San Salvador, 31 jul (EFE).- El ministro de Seguridad de El Salvador, Benito Lara, dijo hoy que el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) acordó por “unanimidad” no negociar con las pandillas pese a la propuesta de las mismas.
“El Consejo por unanimidad acordó que comparte la posición del Gobierno de no mantener ningún tipo de negociación con cabecillas de este tipo de organizaciones”, respondió Lara a Efe.
El Consejo es un órgano consultivo formado por las autoridades de Seguridad, representantes de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación e iglesias de diferentes denominaciones, cuya finalidad es recomendar al Gobierno en la materia de seguridad.
El órgano se reunió ayer en un hotel de la capital cuando el país vivía por cuarto día consecutivo un paro de transporte “impuesto” por la pandilla Barrio 18 facción Revolucionarios mediante el asesinato de conductores de transporte público, quema de unidades y amenazas de muerte.
La decisión surge en respuesta a una carta firmada por líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha recluidos en la cárcel de máxima seguridad, remitida el pasado 15 de junio al CNSCC, en la que piden “establecer acuerdos” para “alcanzar la paz”.
La misma también estaba dirigida al Gobierno que desde un inicio se negó a aceptar dicha proposición.
“Hacemos un llamado a ustedes a darle la oportunidad a la nación salvadoreña a desarrollarse en un ambiente más pacifico y establecer los mecanismos que puedan permitirnos establecer acuerdos para alcanzar la tan anhelada paz a través del dialogo”, dice la carta.
Recientemente surgió una polémica a partir de dicha propuesta por las declaraciones del arzobispo auxiliar de San Salvador Gregorio Rosa Chávez, quien dijo que el Consejo debe “estar abierto a todos”.
“Estos muchachos forman también parte de la vida del país” y “no podemos excluir a nadie del diálogo”, dijo el religioso a mediados de julio.
La propuesta de pacto de las pandillas tiene como antecedente un pacto de no agresión, supuestamente propiciado por el gobierno del experiodista Mauricio Funes, iniciado en 2012 y que se prolongó por 15 meses donde la tasa diaria de homicidios pasó de 12 a 5.
A la ruptura de dicha tregua las autoridades de Seguridad atribuyeron el incremento del 57 por ciento de los asesinatos el año anterior respecto del 2013.
El Gobierno salvadoreño atribuye a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias los altos índices de violencia que colocan al país como uno de los más violentos del mundo. EFE
