La creación de las asociaciones público privadas, una figura para “realizar cualquier esquema para establecer una relación contractual a largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado”, tanto en el gobierno federal, como en los estados, ha venido a cambiar, y no precisamente para bien, la forma de hacer obra en los gobiernos, y la manera de endeudarse.

La idea fue que ante la falta de recursos en lo inmediato y para no afectar las economías de los gobiernos, estos pudiesen establecer relaciones contractuales con empresas privadas para que desarrollaran ciertos proyectos, ciertamente costosos, pero de necesidad apremiante para la población. El gobierno entonces se compromete a pagar en amortiguados pagos, la obra y el beneficio económico para la compañía.

El problema como siempre, es la corrupción gubernamental que en México se hace muy poco por erradicarla, particularmente en este sexenio el cual erige barreras legislativas y de procesos para no terminar la instalación al cien por ciento de un sistema anticorrupción, y de sistemas de transparencia y acceso a la información que garanticen no solo la aplicación de la Ley, cuanto más la supervisión ciudadana sobre el debido actuar gubernamental en programas, obras, y el ejercicio del gasto del recurso público, entre otros.

Inmersos en un gobierno corrupto, el mal ejemplo cunde. No solamente el Gobierno federal es sujeto de sospechas, muchas veces con pruebas a la vista, dela deficiencia de la aplicación del gasto pública, o de la inversión del mismo en amigos, cuates y empresas afines que reportan porcentajes sobre el dinero ejercicio (caso Odebrecht, estafa maestra, etc.), también los gobiernos en los estados actúan en consecuencia. Un sistema diseñado con una proclividad a la corrupción solo puede engendrar funcionarios corruptos.

Ahí están los casos de los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, perseguidos ahora por haber abusado del recurso público en beneficio propio, de sus amigos o de compañías afines e incluso fantasmas. El común denominador entre, por ejemplo y respectivamente, Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Guillermo Padrés y Tomás Yarrington, son las enormes deudas que dejaron en sus estados, y los delitos por los cuales son perseguidos (con la eficiencia o no del ministerio público federal), peculado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otros por el estilo.

Hoy día, aun acotados, la sociedad tiene más instrumentos de supervisión sobre las acciones de gobierno. No solo los periodistas independientes están haciendo investigación y análisis de la información, también grupos organizados, colectivos, sociedad civil. Aparte están las denuncias. Levantar la voz, denunciar, marchar, señalar, la transa, el moche, los condicionamientos para la entrega de recursos, y las contrataciones que desde los gobiernos benefician a unos cuantos y perjudican a los más.

Tan de moda los gobiernos abusivos, en Baja California y con la complicidad de los diputados locales, específicamente de trece de ellos, doce panistas y un perredista, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid comprometió los ingresos de la administración pública federal desde 2019 y hasta 2056, la suscribir una asociación público privada con una compañía para la construcción de una desalinizadora, que costará a los bajacalifornianos más de 66 mil millones de pesos.

A ver, de acuerdo a documentos obtenidos por reporteros de ZETA, la compañía que construirá la desalinizadora, Aguas de Rosarito, SAPI de CV, a su vez integrada por tres compañías (NSC Agua SA de CV, Suez de México SA de CV, y el fondo de inversión Blackrock), invertirá en la edificación de la desalinizadora 9 mil 73 millones de pesos con un financiamiento de socios de 1 mil 815 millones y un crédito bancario de 7 mil 258 millones de pesos; todo lo hará en un lapso de tres años, pero operará la desaladora durante 37 años, durante los cuales cada mes el gobierno de Baja California le pagará la cantidad de 149 millones 312 mil 19 pesos.

Por supuesto que esos 149 millones 312 mil 19 pesos saldrán del presupuesto de Baja California, que para este 2018 fue aprobado en 50 mil 629 millones 430 mil pesos. Se obtendrá del pago de los recibos de agua que realicen los bajacalifornianos, y en caso de no ser suficiente, se han comprometido otros ingresos para pagar de manera puntual a la compañía.

La realidad es que en Baja California, de acuerdo a opiniones expertas también consultadas por los reporteros, no se requiere por el momento de tal infraestructura para hacer llegar agua al estado, de hecho un reporte de la comisión estatal del agua da cuenta que en el estado se utilizan 182 millones 908 mil metros cúbicos de agua, lo que equivale a 5.8 metros cúbicos de agua por segundo, del total de 6.0 metros cúbicos por segundo que se generan en el estado.

Hay más.

En los documentos, que por cierto deberían ser públicos y no lo son, o están ocultos en el sistema digital del gobierno del estado, y los cuales fueron utilizados por la compañía privada para justificar la inversión y ganar la obra y el pago a 37 años, se encuentra la nómina que cubrirá a los principales empleados de la planta desalinizadora de 66 mil millones de pesos. En total, para 37 empleados, se destinarán 31 millones de pesos al año, entre los trabajadores, el director de la planta ganará, 359 mil 333 pesos al mes, el gerente 232 mil pesos y una secretaria 45 mil pesos al mes, por mencionarle algunos ejemplos.

Ciertamente la compañía decide cuánto ganan los empleados, pero no olvidemos, el dinero saldrá del presupuesto de Baja California, y lo sueldos fueron presentados al concurso.

Cuando doce diputados del PAN (uno voto contra) y uno del PRD, avalaron el endeudamiento del estado para cumplir el capricho de la desalinizadora innecesaria al Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, endeudaron al estado. Los legisladores de oposición, incluido el de Acción Nacional, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para revertir la aprobación de aquel dictamen 95 en el que se aprobó la asociación público privada que por una desalinizadora costará 66 mil millones de pesos al estado.

Por supuesto que tratándose de apoyo oficial el Gobernador de Baja California lo ha tenido todo. Tiene a un congreso estatal de mayoría panista que le aprueba cuanto endeudamiento propone, convenio dispone y concesión entrega, y que nunca lo han llamado a rendir cuentas. También lo apoya el Gobierno federal, que a pesar de ser de distintos partidos políticos, tienen una fructífera relación a diferencia de la que otro panista, como Javier Corral, sostiene con los priístas del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo único que no tiene Vega de Lamadrid es el apoyo de la ciudadanía que cada vez más, se manifiesta ante temas como el agua, y la sospecha de la corrupción, y de una parte de la oposición, que como es el caso, se inconformaron ante el poder judicial, instancia que resolverá determinando si la forma en que los panistas del Gobernador madrugaron en el congreso del estado para aprobarle su ventajosa y carísima desalinizadora, fue correcto o no.

Ojo con los gobernadores en México; en Baja California, como en otros estados, se eliminó el fuero a los mandatarios, va siendo hora que en funciones se les investigue como es debido, con todo y que el Gobierno federal se oponga a la instalación de un real y eficiente sistema de combate a la corrupción.

Adela Navarro Bello

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