Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Permanente del Congreso de Chiapas dio entrada el día de ayer a la propuesta del Gobernador Manuel Velasco Coello para abrogar la polémica “Ley Garrote”, que permite el uso de armas (en este caso no de fuego) a las instituciones de seguridad pública para “controlar” a manifestantes.
Mientras, la “Ley Bala”, de Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, sigue viva. Lleva 9 días congelada en un Congreso que él controla.
La ley aprobada por el Congreso de Chiapas apenas el pasado 15 de mayo y publicada el 4 de junio por el Ejecutivo, establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública del estado; que permite a la policía disolver manifestaciones cuando se considere que representan un riesgo a la seguridad de la entidad.
Velasco Coello propuso abrogar esa ley después de que el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, determinó echar abajo la “Ley Bala”, la cual dejó un menor muerto en un polémico desalojo que la Policía poblana realizó bajo en el Municipio de San Bernardino Chalchihuapan.
Ayer miércoles, tras recibir la propuesta, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente chiapaneca turnó la solicitud a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien debe elaborar el dictamen y enviarlo al pleno del Congreso Local.
La aprobación de la “Ley Garrote” en Chiapas generó polémica, pues la legislación fue considera por activistas y legisladores de oposición como un “retroceso en materia de Derechos Humanos, la cual pretendía criminalizar la protesta social”.
Mientras tanto, el Pleno del Congreso del Estado de Puebla aceptó formalmente la solicitud del Gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la llamada “Ley Bala”, el pasado 22 de julio. Pero sigue viva, atorada en un Congreso que domina el Gobernador.
Moreno Valle defendió su decisión, asegurando que la legalidad de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, que es “congruente y apegada a lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, con las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el uso y fuerza de armas de fuego, y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por Naciones Unidas”.
Pese a que la legislación “cumple con los requerimientos internacionales”, argumenta el mandatario, solicitó su abrogación debido a que fue estigmatizada y “se crearon falsas posturas en torno al ordenamiento legal”.
