A la luz de la discusión de la Constitución de la Ciudad de México y la conformación de la Constituyente, retomo algunas reflexiones que siguen siendo vigentes e hice hace algunos años cuando sostuve mi candidatura ante la Asamblea del DF para ser parte del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Señalaba que el entonces Distrito Federal debía seguir representando un punto de referencia en el respeto y protección de los derechos humanos, en la creación y promoción de políticas de inclusión, equidad e igualdad, así como en el diálogo con sus ciudadanos a través de garantizar la efectiva operación de mecanismos de participación ciudadana, de la contraloría ciudadana y del acompañamiento en la construcción de un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos, elementos que conducen a una buena gestión de gobierno. Resaltaba que el lugar de avanzada que ha ocupado esta Ciudad no se entendería sin la acción cívica de múltiples personas y organizaciones.

La complejidad de nuestra Ciudad ubicada entre las tres aglomeraciones humanas más pobladas del mundo hace necesario que las autoridades además de seguir cumpliendo su obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos, asuman un firme compromiso en satisfacerlos, en particular aquellos en los que hay más rezagos, como es en asegurar la accesibilidad, la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de los medios para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se requiere garantizar que los habitantes de la Ciudad tengan acceso a alimentación suficiente y adecuada, a educación, a servicios de salud, de transporte, deportivos, culturales y de recreación, así como la protección y atención a grupos en situaciones de discriminación o con requerimientos especiales como son las poblaciones callejeras, los adultos mayores, los migrantes, refugiados y en general personas sujetas de protección internacional, la infancia, las personas con discapacidad y de manera prominente, los jóvenes y las mujeres. En este propósito, la Ciudad de México tiene la posibilidad de innovar en materia de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, adelantándose en la adecuación de su legislación al nuevo marco de derechos humanos incorporado en 2011 a nuestra Constitución.

Seguir avanzando en un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos significa también reconocer y visibilizar los retos, retrocesos y nuevas complejidades que acompañan el desarrollo de esta ciudad. Para el efecto, los mecanismos de participación ciudadana se vuelven sustanciales ya que acercan información histórica y actualizada de las problemáticas y alertan cuando desde la propia estructura de gobierno se están violentando derechos, pero también aportan   propuestas para su atención.

En materia de seguridad física, los riesgos de desastres que enfrentamos los habitantes de esta Ciudad, por su ubicación y tamaño, obligan al Gobierno a prestar una atención fundamental en el mantenimiento y mejoramiento sostenido de la infraestructura física de la ciudad como son las redes de drenaje y redes de agua potable, calles, avenidas y servicios de transporte, construcciones como escuelas y hospitales, sistemas de comunicación, sistemas de almacenamiento, transporte y venta de combustibles.

Los riesgos de inundaciones, terremotos, explosiones, hundimientos, deslaves y accidentes viales constituyen una amenaza permanente para la vida y la integridad de los capitalinos y exigen del Gobierno local una atención y una tensión sostenida para que todos esos sistemas, muchos de los cuales ya son muy viejos, se mantengan al día. Demandan además de recursos y capacidades para enfrentar con oportunidad y eficacia, desastres que pueden costar millones de vidas.

En cuanto a la seguridad ambiental referida a la calidad del aire, del agua, de los alimentos, de los combustibles y el tema tan actual, como es la recolección y disposición de basura y deshechos, su desatención provoca daños en la salud que representan una reducción de años de vida y altos costos para las familias y para los sistemas de salud.

Un campo de preocupación es el de la seguridad pública en donde el Gobierno del DF tiene la responsabilidad de ordenar y regular las relaciones de convivencia de más de 9 millones de habitantes de la Ciudad y otros más de seis millones que acuden a ella diariamente, a realizar diversas actividades y es fundamental evitar abusos, daños, maltratos y delitos contra las personas, las propiedades y la infraestructura urbana. En esta materia preocupación especial es la inseguridad que viven las y los defensores de derechos humanos.

Muy importante se vuelve entonces no sobreponer las diversas agendas de derechos humanos, sino ver desde un enfoque integral la problemática y necesidades de los habitantes de la Ciudad para atenderlas de manera integral y desde una perspectiva de derechos. Tener presente en todo momento los atributos de los derechos humanos: universales, inalienables, indivisidibles, interdependientes, exigibles, es una responsabilidad de las autoridades esta Ciudad.

La Ciudad de México se encuentra en un momento clave, contará en breve con su Constitución. Si bien, la Asamblea Constituyente tendrá sólo tres meses para conocer, discutir y aprobar el proyecto de Constitución. El grupo de notables que estuvo a cargo de la redacción del proyecto, hizo un esfuerzo, dentro de los límites que tuvo en tiempos, por integrar un primer documento, tocará a la Constituyente, velar para que en la Constitución de la Ciudad de México se reconozcan los derechos ganados, se evite cualquier riesgo de regresividad y se apueste por la progresividad de los mismos.

Ciertas y válidas son las críticas que ha recibido el proceso, como el negar en los hechos las candidaturas independientes por el exagerado número de firmas que se requieren para el registro; o el dificultar un efectivo proceso de consulta y participación ciudadana; o el privilegiar la participación exclusiva de los partidos políticos y el control del gobierno federal. La Constituyente y el gobierno local y Federal tienen la posibilidad de potenciar los alcances de esta Ciudad o bien de dejar que pase sin ningún tipo de trascendencia un momento que debería ser para consolidar el logro de muchas batallas ganadas.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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