Por Damià Bonmatí

Laredo (EEUU), 31 mar (EFE).- Los habitantes de la ciudad fronteriza de Laredo (Texas) ven como una rutina lo que admiten excepcional: que una parte de la fuerza laboral trabaje sin contrato, que múltiples cuerpos de seguridad estén desplegados en la zona y que la pobreza persista como un problema.

Laredo, en el sur de Texas, la puerta de mercancías más transitada de la frontera mexicano-estadounidense, tiene unos 250.000 habitantes censados, el 96 % de los cuales es latino y mayoritariamente hispanohablante.

“Cada hogar de esta ciudad tiene probablemente vínculos con un trabajador indocumentado”, explica Román Ramos, asistente legal de personas sin recursos en Laredo. “Aquí no hay sitios específicos donde contraten indocumentados, aquí están integrados en la sociedad”, añade.

Sin estadísticas concretas, una buena parte de los trabajadores indocumentados sirven en casas particulares, como asistentas del hogar, jardineros y cuidadores de gente mayor, pero también es común que empresas de la construcción, de transporte y de la restauración los empleen.

En Texas, hay cerca de 1,7 millones de indocumentados, el cuádruple que dos décadas atrás, según un estudio de 2012 de Pew Hispanic Research, e incluso el propio Estado asume estas cifras en algunos de sus documentos fiscales.

Buena parte de los indocumentados en Laredo entra y sale con frecuencia de forma autorizada: disponen de tarjetas de cruce temporal, conocidas como “visas láser”, que no permiten trabajar pero dan derechos similares a los visados de turista dentro del área cercana a la frontera, tras varios trámites y 160 dólares para conseguirlas.

Por ello, cada vez que pagan los 35 centavos adicionales de entrada y cruzan el puente sobre el río Grande hacia Estados Unidos, los trabajadores tienen preparada alguna explicación para demostrar que van a comprar a Laredo por si algún agente fronterizo pregunta más de lo común.

“Hay agentes de la aduana que incluso emplean en su casa a algún trabajador indocumentado”, acusa Israel Reyna, gerente y abogado en Texas Río Grande Legal Aid en Laredo. “Y las grandes empresas de la construcción subcontratan a pequeñas compañías con trabajadores sin contrato”.

Pese a la normalización del fenómeno de los indocumentados, las ciudades de la frontera arrastran también la parte más negativa: el tráfico de personas y el miedo a la deportación de las familias.

Miguel Berry, que en 1975 cofundó el Centro Aztlán de ayuda al inmigrante, advierte de que “hay grupos organizados que practican la criminalidad y tienen a treinta o cuarenta personas indocumentadas escondidas”.

Se trata de redes organizadas que, a cambio de altas sumas de dinero, cruzan mediante “coyotes” a inmigrantes indocumentados, los desplazan amontonados en furgonetas y más tarde los esconden en casas.

“Es un tráfico increíblemente cruel”, lamenta Berry. En los últimos meses se han producido accidentes en zonas fronterizas en los que han muerto varios inmigrantes, cuando estos vehículos se dan a la fuga de algún control policial.

“El miedo a la deportación se evidencia en muchos de mis clientes porque no quieren llamar a la Policía, aunque sea absolutamente necesario llamarla”, explica Daniel Monahan, también abogado en Texas Rio Grande Legal Aid, que ofrece asistencia legal gratuita.

Monahan, nacido y crecido cerca de Boston (noreste), asegura que la frontera es muy diferente de lo que se imaginaba: “Hay tanta Policía y tantas agencias de seguridad, tantos agentes, que no se ve un final”.

Guadalupe Canales, su compañera de trabajo, se crió aquí: “Crecí muy cerca del río. Y los agentes fronterizos perseguían a los inmigrantes, pasaban por el jardín, saltaban vallas… era como un programa de televisión. Es horrible, pero crecimos en estas condiciones”.

Para estos abogados, que en un solo territorio coincidan las patrullas fronterizas, los agentes antidroga, los funcionarios de Inmigración, la Policía local y los agentes del condado; que haya puntos de control en las carreteras; que haya lanchas, helicópteros y drones vigilando, convierte lo excepcional en habitual.

Al mismo tiempo, el sur de Texas concentra algunos de los condados más pobres de Estados Unidos y Laredo, la décima ciudad del país con menor renta por cápita, tiene el 37 % de su población censada por debajo del umbral de la pobreza.

“Sé que tenemos pobreza y no sólo en las colonias”, admite el alcalde, el demócrata Raúl G. Salinas. Las colonias, poblados cerca de la frontera, sin planificación urbanística y donde no están garantizados servicios como el agua o la luz, concentran a unos 400.000 texanos, según datos oficiales.

¿Pero, si hay tanta seguridad desplegada, por qué los políticos siempre piden más recursos para proteger la frontera? “No hemos dicho que haya tanta, hemos dicho que hay mucha”, responde Román Ramos, que lleva décadas trabajando con la comunidad en Laredo.

“Quizás poniendo un tanque en cada esquina tampoco se solucionaría”, plantea. ¿Entonces no falla el número de agentes sino la solución? “Quizás”, se encoge de hombros. EFE