La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima el arrebato de las grandes empresas del viento, mar y tierra de comunidades indígenas en México, denunciaron representantes de grupos originarios de Oaxaca y Yucatán. Los integrantes de estas organizaciones afirmaron que dicha legislación los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales y elimina su capacidad de decisión democrática, por lo que frenan el desarrollo social.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Durante la implementación de proyectos mineros, parques eólicos y gasoductos, las comunidades indígenas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca no se benefician de ese desarrollo económico. En contraste, las empresas que operan en su territorio han pisoteado sus derechos humanos: arriban, no realizan una consulta libre, previa e informada a los habitantes, sobornan a las autoridades ejidales para despojarlos de las tierras que emplean para sus actividades económicas como la agricultura y afectan su identidad, cultura y medio ambiente, denunciaron miembros. Ante ello, reclaman una transición energética democrática, participativa y acorde con sus derechos sociales y ambientales. No están en contra de la energía, dijeron, sino de la forma en como se está procediendo.
Además, de acuerdo con la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima ese arrebato de su viento, mar y tierra; los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales, y elimina su capacidad de decisión democrática. Estas medidas, por sí mismas, frenan el desarrollo social prometido.
“No son proyectos de desarrollo para nuestras comunidades. No queremos ni necesitamos sus dádivas (renta de tierras). Vivimos de la pesca; somos campesinos”, aseguró Nashielli Valencia Nuñez, miembro de APOYO y habitante de Ixtepec. “Las empresas solo quieren llegar y adueñarse de todas nuestras riquezas para llevárselas incluso afuera del país”.
El primero de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó esta ley de ZEE e instruyó a la Secretaría de Hacienda a emitir los decretos de creación de las primeras tres zonas: la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, la de Puerto de Lázaro Cárdenas, y la de Puerto de Chiapas.
Ese cambio legal, “legitima un despojo de tierras de propiedad comunal. Perderlas es perder nuestra forma de vida. Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras, y los municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó Valencia Nuñez, miembro de APOYO. “Las ZEE van a tener un fuerte impacto en la región”.
Al estar dentro de la Zona Económica Especial, será posible expropiar las tierras sin límites. Aunque el artículo 30 de esa legislación declara esta ley como “de utilidad pública”, los “proyectos son pensados para empresas privadas”, expuso APOYO.
Asimismo, además de “obligarlos” a vender sus tierras al gobierno o a las compañías, “ellos decidirán su costo”; y, de acuerdo con el artículo 9 y 10, el presupuesto municipal “que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población, deberá subsidiar los servicios públicos que utilicen las empresas y estarán obligados a darles las facilidades para que ocupen su tierra, destruyan su cultura y medio ambiente”.
GORRAS Y TORTAS PARA LÍDERES EJIDALES EN YUCATÁN
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Pedro Regalado, integrante de la Articulación Social de Energía Renovable de Mérida, denunció que su comunidad de Ticul, al sur de Mérida, es víctima de “una colonización” porque la compañía india Vega Solar 1 les arrebatará, sin su consentimiento, 5 mil hectáreas de su territorio. “Vamos a perder los animales, los árboles, las plantas medicinales. Los mayas practicamos la medicina medicinal”, dijo.
Durante la primera subasta de energía renovable de la Secretaría de Energía (Sener), se autorizó a esta firma la construcción de dos parques solares.
“No nos preguntan si estamos de acuerdo. Nos enteramos cuando los proyectos ya están en proceso”, acusó Regalado. “Recién sabemos que [Ticul, Cuncumul y Motul] vamos a ser el segundo productor de energía solar en toda América Latina”.
Ezer May May, del pueblo mágico Izamal, Mérida, denunció que en Yucatán están en proceso nueve proyectos, entre eólicos y solares, y más de 20 empresas “están corrompiendo a las autoridades ejidales con prácticas clientelares: gorras, tortas y 800 pesos anuales por ejidatario. ¿Eso vale la tierra?”.
En Kimbilá, comisaría de Izamal, la empresa española Elecnor “negoció con el líder ejidal de forma oculta”. Firmó el contrato. Un año después de la llegada de esta firma, la comunidad maya se enteró que instalaría un proyecto eólico.
“La comunidad no quería firmar porque ponía en peligro sus aviarios y milpas donde cultivan. Tenían dudas ante la falta de explicación clara ya que los habitantes hablan maya. Pausaron la operación, pero hubo presión”, expuso May May.
OAXACA: ANIMALES MUERTOS, AGRICULTURA AFECTADA
En el Istmo de Tehuantepec hay agua y viento en cantidades importantes. En el 2002 se determinó que tiene un potencial para generar 33 mil mega watts de energía eólica, de acuerdo con el investigador y asesor de las comunidades indígenas, Alejandro Castaneida. El dato fue “el banderazo de salida para la inversión directa en la región”, dijo.
En el 2015 y en el marco del cambio climático, se implementó la Ley de Industria Eléctrica. El gobierno “abandonó” la responsabilidad de abastecer de energía al país y le pasó la estafeta a las empresas, expuso el científico.
La Secretaría de Energía (Sener) realizó el miércoles la segunda subasta de proyectos de energía renovable, entre los cuales se adjudicó el parque eólico “Gunaa Sicarú” (mujer bonita) en Oaxaca.
“Esta subasta se realizó una vez más violando los derechos humanos de la comunidad al imponer sus proyectos”, declaró en conferencia Betina Cruz, de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO).
En el Istmo de Tehuantepec, donde pegan vientos fuertes, hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil hectáreas. Pero, dijo Cruz, en ninguno de ellos se realizó una consulta previa e informada para implementarlos, por lo que viola sus derechos humanos.
“Para nosotros los vientos son parte de nuestra identidad como comunidad. Para ellos es un bien para hacer negocio”, determinó la mujer oaxaqueña. “Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró Betina Cruz, ya reconoció en un informe que la imposición acelerada de los proyectos eólicos en su territorio provoca “problemas de pérdida de identidad y conflictos sociales que ponen en riesgo su vida”.
El investigador Alejandro Castaneida destacó que desde la llegada de las empresas, la inseguridad ha aumentado en la zona. 80 ejecuciones en Juchitán. “La paz social está completamente rota. El miércoles hubo un asesinato. Están matando familias completas. Antes no pasaba”, afirmó.
Relacionado directamente con el conflicto entre habitantes y empresas, se tiene el registro de 60 personas criminalizadas o encarceladas. Héctor Regalado Jiménez, de la Asamblea Popular, fue asesinado.
También han desembocado conflictos ambientales: aves y murciélagos están muriendo al chocar contra las aspas de los aerogeneradores y la cuenca está perdiendo cuerpos de agua, lo que afecta la agricultura y otros elementos de su vida productiva.
El campesino Jesús Orozco, de Juchitán, contó que tuvo que rentar otro pedazo de tierra para que sobrevivieran sus animales de ganado ante la presencia de los aerogeneradores.
“Pero los empresarios mandan a exterminar a los que levantan la voz”, afirmó.
