Por Mayela Sánchez, Laura Cordero, Shaila Rosagel, David Martínez e Ilse García

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Mañana se cumplen dos años de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, y se llega también al segundo aniversario de la jornada de protestas que, por ese evento, comenzó en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y e hizo crisis frente al Palacio de Bellas Artes, al desatarse un choque entre manifestantes y policías. Esto derivó en casi un centenar de detenciones, cometidas de forma arbitraria, indiscriminada y violenta por parte de policías del Distrito Federal, como documentaría meses después la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Con la jornada de ese día –que en las redes sociales se bautizó como #1DMX– se inició también una nueva estrategia de intervención policial en las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal, desde que la izquierda tomó el poder político de la capital del país en 1997.

La izquierda que ha gobernado la Ciudad de México por 17 años se endureció en los últimos dos y “e un gobierno tolerante pasó a uno policial y represor”, coincidieron activistas y representantes de organizaciones sociales.

Las policías de la Ciudad de México han desplegado desde el 1 de diciembre de 2012 operativos donde sobresalen la violación de los derechos humanos y la criminalización de quienes protestan, y que se han replicado en varias ocasiones en estos 24 meses, destacaron los defensores de las libertades civiles.

El caso más reciente se dio el del pasado 20 de noviembre, donde además se recurrió por primera vez al derecho penal como un mecanismo de inhibición de la protesta, expuso el abogado Daniel Antonio García Huerta, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), una de las organizaciones civiles que colaboraron en la defensa de siete de las 11 personas que fueron detenidas ese día y posteriormente consignadas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa.

Los 11 detenidos –tres mujeres y ocho hombres, uno de ellos de nacionalidad chilena– fueron liberados ayer, 29 de noviembre, luego de que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió el auto de libertad “por la falta de elementos en su contra”.

Los defensores de esos detenidos habían denunciado desde el mismo 20 de noviembre que las aprehensiones se hicieron de forma arbitraria, con uso excesivo de violencia y que en ningún caso ocurrieron en flagrancia de los delitos que se les imputaban.

La versión de las autoridades se basó en las declaraciones de cinco policías federales, según los cuales a los 11 se les detuvo en flagrancia. Entre los elementos que el Ministerio Público federal consideró para imputar los cargos destacaban el que los manifestantes supuestamente gritaban consignas como “¡Muera Peña!” y “¡Muera el PRI!” y, supuestamente, entre ellos se llamaban “compas” o “compañeros”.

Dado que los delitos que se les imputaron eran graves, los 11 fueron trasladados –incluso antes de que pudieran tener comunicación con sus defensores– a penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz.

“Lo que me parece que hace distinto el caso del 20 de noviembre es que la consignación y las acusaciones cada vez son más fuertes: la imputación de delitos federales, la imputación de terrorismo (hecha inicialmente, pero luego eliminada), la imputación de tipos penales y el traslado a penales federales sin duda complican la situación y la propia defensa”, consideró el abogado.

García Huerta expuso que tanto el 1 de diciembre de 2012 como en las marchas posteriores se dieron detenciones y procesos en el ámbito local, en el fuero común.

“Era un mecanismo duro pero digamos que [los detenidos] podían llevar el proceso en el Distrito Federal o en los lugares donde los detuvieron”, planteó. “Me parece que esa es una de las diferencias: el incremento del uso del derecho penal como un mecanismo político para la restricción indirecta de los derechos humanos”, añadió.

De acuerdo con Ricardo González, coordinador del Programa Internacional de Protección de Artículo 19,  el manejo de las manifestaciones sociales cambió a partir del 1 de diciembre de 2012 y señaló que la Agrupación de Granaderos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) reproduce un “patrón de represión y vulneración sistemática” de los derechos a la libertad de expresión, manifestación y asociación.

El abogado García Huerta coincidió con ese señalamiento, pues refirió que si tras dos años del #1DMX no ha habido un cambio de dirección en las políticas de actuación de las autoridades y siguieron dándose casos de detenciones arbitrarias, “lo único que provoca es que exista un patrón”.

“La repetición de estos actos, la repetición de detenciones arbitrarias que empiezan a conformar un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos en un contexto de criminalización de la protesta”, dijo.

EL CASO SANDINO

El viernes pasado, otro caso de detención ilegal sacudió a la comunidad universitaria y a las redes sociales.

Sandino Bucio Cué, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue detenido en la vía pública por agentes federales en el sur de la Ciudad de México, quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo. Durante horas no se supo de su paradero, pero su arresto ilegal fue documentado en un video publicado en YouTube.

Sandino fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y liberado horas más tarde.

Ayer ofreció una conferencia de prensa donde narró “las cuatro peores horas de su vida”, mismas que sucedieron mientras lo trasladaban a las instalaciones de la dependencia federal.

En las inmediaciones del Monumento a la Revolución, dijo el estudiante, lo pasaron del auto gris al que lo subieron originalmente a una camioneta de color negro. “Ahí se subió otro sujeto al que le decían ‘El Jefe’, él fue el que más me golpeó el rostro […] Me decía que me iba a violar, que me iba a desaparecer, que me iba a llevar a una bodega”, expuso.

El joven narró que los hombres lo sometieron mientras que “El Jefe” lo golpeaba y le arrancaba un pedazo de cabello, mientras lo amenazaba con violarlo y le exigía que revelara dónde estaba la droga y las bombas.

“Donde más sentí miedo fue una parte en que ellos decían que ya los estaba siguiendo un policía de la PGR [Procuraduría General de la República] y se tenían que ir en chinga”, aseguró y describió cómo el auto comenzó a acelerar su marcha porque al parecer huían de otros policías. Mientras que los sujetos no se ponían de acuerdo a dónde llevar al estudiante.

Narró que al llegar a la SEIDO escuchó que les pidieron entrar lento para no levantar sospechas. Ya en las instalaciones le limpiaron la sangre, lo peinaron, le cambiaron la playera ensangrentada: “Me dijeron que si me preguntaban qué me había pasado que dijera que me había caído”.

“Me dijeron que yo era poca cosa para ellos, porque ya se habían enfrentado con Los Zetas y que le habían dado un susto a los Guerreros Unidos, que entonces desaparecer a un estudiante no era problema”, contó a la prensa.

CRONOLOGIA DE ABUSOS

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que agrupa a una decena de organizaciones civiles que promueven la defensa de los derechos humanos -entre ellas Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- publicó en abril pasado un informe donde da cuenta de los que considera como retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.

El documento, titulado Control del espacio público, ofrece una descripción de eventos, desde el 1 de diciembre de 2012, donde ocurrieron abusos por parte de agentes del Estado, tanto durante las detenciones como en los procesos de procuración de justicia.

Con base en esa información, así como con datos recogidos de la prensa, se presenta a continuación una cronología de hechos que han ocurrido en estos dos primeros años relacionados con abusos en contextos de protesta social en la capital del país:

1 diciembre de 2012: En el contexto por la toma de protesta de Peña Nieto, hubo enfrentamientos entre policías federales y capitalinos y manifestantes afuera del recinto legislativo de San Lázaro, y luego en Eje Central y Avenida Juárez, y afuera de Palacio Nacional. La SSPDF participó con 5 mil 172 policías y 195 vehículos.

Hubo 99 detenidos, 12 de los cuales eran menores de edad, sin que se demostrara que fueron detenidos en flagrancia.
Se documentaron seis casos de tortura, en tres de los cuales se aplicaron shocks eléctricos, así como la fabricación de delitos, además de irregularidades en los procesos de detención.

10 de junio de 2013: En la marcha conmemorativa por los hechos violentos del 10 de junio de 1971, conocido como “Halconazo”, la SSPDF acompañó el recorrido con más de mil policías. Ese día hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía capitalina en el Zócalo, que derivó en la detención de 27 personas, algunas de forma arbitraria. Casi todos los detenidos fueron liberados con el beneficio de libertad bajo caución. Sólo Gabriela Hernández, conocida como Luna Flores, fue reingresara y procesada.

1 de septiembre de 2013: En el marco del Primer Informe de Gobierno de Peña Nieto se desplegó un amplio operativo de la SSPDF. Desde temprano se ordenaron encapsulamientos y detenciones arbitrarias. Fueron detenidas 16 personas durante las protestas. Esta vez, una de las estrategias usadas por la policía para dificultar la organización ciudadana para defender a los detenidos fue remitirlos a distintos Ministerios Públicos, a fin de dispersar la exigencia por su liberación.

13 de septiembre de 2013: El desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo, donde desde el 20 de agosto mantenían un plantón en protesta contra la Reforma Educativa, dejó un saldo de 32 detenidos y por lo menos un centenar de heridos.

Para el operativo fueron desplegados 3 mil 600 elementos de la Policía Federal, quienes intervinieron con gases lacrimógenos y tanquetas de agua. Tras varios enfrentamientos entre policías, maestros y manifestantes que se solidarizaron con los profesores, se realizaron detenciones, algunas de forma arbitraria y con un uso desproporcionado de la violencia por parte de los elementos policiacos. Los detenidos fueron liberados hasta dos días después.

2 de octubre de 2013: La marcha para conmemorar la masacre de estudiantes de 1968 terminó con enfrentamientos e intercambio de proyectiles entre granaderos y personas que, en su mayoría, se encontraban con el rostro cubierto, en las zonas de la Alameda Central y Bellas Artes. En total fueron detenidas 102 personas y al menos 32 resultaron lesionadas. Muchas de las detenciones se hicieron por policías vestidos de civil, además de que hubo agresiones directas por parte de policías contra manifestantes pacíficos. Los ataques directos incluyeron a periodistas y defensores de derechos humanos que estaban documentando las violaciones dentro de la marcha.

1 de diciembre de 2013: Al cumplirse el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se realizó una marcha hacia el Zócalo. Si bien durante la marcha no se registraron incidentes, durante todo el recorrido al menos 100 agentes de la Policía de Investigación, vestidos con ropa negra y equipo de comunicaciones, fueron siguiendo a los contingentes, particularmente a aquéllos formados por jóvenes. Ese día, la SSPDF desplegó 4 mil 700 elementos.

Al finalizar la marcha y el mitin se registraron actos violentos en las calles de José María Izazaga y Chapultepec, y frente a las instalaciones de Televisa. Ahí, un grupo de personas con los rostros cubiertos arrojó piedras a las instalaciones de la televisora, lo que detonó que un grupo de policías y granaderos arremetieran contra ellos, pero también contra los periodistas que documentaban los hechos.

En total 14 personas fueron detenidas, entre ellos una periodista que se identificó plenamente ante los policías, y varios menores de edad. Otros dos periodistas fueron agredidos y robados. La mayoría de los detenidos fueron liberados por la tarde-noche de ese mismo día; tres fueron acusados de daño a la propiedad y liberados bajo caución al día siguiente.

22 abril 2014: En el marco de la marcha realizada con motivo de la discusión en el Senado de la iniciativa en materia de Telecomunicaciones, se registraron agresiones por parte de la policía contra los manifestantes, Las agresiones consistieron en despliegues y formaciones policiales excesivas, intimidación, agresión directa a manifestantes y detenciones arbitrarias a personas que no se encontraban realizando ninguna conducta delictiva.

10 de junio de 2014: En la marcha conmemorativa por el “Halconazo”, personas con los rostros cubiertos agredieron a reporteros y fotógrafos que documentaban como éstos destruían mobiliario urbano y vandalizaban fachadas de negocios. Esta vez no hubo resguardo policiaco durante la manifestación. En las anteriores movilizaciones, muchas de las denuncias de las detenciones arbitrarias se hicieron públicas gracias a imágenes y vídeos tomados por los medios o por los ciudadanos.

8 de noviembre de 2014: Al término de una manifestación pacífica por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, un grupo de jóvenes –la mayoría con los rostros cubiertos– tiraron las vallas que resguardaban el edificio de Palacio Nacional. Los escasos elementos de seguridad que resguardaban el recinto se retiraron, mientras los jóvenes hacían pintas en la puerta principal, la que después intentaron derribar usando las vallas y, finalmente, le prendieron fuego. Fue entonces que llegaron los granaderos de la SSPDF y se desató un zafarrancho entre éstos y los inconformes.

En las inmediaciones del lugar, se detuvo a una veintena de personas, incluidos un reportero y dos menores de edad. Algunos denunciaron que fueron detenidos de forma arbitraria, y que fueron agredidos durante la detención y el traslado a la SEIDO. Todos fueron liberados.

20 de noviembre de 2014: Tras una multitudinaria movilización por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que confluyó en el Zócalo, hubo enfrentamientos entre personas con los rostros cubiertos y policías federales y granaderos. Los policías comenzaron a desalojar el Zócalo, agrediendo a personas ajenas a los actos de violencia, que aún se encontraban en la plancha del Zócalo, y haciendo detenciones que han sido denunciadas como arbitrarias. Por la mañana de ese día, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se enfrentaron granaderos de la SSPDF con jóvenes con los rostros cubiertos quienes lanzaron palos, tubos, piedras y bombas molotov a los policías. En total, ese día fueron detenidos 31 personas, pero sólo 11 fueron consignados por delitos graves. El sábado 29 de noviembre, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas en su contra.

¿Y LOS RESPONSABLES?

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha señalado que a partir del 1 de diciembre de 2012, se ha incrementado la cantidad y afluencia de las protestas sociales, pero también ha crecido el número de detenidos durante las manifestaciones y de presos por motivos políticos.

El defensor de los derechos humanos Jesús Robles Maloof refirió en su columna del pasado 28 de noviembre, publicada en este sitio digital, que desde el 1DMX aproximadamente 649 personas han sido detenidas en el contexto de una protesta social, sin que en ningún caso se haya podido probar su responsabilidad por algún delito. A ellos habría que sumarle los 11 detenidos y liberados del 20 de noviembre pasado.

En contraste, la policía capitalina ha cometido más de mil 340 de abusos en el contexto de una protesta en el mismo periodo, pero sólo un granadero ha sido sancionado eficazmente hasta ahora, de acuerdo con Robles Maloof.

El 10 de abril de 2013, tras cinco meses de los hechos del 1DMX, la CDHDF emitió una recomendación por los hechos violentos del 1 de diciembre de 2012, en donde señaló que hubo “brutalidad policiaca”, que llegó al extremo de la tortura en varios casos; detenciones arbitrarias, incluyendo el hecho de que muchos fueron detenidos horas antes de los disturbios, en lugares alejados y luego acusados de haber participado en los mismos; falsedad en las declaraciones de los policías; y violación al debido proceso, pues a pesar de que el Ministerio Público excedió el plazo para consignar a los detenidos, la jueza consideró legales las detenciones.

Por lo anterior, la CDHDF señaló irregularidades en la actuación de la SSPDF, la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios del DF, y entre sus recomendaciones incluyó iniciar investigaciones internas para responsabilizar y sancionar a los servidores públicos involucrados.

En el caso de la SSPDF, también le recomendó modificar sus protocolos de actuación en manifestaciones y los protocolos de actuación con personas detenidas.

Las dependencias aceptaron prácticamente todas las recomendaciones hechas, sin que a la fecha exista evidencia de su cumplimiento. En el portal de la CDHDF sólo se asienta que les está dando seguimiento.

Pero los elementos policiales y los involucrados en el proceso de procuración de justicia no son los únicos actores sobre los que no se ha aclarado la responsabilidad en dos años. También están los grupos de encapuchados que han protagonizado las agresiones a los policías, los actos vandálicos y, en el caso del 10 de junio pasado, las agresiones a reporteros y fotógrafos.

“Son episodios de violencia que nunca son aclarados, hemos pedido que se aclare  y que se haga justicia y no que lo sigan utilizando para desvirtuar la protesta civil y pacífica. Ha sido la manera de actuar, promover o por lo menos no castigar los hechos de violencia con el propósito de deslegitimar todo”, dijo Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Miguel Moguel Valdés, investigador de Fundar, señaló que el Estado tiene la obligación de investigar, presentar pruebas y evidencia, sin criminalizar al resto de los manifestantes que acuden de manera pacífica a las movilizaciones. En consonancia, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, se sumó a la exigencia de conocer quiénes son los grupos que se infiltran en las marchas pacíficas, y que en algunos casos se han identificado como “anarquistas”.

“Desde 2012 están y no sabemos quiénes son esos grupos, quién los financia, porqué los promueven. En los últimos dos años, [más de] 460 personas han sido acusadas de violentar la ley en manifestaciones y no les han encontrado ningún cargo. Llevamos dos años viendo la presencia de este tipo de personas y sin que la sociedad sepa el origen de estos grupos”, cuestionó.

A decir de Daniel Gershenson, activista y presidente de Alconsumidor, el origen de dichos grupos es muy nebuloso, pero existen sospechas fundadas de que son “infiltrados que participan en estos eventos para reventarlos, para sembrar dudas, para sembrar miedo”.

En su opinión, el uso de estos grupos es la necesidad de una “respuesta fácil” del gobierno, tanto capitalino como federal, ante las protestas sociales, que no saben como contener ni encauzar.

“Esta tentación que tuvieron los partidos totalitarios […] esta tentación de inculpar a grupos que pertenecían a fuerzas de choque, si bien la pretensión ya no es exterminar al enemigo, sí lo es desprestigiar a estos movimientos que son ciudadanos y que escapan al control de las tribus tradicionales”, expuso.

Concha Malo llamó a la sociedad a no sentirse inhibida por actos como el del 20 de noviembre, sino motivada a ejercer su derecho a la protesta.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se sumó a ese llamado al exhortar a la gente a salir a manifestarse el próximo 1 de diciembre y exigir el respeto a la libre protesta.

Pérez García fue uno de los manifestantes que fue agredido por los granaderos el 20 de noviembre, cuando se encontraba con su hijo de tres años y otros familiares.

A pesar de la agresión que sufrió, defendió su derecho a sale a la calle a manifestarse.

“Manifestarse es un derecho, no podríamos arrinconamos en nuestra casa por miedo. Yo volveré a salir con mi familia y es obligación del Estado mexicano garantizar nuestra integridad. A la autoridad le toca desarrollar las acciones preventivas para evitar la represión que sucedió el 20 de noviembre”, afirmó.