La defensa de los derechos humanos tuvo un año negro este 2014, debido a la agudización de las agresiones contra quienes trabajan defendiendo causas sociales. Así lo han señalado organismos como Amnistía Internacional, que perciben un panorama en donde las condiciones en que trabajan las defensoras y defensores no sólo no mejoran, sino que incluso han empeorado.

En el caso de México, organizaciones civiles que documentan los casos de agresiones contra defensores hablan de hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, pero también de criminalización, judicialización del trabajo de defensa, desapariciones y asesinatos. Todo eso revestido por un halo de impunidad.

La omisión y deficiencia de las autoridades para investigar y castigar las agresiones contra defensores, no sólo genera una percepción generalizada de indefensión y desprotección, sino que alienta el aumento de las violaciones e inhibe a los ciudadanos a sumarse a la defensa de sus derechos, advierten.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El 6 de diciembre de 2013, mientras preparaba la proyección de un video sobre los efectos contaminantes de las minas, en la plaza principal de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, Gabriel Martínez Campos fue detenido por policías municipales, supuestamente por órdenes del comisario municipal, quien le advirtió que no se involucrara en los asuntos del pueblo.

Martínez Campos es presidente de la organización civil ambientalista Bios Iguana, que ha acompañado y asesorado al Consejo Indígena Para la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y que se opone a las actividades mineras en la zona, donde ya existe una concesión para la explotación de oro, plata, cobre y manganeso.

La organización irlandesa Frontline Defenders ha denunciado que la adjudicación carece de un estudio de impacto ambiental u otros permisos necesarios, y que las comunidades y organizaciones locales están preocupadas por los impactos negativos que la actividad minera podría traer a la región.

En ese contexto, la detención de Martínez Campos fue sólo el preámbulo de una situación de agresiones que Bios Iguana ha enfrentado durante este año y que incluyen amenazas, ataques contra algunos de sus integrantes, hostigamientos y criminalización de su trabajo, como ha documentado Frontline Defenders.

En febrero pasado, el abogado de Bios Iguana, Jonathan Ochoa, presentó una denuncia contra Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria, por agresiones físicas y amenazas de muerte. Mientras que la coordinadora general de la organización ambientalista, Esperanza Salazar, acusó a la delegada de dicha Procuraduría, María Elena Díaz Rivera, de generar un clima hostil contra los integrantes de Bios Iguana.

A finales de agosto, apareció en Facebook la página de un grupo llamado “Movimiento anti bios-iguanas”, que incluía mensajes con amenazas e insultos hacia los miembros de dicha organización. Uno de esos mensajes, supuestamente escrito por un  ex funcionario del gobierno, incluso afirmaba que el presidente de Bios Iguana había recibido dinero y que no tenía ningún interés en defender el medio ambiente.

A mediados de septiembre pasado, Alejandro Bueno, otro integrante de Bios Iguana, recibió en su cuenta de Facebook mensajes amenazantes, en los que el autor le advertía que tuviera mucho cuidado, le decía que él y sus compañeros “están perdidos” y le sugería no seguir “de valientitos”.

Durante octubre, los miembros de la organización ambientalista denunciaron actos de intimidación por parte de policías, ocurridos cuando se encaminaban a sus domicilios o cerca de éstos.

Para entonces, el Congreso de Colima había votado unánimemente para enviar un exhorto al Gobernador del estado, el priista Mario Anguiano Moreno, para que la policía estatal “vigile que gente extraña a la comunidad [de Zacualpan] no altere el orden de la paz pública de dicho lugar”.

Los miembros de Bios Iguana han denunciado los hechos ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, e incluso desde marzo solicitaron al organismo nacional, entonces aún presidido por Raúl Plascencia Villanueva, que estableciera medidas cautelares para ellos, los integrantes del CIDTZ y otros comuneros de Zacualpan.

Al menos hasta el 8 de octubre, cuando varias organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta a distintas autoridades respaldando a Bios Iguana y al CIDTZ, la petición de medidas cautelares aún no se atendía.

El caso de Bios Iguana no es un hecho aislado en el país sino forma parte de una tendencia que va en aumento: la de las agresiones contra defensores de los derechos humanos.

Así lo asientan recientes informes de Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

Los organismos internacionales coinciden en que en 2014 persistió un panorama violento para muchos de quienes trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos.

Si bien no se trata de la primera vez que existen señalamientos al respecto, lo que destacan las organizaciones de este 2014 es una agudización de esta tendencia, en casos que van desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos.

En el informe Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso, Amnistía Internacional destaca que durante 2013 y 2014 en varios países de América Latina y el Caribe –entre ellos México– “siguieron predominando los ataques contra la vida y la integridad personal, la violencia de género, los castigos por ejercer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la estigmatización y los ataques a la reputación”.

De septiembre de 2012 a noviembre de este año, el organismo internacional conoció unos 200 casos de violencia física, intentos de asesinato, secuestros, amenazas de muerte y asesinatos de defensores de derechos humanos en la región. Desde 2012, había planteado la tendencia de agresiones como “una situación predominante y muy preocupante”.

Dos años después, dice Amnistía, no sólo no hay una mejoría de la situación para los defensores, sino que en algunos países incluso se ha deteriorado.

En el caso específico de México, la organización civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh) documentó 100 agresiones a defensores durante los primeros cinco meses del año.

El listado, que se puede encontrar en el informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad. Junio de 2013 a mayo de 2014, incluye hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, allanamientos y criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos.

Al menos otros 29 defensores han sido agredidos desde entonces, de acuerdo con los casos documentados por Amnistía Internacional, Frontline Defenders, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT), así como con base en una revisión hemerográfica.

De ellos, cuatro han sido asesinados.

Se trata de una cifra alta si se considera que entre 2011 y 2013 se cometieron al menos 409 agresiones contra defensores de derechos humanos en México, de acuerdo con un informe  de la Red TDT, con base en su propio monitoreo. Los datos recabados exponen que en tres años ocurrieron al menos 104 casos (que pueden involucrar más de una agresión), en contra de 115 defensores, 56 defensoras y 37 colectivos.

AÑO DE AGRESIONES

Los informes de las organizaciones que han documentado las agresiones a defensores de derechos humanos dan cuenta de una gama de actos de violencia en su contra: agresiones físicas, hostigamientos, vigilancia, descalificaciones, robos, allanamientos, amenazas, secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos violentos.

Acuddeh, que periódicamente hace este tipo de exámenes sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, señala que en los últimos dos años el hostigamiento y las agresiones físicas se han convertido en las principales formas de violencia contra defensores, por encima de las amenazas, que solían ser el tipo de agresión más socorrido.

Un caso reciente fue el de Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien el pasado 22 de diciembre por la noche fue retenido por seis horas cuando visitaba la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit, para un evento familiar.

López Cánare es uno de los opositores más críticos al proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, en el río de San Pedro-Mezquital, cuya construcción fue autorizada el pasado 19 de septiembre por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Una semana antes de ser secuestrado, el indígena náyeri participó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que denunció, junto con integrantes del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, que el gobierno federal pretende imponer un megaproyecto hidroeléctrico que los afectará, sin haber realizado una consulta previa y sin importarle los impactos que tendrán ambas comunidades originarias. Además acusaron que sus derechos se han violado sistemáticamente con este proyecto.

La noche del lunes 22 de diciembre, López Cánare fue interceptado, mientras cenaba, por cuatro individuos que viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up blanca de modelo reciente.

Lo subieron por la fuerza a la cabina del vehículo y lo retuvieron ilegalmente por un lapso aproximado de seis horas. De acuerdo con su testimonio, le robaron su agenda, un directorio y 2 mil 700 pesos en efectivo.

Los hombres le advirtieron que sabían quién era, qué hacía y cuáles eran sus movimientos.

Dos de las personas que lo retuvieron le vendaron los ojos. Después de un tramo de viaje, le quitaron las vendas. Se encontraban en una orilla del río San Pedro.

“Uno de ellos se quedó conmigo custodiándome, los otros se alejaron y allá hablaban por radio mientras revisaban la agenda y el directorio. El sujeto que me cuidaba sólo me dijo que si intentaba huir me daría un balazo”, contó a SinEmbargo la semana pasada.

La última advertencia que le hicieron fue: “sabemos quién eres, sabemos dónde sabes andar, sabemos tus movimientos, lo que haces, estamos enterados de todo, así que tú sabrás…”.

El hostigamiento a los defensores de derechos humanos tiene diversas modalidades. De ellas, la más común en los últimos años ha sido la intimidación, acorde con el informe de Acuddeh. La incursión policiaca, vigilancia, obstaculización del trabajo, seguimientos, despidos o intentos de detención son otras formas.

Acuddeh resalta entre éstas el uso de la judicialización, la segunda más común y que implica abrir procesos judiciales a los defensores “como una forma de inhibir y presionar a la gente para que no se siga organizando”.

Una modalidad nueva de hostigamiento, agrega, es la amenaza de desaparición forzada. Aunque son escasos los casos registrados, “nos indica que los victimarios tienen plena conciencia de que amenazar con desaparecer puede tener éxito en el desistimiento de la lucha por los derechos humanos”.

CRIMINALIZACIÓN, LA NUEVA TENDENCIA

En los últimos años, advierte el informe de Amnistía Internacional, a ese catálogo de agresiones se han sumado situaciones de violencia en protestas públicas, que en varios casos han afectado a los defensores de los derechos humanos.

El organismo explica que, en tales contextos, las agresiones ocurren luego de que los defensores se unen a las manifestaciones ciudadanas, expresan opiniones críticas, plantean denuncias públicamente o documentan los abusos de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones. Además de agresiones directas, los defensores también han sido acusados penalmente tras las protestas en las que participaron.

Ello ocurre al tiempo que se ha agudizado el uso de la fuerza pública durante las protestas y que se impulsan marcos legales para limitar el derecho a la manifestación, como han denunciado organizaciones civiles y activistas.

Francisco Cerezo, activista e integrante del Comité Cerezo, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, observa otra relación entre lo que considera la criminalización de la protesta social y la de los luchadores sociales que defienden los derechos humanos.

“Es casi el manual: primero la criminalización en general, después van a empezar con la criminalización de los dirigentes, de las personas más visibles, aunque no sean dirigentes en algunos casos”, expone.

“Posteriormente esta campaña que, a través de los medios, hace el Estado con fichas de inteligencia o informes del gobierno, que no se sabe bien de dónde vienen, para generar una imagen falsa del defensor de derechos humanos, que le permita al Estado, después, una detención arbitraria justificada, o inclusive la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada de estas personas, sin que la gente en general diga ‘Está mal’, porque ya hay una campaña que justifica que son personas que están ‘agrediendo a México’, o que son personas ‘con intereses oscuros y que quieren desestabilizar’”.

El Informe de Acuddeh apunta en la misma dirección, al plantear que actualmente la criminalización de los defensores de derechos humanos “es una estrategia del Estado que consiste en estigmatizar a la persona utilizando los medios masivos de comunicación con el objetivo de acusarla de ser violenta, de actuar al margen de la ley, de ser transgresora de la ley, de estar involucrada con la delincuencia organizada, narcotráfico o con el terrorismo”.

El objetivo, señala la organización, es justificar que al defensor se le acuse penalmente de algún delito y se le inicie un proceso judicial que suponga su encarcelamiento, o crear las condiciones sociales y mediáticas para que el defensor sea ejecutado, bajo el pretexto de que es “enemigo”.

El 8 de diciembre, Reporte Índigo publicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía fichado al abogado Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien actualmente asesora y acompaña a los familiares de los 42 normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.

Según la información publicada, el organismo de inteligencia del Estado mexicano considera al abogado “radical” y lo vincula con “grupos subversivos” en Guerrero, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria.

La información difundida también hace referencia a Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Por las causas que abanderan, dice la nota, el Cisen considera a ambos “peligrosos para la gobernabilidad”.

Tras publicarse esa información, organizaciones de derechos humanos reprobaron lo que consideraron un intento por desacreditar el trabajo de ambos defensores. Además, señalaron que al definirlos como “peligrosos para la gobernabilidad” el Cisen los ponía en riesgo, debido a que “desacredita y criminaliza su trabajo”.

A la difusión sobre el fichaje de Rosales Sierra se sumó la declaración del Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sánz, de que hay grupos que “manipulan” a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para “alcanzar sus objetivos”.

Una semana después de esa declaración, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Estado mexicano a “abstenerse” de acciones que interfirieran con el trabajo de quienes defienden los derechos humanos de las personas desparecidas, “tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida”.

LA CLAVE: COMBATIR LA IMPUNIDAD

El pronóstico del integrante del Comité Cerezo para el próximo año es poco alentador para los defensores de derechos humanos, pues considera que “se agudizará el panorama de persecución, judicialización y agresiones a defensores”.

En un informe publicado en 2013, la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos expuso una serie de medidas que los Estados deben adoptar para garantizar la protección de dichos actores.

Tales medidas contemplan marcos jurídicos e institucionales propicios, la investigación y sanción de las agresiones, mecanismos especiales de protección y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y de reconocimiento al trabajo de los defensores.

La postura de Cerezo es que en México se ha avanzado en la dirección contraria, pues persisten los objetivos por los cuales se agrede a los defensores de los derechos humanos: inhibir su trabajo, modificar la política de las organizaciones donde laboran para aligerar las críticas contra actores públicos o privados, y generar temor entre los ciudadanos.

Amnistía Internacional concluye en su informe que para que el trabajo de los defensores de derechos humanos se haga en un entorno propicio y seguro es necesario que cuenten con protección integral.

Para que exista tal protección se requiere del reconocimiento público de la legitimidad y relevancia de los defensores de derechos humanos, de la condena “pública e inequívoca” de los abusos que se cometan en su contra, y de la investigación y sanción de esos ataques, indica el organismo internacional.

Al respecto, advierte además, que la mayoría de los ataques más graves contra defensores ocurre después de que ya se han dado otras agresiones en su contra, que han quedado en la impunidad.

Amnistía retoma en su documento lo señalado en la Audiencia Regional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los defensores en las Américas:

“Esta impunidad favorece la percepción de que existe un contexto en el que las agresiones son toleradas por hacer parte de un riesgo consubstancial a la labor de la defensa de los derechos humanos […] La deficiencia de las autoridades encargadas de la administración de justicia expone a defensoras y defensores a mayores riesgos, genera una percepción generalizada de indefensión y desprotección y alienta las violaciones ante la ausencia de consecuencias para los agresores”.

El pasado 19 de octubre se cumplió un año del asesinato de Rocío Mesino Mesino, defensora de los derechos humanos y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), quien fue acribillada en pleno día en Atoyac de Álvarez, Guerrero, cuando se encontraba supervisando la rehabilitación de un puente dañado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en ese municipio de la sierra guerrerense.

Hasta la fecha, el crimen sigue impune: no ha habido progreso en la investigación judicial y ninguno de los autores intelectuales y materiales ha sido juzgado, a pesar de que existen retratos hablados de los agresores elaborados a partir de testimonios de testigos del asesinato, y de que la familia de la activista está dispuesta a colaborar en la indagatoria, según lo señalado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, al cumplirse el primer aniversario de su homicidio.

Mesino Mesino era activista desde los 20 años y había dedicado su vida a defender diferentes causas sociales, como el derecho a la verdad y la justicia de desaparecidos durante los años setenta, las luchas campesinas, o el castigo a los culpables de la masacre de campesinos de Aguas Blancas.

El 18 de septiembre de 2005, su hermano Miguel Ángel, integrante de la OCSS como ella, también fue asesinado en circunstancias similares, por sujetos desconocidos. Antes, en 1994, había sido torturado por el Ejército y luego, en 2003, acusado de homicidio, delito del que fue absuelto en ese mismo año, de acuerdo con una columna del periodista José Gil Olmos, publicada en la revista Proceso el 23 de octubre de 2013.

Norma, hermana de Rocío y Miguel Ángel, y defensora de los derechos humanos como ellos, ha sido amenazada de muerte por su trabajo como activista. Aunque al principio ella se enfocó más en abordar problemáticas relacionadas con las mujeres, tras el asesinato de su hermana se ha abocado a la defensa de otras causas sociales, incluida la exigencia de justicia por el homicidio de Rocío, dice en entrevista.

Desde el asesinato de su hermana, Norma cuenta con medidas cautelares, que implican la vigilancia por parte de policías estatales que la acompañan a todas partes. La activista ha denunciado que en repetidas ocasiones le han quitado la protección policial.