Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existen pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia.

De igual forma precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos.

Indicó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tienen justificación alguna”.

La semana pasada, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó que al menos ocho militares, entre ellos un oficial, declararon ante un juzgado militar sobre la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, independientemente de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por medio de un comunicado de prensa, el Ejército informó que los ocho militares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

“Estas acciones las realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”, dijo el documento.

Hace días, la revista Esquire reportó que el pasado 30 de junio, elementos del Ejército Mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero.

La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Sin embargo, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, una testigo presencial del suceso, declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.

Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.

Después de la historia de la agencia de noticias, la Procuraduría General de Justicia (PGR) emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

SENADO PIDE ESCLARECIMIENTO

El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, demandó el esclarecimiento de las 22 muertes registradas en Tlatlaya, Edomex, y los recientes asesinatos en Iguala, Guerrero.

Declaró que la obligación del Estado es mantener el orden y garantizar los derechos humanos.

“Esto incluye, de forma clara, frente a la sociedad, el respeto de las fuerzas del orden y de las Fuerzas Armadas. El caso Tlatlaya debe quedar esclarecido”, dijo el perredista.

PRONUNCIAMIENTO DE HWR Y AI

El director de la división para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado.

Además, Amnistía Internacional exigió una investigación “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”, sin la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el caso del asesinato.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró, a través del visitador Marat Paredes, que han tenido acceso a la averiguación previa y las necropsias, y también se encuentran investigando el caso.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que los militares repelieron una agresión armada y agregó que está dispuesta a colaborar para esclarecer el caso.

“(La dependencia) prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”, manifestó en un comunicado.