Que la justicia no funciona en este país, eso ya lo sabemos. Que los pobres son los que se quedan en la cárcel, también. Que el nuevo sistema penal acusatorio es un desastre, igualmente lo sabemos. No hay novedad en nuestro sistema de justicia inoperante.

Lo que verdaderamente importante es enterarnos de las razones por las cuales las víctimas de las malas decisiones judiciales se van a un hoyo negro de impunidad.

Además de la corrupción, falta de preparación, leyes inadecuadas para aplicar en un país sin auténtica democracia ni funcionamiento real de sus instituciones, el fracaso del sistema de justicia estriba en otra importante razón.

Lo explica el estudio realizado en 31 estados por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, quien se dio a la tarea de contabilizar el nombramiento discrecional de parientes de jueces y magistrados, para ocupar plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o bien de otros compañeros, del poder judicial de la Federación.

Efectivamente, hijos, esposas, novias, amantes, papás, primos, concuños, sobrinos, tíos, cuñados y hasta nada más y nademos que suegras, son colocados estratégicamente en estos puestos por jueces y magistrados.

El estudio revela que al menos 500 jueces y magistrados utilizaron su poder para colocar a su parentela. Se trata de 112 jueces y magistrados que entregaron plazas a sus esposas, novias, amantes o parejas, mientras que 180 ha colocado a hijos, 135 a sus hermanos y 27 a sus papás.

Y peor aún, un total de 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten con sus parientes su jornada laboral. En definitiva, estos servidores públicos tienen mucho orgullo de su nepotismo.

El problema del estudio es que omite sus nombres. Es necesario saber quien es el magistrado de circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concurso, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos, algunos los convirtió en actuarios, otros los hizo secretarios de tribunal o juzgado y al resto les dio un puesto de “analista especializado”.

Así como el nombre del honorable miembro del sistema de justicia, también existe el caso de otros dos magistrados que tienen 11 parientes, uno de San Luis Potosí y otro de Baja California.
Este tipo de estudios son importantes para analizar el fracaso de nuestro sistema de justicia en muchos casos. Es muy grave enterarnos que la mitad de los jueces y magistrados federales, por ejemplo, tienen a sus parientes en el poder judicial.

Es igualmente alarmante, saber que de 1,031 plazas que existen en 31 circuitos, 501 de esos funcionarios tienen familiares, es decir, el 48.6 por ciento de la plantilla.

Hay casos verdaderamente graves como el de Guanajuato, donde el nepotismo en el poder judicial representa el 82.61 por ciento porque de los 46 titulares del circuito décimo sexto, 38 tienen a sus familiares debidamente colocados en puestos allí mismo. Peor aún, de 1,214 funcionarios de ese circuito, 438 tienen parientes.

Y si analizamos el resto, vemos por ejemplo que en Aguascalientes el nepotismo en este renglón representa el 81 por ciento y el Jalisco el 76 por ciento, mientras el de Colima llega a 68.34, particularmente porque de los 199 empleados, 136 tienen parientes trabajando.

Todo esto es aparentemente legal, pero no ético ni moral. De acuerdo al artículo 97 de la Constitución, jueces y magistrados tienen la facultad para nombrar y remover a funcionarios y empleados de Tribunales de Circuito y de Juzgados de Distrito, pero este derecho se ha desvirtuado porque inicialmente fue concebido para garantizar la autonomía e los jueces, no para el nombramiento discrecional e impune de sus parientes.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha difundido una copia del estudio y nos hemos enterado que esto ha generado lo que llaman “redes clientelares” dentro de los órganos jurisdiccionales y “cruzamientos y enroques” entre los diversos circuitos.

Evidentemente esto perjudica de manera seria el desempeño y la imparcialidad que debería existir en la decisiones judiciales, particularmente porque entre parientes no creo que se lleven la contraria a la hora de contradecir un error o una decisión que perjudica gravemente a cualquier ciudadano.

El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales se ha apresurado a emitir un comunicado diciendo que todos estos nombramientos inmorales, se apega a los “principios de legalidad” que marca la Constitución y la normatividad del PJF.

Sin embargo, el 26 de noviembre de 2015 publicaron en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en materia de nombramientos que establece en el artículo 18 bis que “los titulares de las áreas administrativas se abstendrán de proponer como candidato a ocupar la vacante respectiva o en su caso de otorgar nombramiento a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo…”

Si es así, ¿por qué de manera impune estos servidores públicos siguen colocando a su parentela? Obviamente porque en México existen ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase…

Estos funcionarios, junto a jueces y magistrados como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan alrededor de un millón de pesos al mes y tienen millonarias pensiones vitalicias, son los “Príncipes” y “Princesas” de esta cuasi democracia, donde se cometen excesos inaceptables como estos.

La democracia exige igualdad de oportunidades, en México, el poder judicial goza de impunidad ante errores garrafales, decisiones que dejan en la cárcel a cientos de inocentes y no les pasa nada. Y encima, tienen la desfachatez antitética de colocar a toda su parentela, como si de plazas hereditarias se tratara, al estilo de Pemex.

Mientras no limpien su propia casa, el poder judicial seguirá en entredicho. Allí están las decenas de historias de víctimas. Seguramente alguno de los lectores podrá compartir su experiencia para exhibir más a este sector intocable.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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