Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Carlos Chávez, chofer de la pipa de gas que originó la explosión el jueves pasado en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, fue puesto a disposición de un Juez de Control, mientras que sus dos acompañantes quedaron en libertad.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informaron que este sábado se realizó la audiencia de control de legalidad en una sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

El agente del Ministerio Público solicitó calificar de legal la detención de Carlos Chávez, chofer de la pipa de la empresa Gas Express Nieto, quien continúa hospitalizado debido a las lesiones que sufrió por la explosión.

Durante la audiencia estuvo presente el abogado del imputado, quien solicitó al juez tome en consideración la necesidad de que su representado esté presente y exponga lo que a su parecer convenga.

Al respecto, el Juez de Control se abstuvo de decretar la legal detención, toda vez que consideró indispensable la presencia del imputado, por lo que difirió la audiencia para formular la imputación.

Respecto a los ayudantes del chofer de la pipa, Julio César Martínez y Salvador Alatorre, el Ministerio Público decretó su libertad por falta de elementos que demuestren su presunta responsabilidad en los hechos.

Cabe señalar que por los datos de prueba existentes se prevé que el Juez de Control decrete en breve la legal detención de Carlos Chávez y en consecuencia se le vincule a proceso, una vez cumplido el plazo constitucional de 72 horas.

Ayer la PGJDF confirmó que la investigación sobre la explosión de la pipa será turnada al Tribunal Superior de Justicia capitalino donde se presentaría de manera formal la acusación contra los operadores de la pipa, pero no contra la empresa.

Gas Express Nieto firmó contratos con la empresa en 2013 para abastecer de combustibles a 37 clínicas y hospitales locales.

Autoridades de la Procuraduría informaron que los operadores de la pipa ya habían rendido su declaración ante el agente del Ministerio Público, la cual se integró a la indagatoria.

En consecuencia, el representante social solicitó audiencia al Juez de Control para presentar de manera formal la acusación contra esas personas por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Ayer por la mañana, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, informó que los operadores enfrentarán esos cargos. Tampoco mencionó a la empresa Gas Express Nieto que tiene una larga historia de accidentes.

Los dictámenes periciales en materia de incendios, explosivos, criminalística y fotografía, entre otros, también fueron entregados al agente del Ministerio Público.

En su declaración, los imputados sostuvieron que los hechos ocurrieron por una fuga de gas en la manguera de la pipa, la cual trataron de controlar con trapos y al notar la dificultad de la maniobra solicitaron apoyo al personal de seguridad del nosocomio.

Indicaron que minutos después arribaron al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos y posteriormente se generó la explosión que afectó a las instalaciones del hospital, en las que en ese momento se encontraban al menos 120 personas.

Este viernes Miguel Ángel Mancera dijo que “está en el análisis jurídico, de parte de la Secretaría de Salud y de todas y cada una de las obligaciones contenidas en sus cláusulas”.

Es decir, podrían retirarle los contratos firmados en 2013, pero no tiene las mismas acusaciones que los empleados, quienes serán llevados a juicio por homicidio y los daños causados al hospital. El mismo Julio Larrondo, subdirector de Gas Express Nieto, dijo ayer viernes que esperan el dictamen oficial para saber si existe una “responsabilidad compartida”.

Incluso Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener), también dijo que la operación total de la empresa Gas Express Nieto no está en riesgo.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que “de encontrarse responsabilidades” sólo se revocaría el contrato de la planta a donde pertenecía la pipa.

“La sanción máxima es la revocación del permiso a la planta a la que está adscrita la pipa, no la totalidad de la empresa, hay sanciones de corte económico como hasta 225 mil veces”.

Coldwell reconoció que “la empresa sí ha sido sancionada en otras ocasiones por distintas faltas de corte administrativo”. Aunque dijo la pipa que ocasionó la explosión el día de ayer había sido verificada en mayo del 2014 por una unidad privada, que había dado un dictamen favorable el cual tiene una vigencia de un año.

“Lo que ha habido son visitas. La empresa sí ha sido sancionada en otras ocasiones por distintas faltas de corte administrativo pero no podríamos considerar específicamente este número de fugas […]. Desde irregularidades de los permisos hasta fallas encontradas en estaciones de carburación, por ejemplo, o algunos vehículos no registrados, en fin. Distintas anomalías en ese sentido”.

-Con información de Notimex