La estrategia presentada por Enrique Peña Nieto el 31 de octubre de 2013, asegura basarse en tres puntos principales: salud pública, regulación sanitaria y atención médica y política fiscal. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Luis Ortiz Hernández, del departamento de Atención a la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, y con Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, el sistema de salud pública está “colapsado” y las políticas y el dinero son “insuficientes”.

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Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto hace ya tres años, no ha mostrado efectividad debido a la falta de integración de la Secretaría de Salud (SSA) con otras dependencias federales y a la escasez de campañas y programas dirigidos a prevenir y tratar dichas enfermedades, coincidieron especialistas en materia.

Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revelaron que hasta 2012, el 42.6 por ciento de los hombres mayores de 20 años de edad viven con sobrepeso y el 26.8 por ciento con obesidad; en el caso de las mujeres, ambas enfermedades impactaron en 35.5 y 37.5 por ciento, respectivamente.

La estrategia presentada por Peña Nieto el 31 de octubre de 2013 asegura basarse en tres principales pilares: salud pública, regulación sanitaria y atención médica, y política fiscal. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Luis Ortiz Hernández, del departamento de Atención a la Salud, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, y con Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, el sistema de salud está “colapsado” y las políticas públicas lo han abandonado y se orientan en favor de las empresas que producen chatarra; una de ellas, por ejemplo, es la del incremento parcial al impuesto al refresco.

“Los servicios médicos de por sí están saturados, un médico del sector Salud tiene demasiados pacientes y esto le impide otorgar un servicio de calidad y con el tiempo suficiente para abordar temas como la mejora de hábitos para mantener una buena salud. Las consultas deberían tener más duración, además la gran mayoría de los médicos no tienen información para ayudar a los pacientes a modificar sus hábitos”, explicó Ortiz Hernández.

Calvillo Unna coincidió en este punto y destacó también que “el sistema de salud está colapsado”. La gente que acude con pie diabético a un hospital del sector público, añadió, terminará con el miembro amputado, “porque sale muy caro tratarlo”. Otro ejemplo es que la mitad de las personas que van a atenderse por pérdida de la vista están llegando tarde a tratarse, dijo.

Ambos especialistas reconocieron que el impuesto al refresco ha sido una de las medidas más efectivas para disminuir el consumo, a pesar de los esfuerzos de la industria por desacreditarlo. Por ello expusieron la necesidad de que se apruebe un incremento del 20 por ciento por cada litro, tal como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, la doctora Gabriela Andrea Luna Ruiz, investigadora en la Universidad Iberoamericana, calificó la medida como “restrictiva” y expuso la importancia de que los consumidores “tomen conciencia” al decidir qué comer y qué beber.

“Me parecería más importante implementar una estrategia de política pública donde el objetivo fundamental sea frenar la hidratación con refrescos e incentivar el consumo de agua natural y la forma más contundente de hacerlo no es poniéndole impuestos a los refrescos, sino haciendo que el agua corriente que llega a nuestras casas sea agua totalmente bebible”, dijo la doctora.

En el mismo sentido, el informe “Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México”, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2015, reconoció que aunque México cuenta con un impuesto sobre bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico, “no existen instrumentos complementarios para incentivar el consumo de alimentos nutritivos” como frutas, verduras y agua potable.

Sin embargo, Luna Ruiz explicó que no sólo se trata de inducir a que la gente beba agua, sino que esta deje de tener costo para que el dinero que hoy se destina a un refresco o una botella del vital líquido sea para comprar frutas y verduras. “Esa tendría que ser la estrategia más importante a perseguir”, dijo.

Mientras tanto, Luis Ortiz urgió al Gobierno federal a implementar campañas que inviten a la población a tener una vida activa, a desarrollar ciudades destinadas a promover conductas saludables; es decir, “reducir los tiempos que las personas invierten en trasladarse a sus empleos o escuelas y así haya tiempo para destinarlo a actividades recreativas y deportivas y eso solo es posible con el diseño de un transporte público eficiente”.

Alejandro Calvillo hizo un llamado a que la SSA “tome la batuta” en el combate a la obesidad y demande al Gobierno una política integral de salud alimentaria desde los aspectos agroalimentarios, hasta los aspectos de regulación en etiquetado y publicidad. “Siempre sin conflicto de interés, con los mejores expertos del país y retomando las experiencias internacionales exitosas”.

“Todo está desgajado, todo está separado, no hay una integración en las políticas públicas, esto tiene que hacerse con expertos, gente comprometida y que no intervengan intereses económicos, que el interés sea la salud pública”, denunció.

Además aseguró que existe un problema “muy serio y muy profundo” de conflicto de interés en la estrategia, ya explicó, las empresas de alimentos y bebidas que se han involucrado en el diseño del etiquetado y de la regulación de la publicidad y están en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, con lo que ellas mismas evalúan las políticas que pueden afectar sus intereses, por ejemplo, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC (CONMEXICO), que agrupa marcas como Coca Cola, Bimbo, Nestlé, Pepsico, Lala, Danone, Alpura, Barcel, entre otras.

Por ello urgió a que al menos la Secretaría de Economía y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como expertos independientes se involucren en dicha estrategia.

Al respecto, Ortiz aseguró: “se ha retrocedido en erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria, esto ocurre cuando la gente no tiene dinero suficiente para comprar alimentos. Se ha visto que cuando las personas no tienen un ingreso suficiente empiezan a consumir alimentos que son ricos en energía, ricos en grasa y azúcar, pero de bajo costo. Esto hace que la gente pobre –que son la mitad de los mexicanos– ganen peso y a largo plazo desarrollen enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. No ha existido una política para que la gente tenga un ingreso suficiente para que pueda consumir una dieta saludable. Debe haber una regulación de salarios porque sí hay alimentos, pero a la gente no le alcanza para comprarlos, es un aspecto que se ha descuidado”.

Incluso la Alianza por la Salud Alimentaria, informó mediante un comunicado que “el gran ausente” en la Estrategia es precisamente la atención al sistema alimentario, visto desde la producción, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de los alimentos. Oliver de Schutter, ex-relator del Derecho a la alimentación de las Naciones Unidas señaló que “el gobierno mexicano ubica el problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuan­do en realidad tiene sus orígenes en el sistema alimentario del país”, se lee en el mismo boletín.

Los especialistas entrevistados por este medio alertaron que la obesidad y el sobrepeso son enfermedades no transmisibles que generalmente contribuyen a desencadenar otros padecimientos como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis y distintos tipos de cáncer, entre ellos el de mama, esófago, colon, endometrio y riñón.

Incluso datos de la OMS arrojaron que el 44 por ciento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Según la ENSANUT 2012, dicha enfermedad afecta al 9.2 por ciento de la población mexicana, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2006. Además, la misma encuesta arrojó que la mortalidad hospitalaria por enfermedades no transmisibles implica el 73 por ciento del total de muertes.

Por si fuera poco, en un análisis, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) colocó México en el segundo lugar en prevalencia de obesidad, antecedido sólo por Estados Unidos.

CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE, ¿LA SOLUCIÓN?

En abril de 2015, el Gobierno federal lanzó la campaña “Chécate, Mídete, Muévete” con el fin de crear “hábitos saludables” entre la población para evitar enfermedades como la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, Julieta Ponce Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria, aseguró que la popular medida “es violatoria del derecho humano a la salud porque deposita en la ciudadanía toda la responsabilidad de un padecimiento que es un problema público donde el Gobierno actual ha demostrado su ineficiencia para tratarlo. Entonces el Estado se deslinda de su obligación de garantizar el acceso al tratamiento y a la detección oportuna”.

Ortiz, por su parte, afirmó que es una medida “contraproducente” y “genera más pánico moral que lo que resuelve porque estigmatiza a las personas que pesan o miden más de lo saludable y no se les ofrece alternativas serias. El médico me puede decir muévete, pero si yo vivo en un lugar inseguro, donde no hay infraestructura deportiva o la que existe está deteriorada o me queda muy lejos o simplemente no tengo tiempo para hacer ejercicio, el mensaje de muévete es más bien una fantasía que una realidad”.

Finalmente, Calvillo comentó que programas como ese han demostrado no tener impacto en otros países. “Esas campañas no tienen sentido, el mensaje de Chécate, Mídete, Muévete no es muy claro. No hay una campaña masiva clara para que la gente no consuma bebidas azucaradas y otro tipo de productos que no son recomendables”.

Al respecto, Ponce reconoció que es un buen paso invitar a los mexicanos a adquirir hábitos saludables e informarlos, pero señaló que es obligación de las autoridades implementar estrategias para tratar, prevenir y sobretodo contener el daño de la obesidad.