Ciudad de Guatemala, 31 jul (dpa) – Un ex jefe del ente recaudador de impuestos de Guatemala y otras cuatro personas fueron capturadas hoy por otro caso de corrupción que involucra a una empresa panameña, informaron las autoridades.
La investigación de este caso se inició en abril de 2013 para “establecer las circunstancias que permitieron a las entidades Grupo Wisa S. A., de Panamá, y Tiendas Libres de Guatemala S. A., obtener la autorización para operar como tiendas libres del pago de impuestos” en el aeropuerto internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala, informó el secretario general del Ministerio Público (MP), Carlos Ruiz.
Ruiz agregó que la exoneración de impuestos a ambos grupos fue autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de Guatemala. El funcionario indicó que esta decisión debió ser conocida y aprobada por el Legislativo.
Tamara de León, jefa de la fiscalía de Delitos Administrativos, dijo que se estima que entre 2009 y 2012 el fisco guatemalteco dejó de percibir unos 7,6 millones de dólares por este hecho, que benefició a estas empresas usuarias del sistema de “puerto libre” en las instalaciones del aeropuerto.
Entre los detenidos figura Rudy Villeda, ex titular de la SAT en los años 2008-2012, durante el gobierno de Álvaro Colom, en el mismo periodo.
También fueron capturados mediante allanamientos en sus viviendas el ex intendente de Aduanas, Oscar Funes; el ex supervisor de Programación de Auditoría, Mario Guzmán; la ex jefa de Gestión Aduanera, Lidia Roca; y la ex jefa de la Unidad de Normas y Procedimientos de la SAT, Mayra Rodas.
Se les acusa de los delitos de caso especial de defraudación aduanera (con penas de tres a seis años de prisión), incumplimiento de deberes (uno a tres años de cárcel), resoluciones violatorias a la Constitución (uno a dos años de prisión), y usurpación de atribuciones (seis meses a dos años de cárcel).
Guatemala enfrenta desde abril una crisis institucional y política derivada de una serie de escándalos de corrupción sacados a luz por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).
El 8 de mayo, bajo una fuerte presión por uno de estos casos, la vicepresidenta Roxana Baldetti renunció al cargo. El presidente Otto Pérez también está formalmente denunciado por enriquecimiento ilícito y actualmente se gestiona una solicitud para que el Legislativo lo despoje de su inmunidad.
