México, 31 Jul. (Notimex).- El caso del albergue “La Gran Familia” evidencia la necesidad de crear una norma específica para sancionar a las instituciones, ya sea públicas o privadas, en las que se violen los derechos humanos, aseveró la legisladora María Elena Barrera.
La senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expuso que la situación generada en ese lugar de Zamora, Michoacán, también plantea la urgencia de que analizar los avances, obstáculos y retos de los gobiernos federal, estatales y municipales, para prevenir la violencia contra infantes y personas mayores.
De ahí que la secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que en los niveles federal, estatal y municipal se impulsen acciones para mejorar los servicios de asistencia social a niños y adultos mayores en albergues públicos y privados.
Subrayó que en las instituciones de asistencia social persisten las violaciones a los derechos humanos de los niños y adolescentes, como revela el caso de “La Gran Familia”.
Por ello reiteró la necesidad de una normatividad específica que regule la operación de las instituciones, ya sea públicas o privadas, que prestan esos servicios y se garantice en todo momento el principio del interés superior de la niñez.
María Elena Barrera remarcó que los grupos de la sociedad civil tienen gran importancia en la protección de los derechos humanos, pero en el caso de la niñez “desafortunadamente algunas no están correctamente reguladas en sus funciones, atribuciones y servicios”.
Insistió en que se deben supervisar los mecanismos para la prevención de la violencia contra las niñas, los niños y las personas adultas mayores e incidir en los temas transversales que deben ser incluidos en la constitución y operación de las instituciones privadas y sociales que prestan servicios de asistencia.
El punto de acuerdo remitido a la Primera Comisión de la Permanente, incluye la solicitud a las secretarías de Gobernación, Salud y Desarrollo Social para crear un modelo de asistencia social obligatorio para los albergues públicos y privada y reforzar las medidas de inspección.
A los gobiernos federal y estatales se les pide coordinarse para emitir lineamientos a cumplir en la constitución, operación y funcionamiento de las instituciones de asistencia social temporal a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
También se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar los trabajos legislativos que permitan armonizar la norma para la asistencia social a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
