de la policía estatal”.

Explicó que lo que significa es que “nuestras corporaciones, ya sean las fuerzas armadas, o en su defecto las corporaciones policiales, no están sometidas a mecanismos de control, supervisión, vigilancia y rendición de cuentas, de tal manera que sepan con toda claridad que todo acto arbitrario de uso de poder tendrá consecuencias”.

En este contexto, planteó Santa Rita Tamés, tenemos varios momentos que han ocurrido en pocas semanas en donde cuerpos de seguridad del estado cometen hechos ante todo, ante todas luces, antijurídicos.

“En este caso hay una tipificación de delitos. Tenemos homicidios calificados, algunos agravados, las conductas más graves, daños evidentes a propiedades, los autobuses, lesiones con los heridos y sobre todo, con los 57 desaparecidos, un delito de desaparición forzada de personas, que es un delito que en la tradición criminal de Guerrero por su propia realidad social y sus antecedentes que nos remontan a problemas y guerrilla de Lucio Cabañas, ha sido una constante en ese estado”, detalló.

El analista aseguró que “la división territorial que tenemos en el país, de estados y municipios ya no está respondiendo a las necesidades de procuración de justicia y prevención del delito, a través de la Policía Municipal”.

EL RIESGO: QUE APAREZCAN MUERTOS

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada establece que el delito de desaparición forzada implica la privación de la libertad por parte de agentes del Estado, seguido de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona. Por ello es que Edgar Cortez, investigador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), no duda en señalar este caso como una desaparición forzada.

“Aquí estamos en un caso claramente de desaparición forzada, con participación de autoridades”, dijo, y explicó que hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictan que en casos de desaparición forzada tiene que haber una actuación inmediata de las autoridades para localizar a los desaparecidos, porque entre más rápido se inicie una búsqueda hay más probabilidades de encontrarlos.

“No puedes esperarte para ver qué pasa, sino que de inmediato tienes que desplegar capacidades en operativos para tratar de dar con el paradero, porque si no eso puede tener una consecuencia mayor, que sería que al dejar pasar más tiempo pudieran perder la vida, lo cual sería muchísimo más grave aún”, consideró.

El abogado de Tlachinollan también expresó su preocupación frente a la lentitud con que están actuando las autoridades. “Lo que anticipamos es que pueda haber un atentado contra su vida, que mañana o pasado puedan aparecer privados de la vida. Ese es el escenario muy complejo que nosotros vemos que se puede venir si no se toman las medidas de prevención necesarias de parte del gobierno del estado y de los planes concretos de búsqueda”, dijo.

Por su parte, Mario Patrón reiteró que el tema de los jóvenes desaparecidos y denunció que “es en estos momentos en donde el Estado tiene que dar cuenta que sus máximas capacidades y encontrar a los jóvenes”.

“No podemos olvidar que pueden estar en riesgo sus vidas y su integridad física. En el caso de Iguala tenemos ya un antecedente de personas desaparecidas y posteriormente encontrados sus cadáveres por lo que el Estado debería encontrarlos y con vida y por eso la primer demanda con toda claridad son acciones de búsqueda y de localización eficientes  y a partir de esto, tutelar los derechos de las víctimas, de los que perdieron la vida, de los que resultaron lesionados”, comentó.

LA PROTESTA SOCIAL

No es la primera agresión que sufren los normalistas de Ayotzinapa, recordó Robles. El caso más conocido fue el del 12 de diciembre de 2011, durante un operativo fallido de desalojo en la Autopista del Sol, dos estudiantes fueron ejecutados y otros tres resultaron heridos de bala.

Además, de acuerdo con el centro Tlachinollan, se documentaron al menos 24 casos de detenciones arbitrarias, un caso de tortura y siete más de tratos graves e inhumanos. En una Acción Urgente, emitida el pasado domingo, la organización señaló que esos hechos permanecen en la impunidad.

“Consideramos un hecho grave y un hecho que se sale de los esquemas de represión que históricamente la Normal Rural de Ayotzinapa ha sufrido, que todo ha sido a manos de agentes estatales. Y ahora es un nuevo esquema de represión que también está costando trabajo poder enfrentar, poder hacerle frente, poder resolverlo”, comentó el abogado.

Por su parte, Cortez manifestó que bajo cualquier circunstancia es inaceptable una desaparición a manos de agentes del Estado, como la de los estudiantes.

“El hecho de que estos jóvenes hayan estado participando en estos y otros momentos en una serie de protestas en contra de las autoridades locales puede justificar una actitud de ‘revancha’ contra ellos […] nada de eso sería justificable, y nada de eso exime en absoluto la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a quienes cometieron la desaparición, así como poner todo su esfuerzo en localizarlos”, expresó.

Martín Patrón argumentó que “se nos ha olvidado que en nuestro país la protesta es un derecho en Guerrero y otras latitudes; [pero] se han instrumentado mecanismos legales, pero además prácticas policiales en donde se pretende restringir este derecho”.

Explicó que en Guerrero hemos llegado al extremo de restringirlo con una agresión artera por parte de la Policía pero debemos reivindicar que las autoridades tienen que garantizar el libre ejercicio de las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

EXIGEN ENCONTRARLOS

El subdirector del Centro Prodh advirtió que aunque hubo funcionarios que fueron detenidos, poco a poco han sido liberados, lo que “parece que justo la impunidad es lo que genera el contexto de agresividad de estos abuso tan claros por parte de la Policía, en este caso la Policía de Iguala”.

El Centro de Derechos Humanos consideró que se tiene que garantizar una investigación a fondo e imparcial por parte de la Procuraduría e incluso se deben esclarecer los móviles.

“Consideramos que se debe investigar a fondo si hay alguna acción, contubernio si sea por acción u omisión por parte de las autoridades municipales para la existencia de este tipo de grupos”, dijo Patrón Sánchez.

El abogado Vidulfo Robles, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusó que las autoridades estatales no han hecho una búsqueda exhaustiva de los estudiantes, además de que el gobierno federal ha sido omiso.

“Nosotros creemos que no existe una voluntad plena de hacer una búsqueda efectiva, amplia, de los compañeros. Estamos viendo una suma lentitud de parte del gobierno estatal; de parte del gobierno federal no vemos que se estén movilizando fuerzas federales. Estamos hablando de 55 estudiantes, no pueden desaparecer así como así”, expresó.

Asimismo, Mario Patrón aseguró que como Centro de Derechos Humanos que se se debe hacer frente a este contexto de desaparición y se tienen que implementar acciones de búsqueda y localización serias para dar con el paradero de los más de 50 jóvenes que hasta el momento se desconoce donde podrían estar.

“Existe la posibilidad de que estén huyendo, pero también existe la preocupación de que pudieran estar en manos de las propias autoridades municipales o en su defecto hasta con este grupo armado irregular por lo que podría estar en riesgo sus vidas y su integridad”, agregó.

En estos términos lo primero que tiene que garantizar el Estado y particularmente las autoridades estatales, la Procuraduría de Guerrero y subsecuentemente la PGR en virtud de que tiene una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Subrpocuraduría Jurídica y Derechos Humanos, se debería garantizar el paradero de estos jóvenes.

Subsecuentemente nosotros consideramos que Guerrero es un ejemplo muy claro de un contexto de impunidad sistemático. El caso de Ayotzinapa no es asilado, años atrás tenemos el contexto en donde otros dos estudiantes de la Normal Rural fallecieron en otro acto de manifestación en la autopista Chilpancingo-Acapulco. Esos hechos al día de hoy permanecen en la impunidad.

Edgar Cortez, investigador del área de Seguridad ciudadana y justicia del IMDHD, se expresó en el mismo sentido, al plantear que las autoridades no han actuado con la debida diligencia para dar con el paradero de los estudiantes.

El especialista lo atribuyó a una combinación entre incapacidad y negligencia por parte de las autoridades, y apuntó que las agresiones contra los estudiantes normalistas evidenciaron dos elementos: que la policía hace un uso indiscriminado de la fuerza y la violencia, y que las instancias policiacas y de procuración de justicia son incapaces de investigar las desapariciones.

“Si se sigue dejando correr el tiempo y no se localizan, la responsabilidad aumentaría. Habría una primera responsabilidad que sería haber generado la desaparición forzada y una responsabilidad más que sería la negligencia en términos de no buscar a las personas”, advirtió.