Defensores de derechos humanos y representantes de pueblos maya y zapoteco acusaron que las consultas que se han realizado en Yucatán, Oaxaca y Sonora para realizar megaproyectos, además de dividir y confrontar a las comunidades indígenas, no han sido libres ni previas. Ante ello, dijeron, se corre el riesgo de que se convierta en simulación y trámite.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El modelo de desarrollo económico y la implementación de la Reforma Energética han generado miles de concesiones otorgadas a empresas nacionales y trasnacionales para instalar megaproyectos en territorio de comunidades indígenas sin una consulta libre, previa e informada, lo que deriva en conflictos y violaciones a derechos humanos, aseguraron defensores de derechos humanos y representantes de pueblos maya y zapoteco.

Las consultas que se han realizado en Yucatán, Oaxaca y Sonora, además de dividir y confrontar a las comunidades indígenas, no han sido libres ni previas, acusaron, porque mientras se llevan acabo las obras ya han comenzado a instalarse y en ocasiones se siguen operando. Ante ello, dijeron, se corre el riesgo de que se convierta en simulación y trámite.

Laydy Pech, del Colectivo Apícola en Campeche, afirmó que el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa trasnacional Monsanto para la siembra de soya en su territorio de la península de Yucatán ha afectado su estilo de vida y producción de miel.

“Estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones tomadas sin tomarnos en cuenta. El agua que tomamos ya está contaminada y se ha deforestado la flora y fauna. ¿Ahora de qué vamos a vivir? ¿Por qué irnos a la ciudad si la fuente de trabajo está en nuestro territorio? Ese modelo de agricultura nos está dejando más pobreza”, dijo Pech.

En 2012 se dieron los permisos para la siembra de soya transgénica. En 2015 la SCJN determinó que no se podía hasta que se realizará una consulta a la comunidad. Desde 2016 a la fecha se han realizado seis sesiones, pero no se ha pasado de la etapa informativa.

Pese a la suspensión del permiso, se realizaron 55 pruebas en predios de las cuales 25 resultaron positivas. Argumentaron que esas semillas de soya eran para animales y, pese a ya ser ilegal, no hubo castigo, dijo.

Pech acusó que las autoridades no comprenden la transculturalidad; la necesidad de entender al otro y “han sido groseros” con ellos.

Isabel Jiménez, médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, denunció que la consulta realizada para la instalación de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca, “fue amañada y a modo de la empresa [Eólica del Sur]”, ya que no era acorde a la situación de la zona, por lo que interpusieron un amparo.

La consulta se realizó de 2014 a 2015 y el parque eólico se ha detenido por el amparo ante la SCJN.

En el Istmo de Tehuantepec, por la fuerza de los vientos, se han colocado 21 parques eólicos y 12 de ellos están en Juchitán, habitado por 90 mil zapotecos. Algunos de ellos son pescadores y campesinos. Solo 500 participaron en la consulta.

“Los zapotecos vivimos de la Madre Tierra y de la Laguna Superior, por lo que estamos en contra de la invasión y despojo de las empresas”, afirmó Jiménez.

Después de la consulta, afirmó llorando, la comunidad se ha dividido y han aumentado los hostigamientos.

Sara Mendez, de la organización oaxaqueña Gobixha, dijo que “cuando los pueblos ven en riesgo su tierra y recursos naturales se organizan y se defienden frente a agresiones de empresas y el gobierno”.

Coincidió con Jiménez al denunciar intimidaciones contra la comunidad zapoteca por parte de grupos de choque, así como “desconocimiento y racismo” de las autoridades.

Alberto Solís, de la organización Serapaz, habló sobre la consulta a la Tribu Yaqui, en Sonora, para la instalación del Acueducto Independencia, obra que afectaba el suministro del río Yaqui a la comunidad.

Sin embargo, determinó, la consulta no fue previa. En 2013 inició el proceso, pero nunca se pasó de la etapa informativa. En 2014 se detuvo porque nunca se paró la operación de la obra.

“El daño al río Yaqui era irreparable, pero la Semarnat no lo aceptó”, expuso Solís.

Durante el conflicto dos voceros de la comunidad, Mario y Fernando, fueron detenidos más de un año y fueron víctimas de malos tratos.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, afirmó que el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas para la instalación de proyectos en sus territorios “debe ser la regla esencial siempre, no el enriquecimiento de unos pocos”.

Sin embargo, enfatizó, en América Latina los defensores de derechos de indígenas son entre los más amenazados y se han registrado asesinatos.

Alejandra Ancheita, directora de la asociación ProDESC, expuso que el modelo económico de despojo ha generado al menos 100 conflictos por instalación de proyectos de la industria minera y de energía.

“La violación al derecho a la consulta libre, previa e informada se ha vuelto un patrón. La inclusión de pueblos indígenas en la toma de decisiones dentro del modelo de desarrollo es una deuda histórica en el país”, afirmó.

El conversatorio sobre el derecho a la consulta de pueblos indígenas en México se realizó en el Senado de la República organizado por ProDesc y la Senadora Angélica de la Peña, quien llamó a la necesidad de conciliar el desarrollo de la producción de energías limpias con el respeto a los derechos humanos.

O, en palabras del director de CEMDA, Xavier Martínez, la confrontación entre el desarrollo extractivo y basado en “premisas falsas de recursos naturales infinitos” y pueblos indígenas, cuyos usos y costumbres no son iguales al modelo moderno occidental.