Estudios y expertos de Estados Unidos muestran que México no obtuvo los beneficios con los que se vendió a los mexicanos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994: las mejoras en el sector agrícola, el crecimiento, los salarios no ocurrió.

Hoy Estados Unidos apuesta a sacar más beneficio de él o salir si no es así y la oportunidad de poder mejorar esos tópicos, alertan, se está perdiendo ante la secrecía y los negociadores del tratado trinacional.

“Hay actualmente una oportunidad para resolver problemas críticos del TLCAN, relacionados con protección al medio ambiente, derechos laborales y el sector de la agricultura […]. Por lo cual es desafortunado que los representantes de esos sectores parecen estar excluidos de las negociaciones”, dice a SinEmbargo Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y de Políticas Públicas.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– A principios de los años 90, el entonces Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari promovía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un medio para que México “exportara productos, no personas” y para “crear más empleos y hacer crecer los salarios”.

En el corto plazo, le dijo Salinas a la revista norteamericana Fortune en diciembre de 1992, “cada país deberá implementar sus propias acciones para proteger a sus trabajadores” y en México se crearán fuentes “alternativas” de empleo.

Veintitrés años después de su entrada en vigor, sin embargo –y aun cuando sus efectos se han combinado con crisis, recesiones y devaluaciones–, diversos datos muestran que el TLCAN no se ha traducido en una mejoría económica extendida en México y que, por el contrario, puede ligarse al aumento de hasta un 79 por ciento en la migración registrado entre 1994 y 2000, sobre todo de zonas rurales, y a un “estancamiento” en los salarios, entre otras consecuencias.

“Después de más de 20 años, el devastador impacto del TLCAN en muchos trabajadores mexicanos, especialmente en el sector agrícola, es claro”, dice a SinEmbargo Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y de Políticas Públicas (CEPR, por su sigla en inglés), con sede en la capital norteamericana y que ha hecho tres mediciones del TLCAN.

“Si bien ha habido mucha discusión en el debate en curso sobre la importancia de elevar los salarios en México, el Gobierno mexicano parece ser resistente a esos cambios”, agrega.

Campesinos salieron a las calles para exigir ser incluidos en la renegociación del TLCAN. Foto: Cuartorscuro

De acuerdo con el más reciente análisis que el CEPR hizo del tratado a la luz de su eventual renegociación, el resultado de su aplicación fue un “fracaso económico en casi cualquier indicador económico o social”.

Esto, dice el reporte, debido a que México presenta indicadores elementales progreso económico, como un ingreso per cápita creciendo a ritmo de sólo un 1.2 por ciento anual en promedio, no sólo inferiores a los otros países latinoamericanos, sino incluso peores que los que tenía en los 20 años previos al tratado.

“De 1960 a 1980, México casi duplicó sus ingresos per cápita, una tasa de crecimiento mayor que la del total de América Latina como conjunto. Si este crecimiento hubiera continuado, México sería hoy un país de altos ingresos”, dice el estudio “¿El TLCAN ayudó a México? Una actualización 23 años después”, publicado por CEPR en marzo pasado.

“Sin embargo, tanto México como el conjunto de la región sufrieron una pronunciada ralentización del crecimiento del ingreso per cápita durante los siguientes 20 años, de 1980 al 2000. Este periodo de crecimiento lento coincidió primero con una mala gestión de la crisis de los primeros años 80 y, después, con cambios hacia políticas neoliberales. El crecimiento regional del PIB per cápita cayó del 87 por ciento, en las dos décadas previas, a tan sólo el 9 por ciento para el periodo entre 1980 y 2000, o un 0.4 por ciento de crecimiento anual”, agrega.

Otros indicadores de nula mejoría económica son un aumento de la población en situación de pobreza entre 1994 y 2014, y que CEPR estima es de 20.5 millones más de personas, y un aumento de sólo un 4.1 por ciento en los salarios en ese periodo, saldo considerado como “estancamiento”.

El TLCAN también tuvo un severo impacto en el empleo del sector agrícola, dice el estudio, que le atribuye la pérdida de dos millones de trabajos en México debido a que Estados Unidos subsidia el maíz y otros productos básicos, con lo que “acabó” con los pequeños productores del sur del Río Bravo.

“La idea era que la continuación y expansión de estas políticas (de liberación económica) permitirían que México lograse la eficiencia y el progreso económico que no fue posible bajo el desarrollismo, el modelo económico proteccionista que había prevalecido en las décadas anteriores a 1980. Si bien algunos de los cambios en las políticas eran, sin duda, necesarios y/o positivos, el resultado final ha sido décadas de fracaso económico en casi cualquier indicador económico o social”, dice la evaluación.

“Esto es cierto si se compara a México con su pasado desarrollista, o incluso si la comparación es con el resto de América Latina desde la entrada en vigor del TLCAN”, agrega.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Otro estudio que cuestiona los impactos del TLCAN fue el difundido en enero por el Consejo sobre Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) y que, como CEPR, advierte un incumplimiento en los supuestos objetivos de generar crecimiento económico, mejorar los salarios, reducir la pobreza y, así, evitar la migración.

“La experiencia de México en el TLCAN ha sufrido una desconexión entre las promesas de algunos de sus partidarios -que el pacto proporcionaría un rápido crecimiento, aumento de salarios y reducción de la emigración– y resultados más mixtos del acuerdo”, dice el estudio “Impacto económico del TLCAN”, publicado en enero pasado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores, un centro de investigación con sede en Nueva York y fundado en 1921.

“Entre 1993 y 2013, la economía de México creció a una tasa promedio de sólo 1.3 por ciento anual en un período en el que América Latina estaba experimentando una expansión importante. La pobreza sigue estando en los mismos niveles que en 1994. Y la esperada ‘convergencia salarial’ entre los salarios de los Estados Unidos y México no ocurrió, con el ingreso per cápita de México aumentando a un promedio anual de sólo 1.2 por ciento en ese período -más lento que el latinoamericano Países como Brasil, Chile y Perú”, agrega.

Y, más recientemente, un estudio de la Universidad Rice advierte que Estados Unidos fue el claro “ganador” de la competencia por el mercado agrícola –“causando estragos” en México– y que aquí se estancaron los salarios.

“Como ocurrió, los niveles salariales mexicanos no aumentaron. En cambio, después del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, México se encontró batallando contra la importación de productos que él mismo producía”, dice el reporte, difundido en julio por el Centro México del Instituto Baker para Políticas Públicas, de la Universidad Rice, con sede en Houston.

El coautor del estudio, Tony Payán, advirtió en un foro sobre relación bilateral realizado esta semana que se puede incluso suponer que el diseño del TLCAN previó el desmantelamiento del campo mexicano y la posterior migración, ya que, en el mismo año de entrada en vigor de acuerdo, 1994, inició el paulatino cierre de la frontera.

“Yo creo que, a propósito, el Tratado de Libre Comercio fue diseñado para la destrucción propia del sector agrícola mexicano, que iba a resultar en el desplazamiento considerable de mexicanos del campo hacia Estados Unidos, y es exactamente lo que pasó”, dijo Payán.

“Pero Estados Unidos tenía ya un plan. En el año 1994, que es crítico, entra el TLC en efecto y ¿qué pasa? Sube el reforzamiento de las leyes migratorias de Estados Unidos ese mismo año. Ellos ya sabían que iba a cruzarse este fenómeno y se preparó para eso, en 94, el mismo año se declaró la operación Hold the line, en El Paso (Texas)”, agregó el investigador, que también dijo considerar que “México ha utilizado la migración como una válvula de escape a sus presiones demográficas y a su renuencia a adoptar un programa de desarrollo económico”.

CONFIDENCIALIDAD

Este viernes iniciará en esta ciudad la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, vigente entre México, Estados Unidos y Canadá desde 1994 y puesto en duda por el nuevo Presidente Donald Trump, que basó su campaña presidencial en atacar a México, a su población migrante y el libre comercio entre los dos países.

“Estamos en el proceso de renegociación del TLCAN (el peor acuerdo comercial jamás hecho) con México y Canadá. Ambos muy difíciles, ¿puede que tenga que terminar?”, escribió Trump apenas el pasado domingo desde su cuenta de Twitter.

La renegociación, sin embargo, se sostiene desde el 16, cuando inició en Washington, y esta semana se reunieron en Washington los Secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, con Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, y Jared Kushner, yerno de Trump y asesor especial de la Casa Blanca.

“Se revisó de manera general, la relación comercial entre México y Estados Unidos y el estado que guarda proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, reportó brevemente el Gobierno federal el pasado miércoles 30.

De acuerdo con Luz María de la Mora, profesora de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, dentro de los puntos sensibles para México está el objetivo de Estados Unidos de revisar las “reglas de origen” que, actualmente, obligan a que hasta un 62.6 por ciento de cada producto –como automóviles– proceda de la región de los tres países –México, Estados Unidos y Canadá– para ser comercializado sin impuestos, y que, ha informado el Gobierno de Estados Unidos, se busca que sea mayor.

También, de acuerdo con De la Mora, preocupa la integración de temas laborales vinculados al comercio –el acuerdo actual en la materia no es “vinculante”–, incluir la libertad de asociación y reconocimiento a las negociaciones colectivas, así como la aparente promoción estadounidense de un “lenguaje sobre salario mínimo”.

Y, de manera especial, la propuesta de eliminar el Capítulo 19 del tratado, que establece la solución de controversias comerciales en paneles independientes y que Trump busca sustituir por cortes norteamericanas.

La negociación ha sido prevista como difícil para México, tanto por la actitud ofensiva de Trump como por el contexto de derrotas políticas que él mismo enfrenta –su Reforma de Salud, o el veto migratorio– y que podrían endurecer la postura.

“México está determinado a salvar lo máximo que se pueda salvar (del TLCAN) tal como está”, dijo Payán.

En las negociaciones, además, los funcionarios mexicanos están acompañados sólo por un “cuarto de junto” representado por Valentín Díez Morodo, del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) e integrante de consejos de empresas como el Club de Futbol Toluca, Grupo México y, hasta 2015, de OHL.

Ni aun todos los sectores empresariales están representados, advierte Beatriz Leycegui, de Sai Consultores. “Creo que entre más inclusivo sea el debate y la discusión es mejor obviamente. Creo que los grupos no están tan conscientes ni saben cómo deben de participar”, agrega la consultora.

“Por eso hice el llamado sobre la importancia de que se involucren más las empresas a nivel individual, o las asociaciones laborales, que participen, que no dejen que el proceso camine sin expresar propuestas específicas”, dice.

La confidencialidad de la información manejada es otra característica de la negociación entre los tres países, y que el Gobierno federal mexicano justificó este mes diciendo que es “una práctica regular” en los procesos de negociación comercial.

Sin representación quedaron, sin embargo, la población trabajadora y los pequeños productores del campo, cuyos liderazgos han sido corporativizados por el Estado mexicano.

“Hay actualmente una oportunidad para resolver problemas críticos del TLCAN, relacionados con protección al medio ambiente, derechos laborales y el sector de la agricultura”, dice Johnston. “Por lo cual es desafortunado que los representantes de esos sectores parecen estar excluidos de las negociaciones”, cuestiona.