Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– “Yo no veo que este indulto sea aplaudible después de la tortura y los chingadazos que le han dado a Patishtán, para mí no caben los aplausos. Sí estoy contento por su libertad, pero no estoy tranquilo, todavía tengo rabia”, dijo Martín Ramírez López, un maestro rural vocero del Movimiento del Pueblo de El Bosque por la Libertad de Patishtán y amigo del profesor tzotzil desde la niñez.

Hoy la familia de Alberto Patishtán, el maestro indígena rural condenado a purgar 60 años de cárcel por siete asesinatos en una emboscada en Chiapas, está a la espera de que el Presidente Enrique Peña Nieto indulte al hombre que, hasta el momento es un reo federal vigilado por elementos armados a las afueras del hospital en el Distrito Federal donde atiende su tumor cerebral desde hace dos semanas.

Como Martín, Gabriela y Héctor, hijos del profesor, así como sus abogados, expresaron ese sentimiento encontrado: por un lado la alegría de la posibilidad de ver libre a Patishtán, pero por otro, la tristeza de que esa libertad no llegó acompañada de un reconocimiento de inocencia.

“Hay que ver la otra cara de la moneda. Yo sé que Alberto está contento por la libertad, pero, qué va a pasar cuando llegue a su casa en El Bosque y vea las paredes vacías. Sin familia, sin trabajo. Para mí esto no es justicia porque durante 13 años lo hicieron sufrir, pasó torturas, eso, quién responde por eso”, dijo Martín.

Ramírez López es un hombre que acompañó a Patishtán en su lucha por justicia durante los últimos 13 años, después de que en el 2000 se le culpara del asesinato de siete policías durante una emboscada.

Fue su compañero para jugar canicas a los nueve años, compartió con él la profesión y fue testigo del sufrimiento de sus dos hijos, cuando se quedaron solos en El Bosque.

Él los vio crecer y llorar por su padre, Alberto, encarcelado.

A Héctor Patishtán, hijo de Alberto, se le hizo una pregunta en una conferencia de prensa: si él consideraba que Peña Nieto trataba de enviar un mensaje de compromiso con los derechos humanos al liberar a su padre.

Héctor contestó con la sencillez de un muchacho de 17 años, sufrido y que se quedó sin su papá a los cuatro años de edad: “Es su trabajo. Ellos cometieron un error hace 13 años y lo tienen que reponer, no importa cómo, ya sea tumbando las paredes de la cárcel. Cometieron un error y lo tienen que reponer. Él ya sabrá sus discursos y el mensaje que quiera dar, pero nosotros queremos que nos reparen el daño que nos hicieron”.

Héctor también expresó su tristeza por el fracaso del sistema de justicia mexicano.

“Estoy feliz, pero a la vez triste, ante la incapacidad de que el sistema de justicia resuelva casos donde hay graves violaciones como el de mi padre”, dijo.

El jovencito agregó que fue evidente que en el caso de su padre hubo un problema de discriminación por ser indígena y por su color.

PODER JUDICIAL: “EL GRAN PERDEDOR”

El indulto que el Poder Ejecutivo dará hoy a Patishtán pone en evidencia la incapacidad del Poder Judicial para garantizar la justicia en México, coincidieron familiares, abogados y defensores internacionales de derechos humanos.

Los abogados del caso, Sandino Rivero y Leonel Rivero y Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional para México, afirmaron que esta acción no implica un reconocimiento de inocencia, pero sí un reconocimiento a violaciones graves a los Derechos Humanos durante el proceso.

“En este caso el Poder Judicial de la Federación es el gran perdedor porque no pudo hacer justicia. Es algo muy lamentable y preocupante”, dijo Leonel Rivero, abogado de Patishtán.

Sandino Rivero, otro de los abogados del profesor recordó que Alberto está cansando anímicamente por todos los obstáculos que enfrentó para obtener su libertad.

El último de ellos fue la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Chiapas que le negó al profesor el recurso de Reconocimiento de Inocencia que interpusieron sus abogados.

El abogado aseguró que entonces la la libertad del maestro no se dio, porque no hubo voluntad política.

El recurso al que se apeló, el Reconocimiento de Inocencia, es excepcional y procede bajo ciertos supuestos.

“Los magistrados dijeron que las pruebas que ofrecimos como documentos públicos, que no tienen relación con los hechos y por eso no pueden pasar a desvirtuar las pruebas, sin embargo, el Tribunal fue más allá de lo que la Ley le permite, porque están diciendo que hay que revalorar las pruebas, lo cual no es propio del recurso que se interpuso. Ni siquiera las pruebas son como tal pruebas, porque derivaron en violación a derechos humanos”, detalló.

La defensa de Patishtán mostró documentos públicos nuevos que no existían cuando sentenciaron al maestro, como tesis de jurisprudencia que hablan de la nulidad de pruebas cuando hay violación de derechos humanos.

“En total son seis pruebas con las que sentenciaron al profesor: la declaración de dos testigos sobrevivientes, la testimonial de una persona que trabajaba cerca del lugar de los hechos, que no fue presencial, el careo entre un sobreviviente y el profesor, la declaración de Patishtán y una prueba química de rodizonato de sodio”.

La última prueba ni siquiera se le practicó, pues Alberto Patishtán fue detenido siete días después de los hechos, pero se utilizó como una prueba circunstancial.

“Es una cuestión técnica que se llama prueba circunstancial, cuando no tiene pruebas directas se hace un rompecabezas, pero cada indicio tiene que tener un papel incriminador, ser válido, ser suficiente. Eso se tuvo que haber hecho valer por la defensa del profesor en su momento durante el juicio, no la hicieron valer. Lo que nosotros apelamos ahora es que los nuevos documentos púbicos, invalidan algunas pruebas que sirvieron para sentenciarlo.

AI PIDE REVISAR JUICIOS INJUSTOS

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió a México que efectúe una “revisión completa” de otros “juicios injustos” tras el indulto otorgado por el Gobierno al maestro indígena.

La decisión es “un reconocimiento necesario desde hace largo tiempo de la injusticia que se le hizo, pero debería provocar una revisión completa de otra cantidad incontable de juicios injustos”, afirmó AI en un comunicado emitido desde su sede en Londres.

Para la organización, Patishtán “es un hombre inocente que ha estado en prisión durante trece años. El perdón del presidente es un gran alivio para él y su familia, pero se queda corto a la hora de arrojar verdad, justicia y reparación”, consideró la organización.

“En las prisiones mexicanas hay innumerables personas como Patishtán. Su liberación debería ser el primer paso hacia una revisión completa de esos casos y la adopción de medidas que detengan la discriminación y la desigualdad que existe en el acceso a la justicia”, afirmó el consejero especial de Amnistía Javier Júñiga.

En México, Daniel Zapico, director en México para AI, indicó que el país debe realizar un análisis profundo de su sistema de justicia.

“Este indulto es producto de un fracaso de la justicia mexicana a la hora de proporcionar justicia. Es un fracaso que requiere de una transformación para responder a otros muchos casos”, dijo.

Con Zapico coincidió Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y titular de la materia sobre Ley General de Víctimas.

“Es algo muy grave y el Poder Judicial nos tiene una deuda, hay dos puntos: el primero, son la víctimas de la masacre que siguen sin justicia porque los que cometieron el asesinato siguen libres y en segundo, estamos ante algo inédito porque dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo, le enmiendan la plana al Judicial en un llamado de atención”, explicó.

Para Hernández Barros se debe reformar al poder judicial y acabar con el nepotismo y la corrupción que demostró, no sólo en este caso, sino al liberar narcotraficantes y al brindarles una atención privilegiada a empresarios, políticos y presos extranjeros.

“El indulto es importante, pero no veo esto como un medio de justicia real para muchos casos, porque para que se dé, el caso tiene que ser tan relevante y llamar la atención del Ejecutivo, pero todos sabemos que hay presos injustamente que ni siquiera llaman la atención de sus autoridades locales, menos la del Presidente de la República”, dijo.