La masacre de Tlatlaya marcó un antes y un después en el actual sexenio. Aunque el hecho fue sepultado, primero por la desinformación y luego por otro evento violento (la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), es considerada por organizaciones internacionales como una de las más grandes tragedias en México en materia de Derechos Humanos.

También puso en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en manos de fuerzas del Estado. Fueron militares los que participaron el 30 junio pasado en el operativo en el que murieron 22 presuntos delincuentes, varios de ellos ejecutados a mansalva. El Gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, defendió el operativo y congeló el caso por 9 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ahondó más su crisis interna, cuando su titular dijo, sin más datos que sus propios dichos, que había sido un enfrentamiento y no una ejecución sumaria.

El tema es más de fondo, coinciden los expertos. Por un lado está la oscuridad del caso y por otro, la promesa incumplida del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció en campaña sacar de las calles a los soldados.

Ciudad de México 30 de octubre de 2014 (SinEmbargo).– Lo que sucedió aquel 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, aún está impune. A cuatro meses de la ejecución de 22 personas, entre ellas adolescentes, las autoridades no han entregado resultados para deslindar responsabilidades y los mexicanos deberán esperan más para saber si habrá una investigación que no ha ido a fondo, coincidieron activistas y expertos criminólogos.

“Hay interrogantes que no se han resuelto. Las investigaciones no han llegado a puerto seguro. La población y grupos sociales quieren saber de quién fue la responsabilidad; como autoridades estaban obligados a hacer cumplir la ley y no lo hicieron. Al Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] le tomaron el pelo; creyó lo que le dijeron y yo creo que al sistema le ha costado reconocer su error. Todas las autoridades involucradas están en un predicamento para determinar quiénes son, con nombre y apellido, los responsables”, dijo el criminólogo Pablo Monzalvo Pérez.

Lo último que se supo sobre el caso fue que el 30 de septiembre (tres meses después del crimen). El Juzgado Sexto Militar dictó auto de formal prisión en contra de un teniente y siete soldados, al reconocer que dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados porque se trató de una ejecución sumaria.

El juez militar –con sede en el Campo Militar No. 1– determinó que existían pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes. Días después, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que consignaría por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento en una bodega del poblado San Pedro El Limón, en el municipio de Tlatlaya.

El Procurador Jesús Murillo Karam expuso entonces que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia y precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos. Agregó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tiene justificación alguna”.

Pero a cuatro meses de aquellos hallazgos, aún no se conocen mayores resultados de las pesquisas de la PGR.

“Tiene que haber una responsabilidad, a qué autoridad obedecieron, hay una cadena de mando, quién lo ordenó, no sabemos a qué nivel está esto, no sabemos qué pasó, donde claramente hay un responsable”, expuso Monzalvo.

Eruviel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles-Militares de la Universidad Iberoamericana, coincidió con Monzalvo.

“Hay una serie de conductas que no se investigaron por completo, no hay profundización en la investigación. No basta con señalar que no se aplicaron protocolos de operación del grupo que finalmente ultrajó y masacró a las personas que estaban en esa bodega, tanto la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] como la Procuraduría deberán ahondar en esa explicación: ¿Por qué se estaba realizando ese patrullaje por parte de los militares? Hay una falta de conocimiento por las cadenas de mando, no tenían el debido control sobre los elementos el ejercito. Lo que señala la Comisión, aunque lo quiso suavizar, es grave, porque dice que se cometieron delitos de lesa humanidad”, explicó.

Apenas el 21 de octubre pasado, casi cuatro meses después de la masacre, la CNDH reculó y emitió una recomendación a la Sedena, PGR y al gobierno del Estado de México por el caso Tlatlaya.

El Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, calificó este episodio como una de las “peores violaciones” a los derechos humanos. Antes, el 23 de septiembre, cuando ya habían pasado 85 días de la matanza, Plascencia dijo que “tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de 2 horas entre el Ejército y estas personas, se dispararon entre unos y otros”.

Esa versión fue la misma del Gobernador Ávila Villegas, quien pretendió defender al Ejército mexicano. Ávila ordenó reservar (congelar) durante nueve años la información referente al caso. Pero el Ombudsman nacional, cuestionado y presionado por grupos civiles por sus relaciones con el poder, modificó su análisis.

De acuerdo con el informe de la CNDH: “22 personas, incluyendo dos adolescentes de 17 años, fueron privados de la vida, siendo el caso que cuatro fueron heridos presumiblemente en medio del intercambio de disparos en un contexto de fuego cruzado. Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluidos dos adolescentes y, respecto de otras tres víctimas, no se pudo determinar la condición en que fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, lo que hace presumir también que fueron privadas arbitrariamente de la vida”.

Para Monzalvo, la población mexicana está pagando el precio de la decisión del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa de enviar a las tropas militares a las calles y de la actual administración de Enrique Peña Nieto, por no retirarlas.

“Estamos pagando el precio de como país darle al Ejército tareas que son de la Policía. El Ejército se hizo para defender la autonomía y soberanía de un país, no para combatir la delincuencia, su mentalidad es de guerra y esta no es una guerra, aunque la quieran llamar así. No es militar, es de seguridad social y ciudadana”, expresó Monzalvo.

Tirado indicó que las autoridades mexicanas no han revisado los esquemas de control y supervisión de las actividades de las fuerzas armadas y agregó que Tlatlaya debe redirigir la mirada hacia la relación civil-militar en México, pues al carecer de la debida supervisión y coordinación al interior de las fuerzas armadas, se abren espacios a la arbitrariedad.

CRIMEN DE ESTADO: ACTIVISTAS

Para Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), lo que sucedió en Tlatlaya es un crimen de Estado y está impune.

“Si no hay una limpia y un establecimiento y verdadero Estado de derecho, casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa serán a la orden del día y será atroz. El tratamiento que se le ha dado a este caso es sumamente grave, porque parece que el gobierno está del lado del crimen organizado y del crimen de Estado. Parece que van de la mano”, externó.

Sicilia Zardain planteó que en México existen muchos Tlatlayas que no fueron dados a conocer en su momento. Crímenes de Estado que quedaron impunes y de los cuales, la opinión pública sólo conoció el boletín oficial.

“Con toda seguridad hay más Tlatlayas. No sabemos lo que está pasando con el crimen organizado ni con el crimen de Estado. Falta que se investiguen todos los crímenes del Ejército y la Marina”, dijo en entrevista.

Francisco Cerezo, miembro de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México, coincidió con Sicilia.

“Tlatlaya es un claro ejemplo de una ejecución extrajudicial y no es un caso aislado, es una política del Ejército y del Estado”, detalló.

Estas ejecuciones, agregó Cerezo, datan desde la administración de Calderón Hinojosa (2006-2012).

“Pero no nos enteramos porque no hubo sobrevivientes que denunciaron, como ocurrió en Tlatlaya. Esto es una política dirigida desde las altas esferas del poder y para eso fueron entrenados”, expresó.

Cerezo insistió que sin sobrevivientes, sólo se conocería la versión oficial del Ejército y del mismo Eruviel Ávila.

EL GOBERNADOR OMISO

Sobre la actuación de Eruviel Ávila en el caso Tlatlaya, Javier Sicilia expuso que no sólo se le deben deslindar responsabilidades, sino exigir que renuncie por omiso.

“Un Gobernador que como [Ángel] Aguirre debe de salir, despedirlo, investigarlo. El caso de Eruviel es la misma historia, no queremos que se deslinden, queremos que se vayan, que se les investigue por omisión, por comisión y no merecen estar en ese puesto. Un Gobernador que no sabe lo que está sucediendo en su estado, debe ser juzgado por alta traición”, indicó Cerezo.

El activista agregó que debe de procesarse a los autores materiales e intelectuales del crimen y lanzó una pregunta al aire sobre Ávila Villegas: “¿A lo mejor está metido en eso? Él aplaudió tanto la actuación del Ejército”.

A principios de este mes, el mandatario mexiquense fijó su posicionamiento sobre el tema desde el Palacio de Gobierno de Toluca. Pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a SinEmbargo, un día después, que Ávila Villegas debería ser el primero en exigir que se transparente y resuelva el caso de Tlatlaya para limpiar su imagen, pues fue pieza clave en la “operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido”.

“Me sorprende la actitud del Gobernador del Estado de México, él debería estar muy molesto y muy preocupado con lo que ocurrió, porque evidentemente él fue una pieza clave en esta operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido y para engañar a la opinión pública nacional e internacional respecto de esta masacre”, dijo Vivanco en entrevista.

Eruviel Ávila, añadió, tendría que demostrar que no tuvo nada que ver en la versión oficial, que por casi tres meses se hizo creer a la opinión pública.

Para Vivanco, el Gobernador debería exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias, no sólo esclarecer quiénes fueron los autores directos o indirectos de la masacre, sino de todos los que encubrieron los hechos.

“Porque él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre, estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el Ejercito, en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, recordó.

Vivanco prosiguió: “Esa fue la versión oficial. No tenemos elementos, antecedentes como para acusar al Gobernador de ser encubridor de estos hechos, porque no tenemos la evidencia de quién le comunicó esta información al Gobernador y quién lo llevó a él, al igual que al Procurador, a sostener la misma versión del Ejército. No sabemos simplemente si lo hicieron porque querían quedar bien con el Ejército, porque acostumbran a repetir las versiones oficiales que provienen del Ejército y entienden que esa es su función, lo hicieron porque alguien les informó que esa era la única posibilidad y que no habría una investigación seria y que la posición era cerrar el capítulo y punto”.

Horas después de lo ocurrido en el Edomex, las primeras declaraciones del mandatario fueron: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.

El Gobernador del Estado de México felicitó a los militares por su actuación en Tlatlaya y lamentó la pérdida de vidas humanas.

Pero la revista Esquire publicó el testimonio de un testigo identificada como Julia, quien presenció la masacre:

“Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’.[…] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En tanto, la agencia de noticias The Assoaciated Press dio cuenta del testimonio de otra mujer, quien relató cómo dispararon y asesinaron a su hija Érika Gómez González, de 15 años.

“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió a la agencia de noticias estadounidense.