Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La obesidad en México dejó de ser únicamente un problema de salud pública para convertirse en una epidemia que afecta al presupuesto público, el bolsillo de las familias y la competitividad del país.

Con 60.6 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población con obesidad o sobrepeso, los costos de la diabetes mellitus tipo 2, sólo uno de los padecimientos relacionados con estas condiciones, causa un menoscabo en la sociedad de 85 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“El sobrepeso y la obesidad generan las condiciones para que se desarrollen enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, del riñón, del hígado, daños a las articulaciones, huesos, músculos, incluso depresión”, dijo en conferencia de prensa Fátima Masse, consultora de la institución.

Para lograr estas proyecciones, los expertos del IMCO tomaron únicamente datos oficiales relacionados con la diabetes 2, el padecimiento más común relacionado, el cual deja anualmente 59 mil 83 fallecimientos (45 por ciento de ellos, de personas en edad reproductiva).

“Como en la mayoría de nuestras investigaciones, la falta de información fue un gran reto, por eso sólo pudimos medir los impactos de la diabetes mellitus atribuible al sobrepeso y la obesidad”, explicó Masse. Dichos datos los obtuvieron de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en donde encontraron que del total de casos relacionados con la obesidad, más de 8 millones 599 mil afectados, un 49 por ciento no ha sido diagnosticado. “Son personas que llegarán al médico hasta que tengan complicaciones avanzadas y el tratamiento será más costoso y complicado”, dijo.

El documento titulado “Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México” proyectó a través de las tarifas hechas públicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que de los 85 mil 24 millones de pesos que cuesta la diabetes a la sociedad, un 73 por ciento se destina al tratamiento médico; el 12 por ciento son las pérdidas por ausentismo laboral y los 10 millones restantes por muerte prematura.

La cifra total se equiparó con la mitad del presupuesto asignado a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La punta del iceberg”

Fátima Masse, especializada en temas de Desarrollo Urbano, explicó también que en 2012 México fue el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tuvo mayor crecimiento en el gasto del sector salud. “No es nada más un tema de salud pública sino que está generando pérdidas económicas muy cuantiosas y además es un factor que puede reducir la competitividad del país”, dijo.

“Esto podría ser solamente la punta del iceberg porque estamos tomando un padecimiento asociado con la obesidad y no el resto de las enfermedades”, explicó acerca de las cifras anteriores.

Durante la presentación del estudio precisaron que a diferencia de la Secretaría de Salud, el IMCO tomó en cuenta también las pérdidas por ausentismo laboral, las cuales ascienden a más de 12 mil millones de pesos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reportó el año pasado que sus empresas pierden 11 mil 500 millones de pesos por enfermedades crónicas degenerativas, al respecto, la experta dijo: “Un trabajador enfermo no se desempeña de la misma manera en la que lo hace un trabajador sano, esto reduce la productividad”.

“Traducido en indicadores laborales son también pérdidas considerables, en un año se pierden más de 400 millones de horas laborales y esto se traduce en 184 mil empleos de tiempo completo, que equivale al 32 por ciento de los empleos formales que se crearon en 2014, y estos costos recaen no solamente en las empresas si no también en las familias”.

Para calcular el peso que recae en los bolsillos de la población afectada, cuyo 66 por ciento de los adultos trabajadores declaró en la Encuesta Nacional de Educación y Empleo que no tenía acceso a los sistemas de salud, compararon los casos de dos personas obesas de 45 años, una que tras asistir al médico y ser diagnosticado como pre-diabético cambia sus hábitos, y otra que continúa con el mismo estilo de vida.

Por los costos de la medicina, estudios de laboratorio y consultas médicas, un paciente obeso que desarrolla diabetes, neuropatía, osteoartritis, entre otras afecciones gastaría casi 66 mil pesos anuales. En comparación, quien optó por una transformación en sus costumbres, desembolsará poco más de 3 mil pesos al año; es decir, “es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada, visto desde la perspectiva del gobierno, la mejor inversión que puede hacer, en lo que se puede ir el dinero público, es en detectar estos casos de personas pre-diabéticas, y revertir su condición a través de dietas saludables, más ejercicio y control metabólico”, dijo Masse.

“A nivel individual, esto se puede convertir en un verdadero drama familiar, porque puede llevar a una familia a la bancarrota, puesto que los costos promedio de tratamiento médico para una diabetes complicada superan el ingreso de un mexicano promedio, que ronda alrededor de los 61 mil pesos”, continuó.

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS

“La obesidad es un problema multifactorial y se debe tratar como tal. Las causas directas de la obesidad son los estilos de vida poco saludables en donde se combina mala nutrición con poca actividad física, sin embargo hay una serie de causas subyacentes que influyen en estas causas directas. En el tema de la nutrición, hay baja disponibilidad de alimentos saludables y poco tiempo para cocinar. No hay suficiente educación para saber cómo llevar una dieta saludable, hay ciertas inclinaciones culturales, un bombardeo publicitario que incentiva la alimentación con productos nocivos.

Para la actividad física falta infraestructura pública, poco tiempo libre, una tendencia por adoptar estilos de vida sedentario y la inseguridad también influye”, destacó la representante del IMCO.

En 2013 el gobierno federal reconoció al sobrepeso y a la obesidad como una emergencia sanitaria y se creó la Estrategia Nacional para el Combate contra estos males, así como el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, para vigilar su cumplimiento.

Como parte de los observadores, el IMCO destacó aspectos positivos de las políticas implementadas,  como el impuesto a bebidas azucaradas, la cual calificaron como “muy exitosa”, al superar la meta proyectada de 18 mil millones de pesos de recaudación, con más de 28 mil y medio mdp. Para 2015 esperan llegar a los 33 mil millones.

Sin embargo, para atacar la descrita como una epidemia que afecta al 73 por ciento de los adultos y el 35 por ciento de los niños y adolescentes mexicanos, y que además es su principal factor de riesgo de discapacidad o muerte, no han sido suficientes estos impuestos, el cambio en etiquetado con información nutrimental, las limitantes a la publicidad enfocada al público infantil y las acciones en las escuelas, coincidieron.

Para ello proponen, en primer lugar, destinar mayores recursos públicos a la prevención del sobrepeso y la obesidad; establecer un criterio único para definir qué productos son saludables bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud; la creación del Sistema Nacional contra la Obesidad; impulsar acciones para aumentar la actividad física y evaluar la calidad de los servicios médicos.

Por su parte, el médico Miguel Herrera, de la Clínica de Obesidad del Hospital ABC, refirió que este tipo de estrategias propuestas tendrían un mayor impacto en las personas que tienen sobrepeso y grados bajos de obesidad, pero “aquellos que tienen grados mayores quizá requieran de otros tipos de tratamiento como son, además de la dieta y el ejercicio, medicamentos o incluso procedimientos quirúrgicos”.

Sugirió evaluar de la misma manera este tipo de alternativas y su influencia en la mortalidad, lo cual podría hacer que las autoridades aumenten la cobertura hacia pacientes con obesidad, pues el tratamiento quirúrgico no ese ofrece en muchas de las instituciones públicas y privada.

“Algunos estudios realizados fuera del país han demostrado también que tienen un balance positivo en cuanto al costo beneficio, pues con una pequeña inversión se puede lograr no sólo un gran beneficio en salud, sino un gran beneficio económico”, concluyó.