Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– La migración y transmigración en México se mantiene como una crisis humanitaria, sin embargo el gobierno federal proyecta crear más burocracia para atender este conflicto durante el 2015, pero con el mismo presupuesto que este año por terminar.

A decir del investigador Rodolfo Córdova Alcaraz, el presupuesto federal para atender los asuntos migratorios prácticamente disminuyó en términos reales en todos los programas de atención directa a migrantes y sus familias en los ramos de Gobernación, Desarrollo Social, y previsiones salariales y económicas.

“Históricamente, el monto de los programas presupuestarios para migrantes representa el 0.000001 por ciento del total del presupuesto que gasta el gobierno. En otras palabras, prácticamente nada. La propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no cambia eso”, expuso el investigador del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

En 2014, el presupuesto aprobado fue de 3 mil 796 millones de pesos, mientras que en 2015 el monto aprobado será de 3 mil 799 millones de pesos. Algunos de los programas más afectados son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; la Unidad de Política Migratoria (UPM); el Instituto Nacional de Migración (INM); el programa 3X1 para migrantes; el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; y el Fondo de Apoyos para Migrantes.

Sin embargo, a decir de defensores y organizaciones existe una “crisis humanitaria” en materia migratoria en el país, por lo que han urgido al gobierno mexicano a replantear la política migratoria desde un enfoque de derechos humanos y no como un asunto de seguridad.

Por su parte, el Gobierno federal pretende responder a la problemática migratoria en 2015 con más burocracia, coincidieron especialistas.

Por ejemplo, planea crear la Unidad Responsable de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) dentro del ramo de la Secretaría de Gobernación (Segob), con un presupuesto proyectado en 102 millones de pesos, de los cuales 56 millones de pesos serían sólo para pagar la nómina de los nuevos burócratas.

Pero a decir del también presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Córdova, esta propuesta sólo duplicará funciones en el servicio público y no significará mejorar las condiciones de vida ni de respeto a los derechos de las personas migrantes.

“¿Para qué crear otra instancia de coordinación de migración cuando ya existe una que lo hace a nivel nacional que es la Unidad de Política Migratoria? No se ve la lógica ni la eficacia de la política pública”, dijo

Si el Gobierno tiene recursos para generar más cargos públicos, en particular para aquellos que tienden a reforzar el control fronterizo, el sentido común dictaría que se asignarán en acciones importantes: acciones que garanticen los derechos, por ejemplo.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

A pesar de que este año se realizaron avances para visibilizar las condiciones de vulnerabilidad y abandono de los migrantes en México, lo cierto es que en los hechos los programas que atiende a las personas, familias y comunidades migrantes no tendrán recursos suficientes para ser herramientas efectivas que ayuden a mitigar esta problemática, explicó el especialista.

“La estructura presupuestaria del Instituto Nacional de Migración no es suficiente para atender las necesidades de los migrantes. Y eso es algo que va mucho más allá de la esfera del Instituto, porque subsiste con lo que le dan para que funcione”.

El presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración planteó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación incorporar en el anexo correspondiente en el PEF 2015 transparentar los montos de los programas dirigidos a la comunidad migrante.

Asimismo, planteó incrementar los recursos en donde es necesario hacerlo, por ejemplo en la atención directa a migrantes. Por ejemplo, propuso aumentar en 600 millones de pesos los recursos del programa para migrantes repatriados.

“Esa propuesta no fue tomada en cuenta. Si la Secretaría de Hacienda tiene dinero para generar más burocracia, pues también le sobra dinero para las áreas sustantivas”, expuso Rodolfo Córdova.

Por otra parte, en 2015 se destinarán aproximadamente 44 millones de pesos a organismos internacionales de los cuales México es parte, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por citar algunos casos.

Si ese monto se utilizara para apoyar directamente a las personas mexicanas deportadas de Estados Unidos se podría auxiliar a 14 mil personas adicionales,.

Si se asignara a proyectos como el Fondo de Apoyo al Migrante se podrían beneficiar a tres mil 600 personas más.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),  en 2013 se registraron 307 casos de migrantes que fallecieron en un intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Pero aún son pocas y aisladas las cifras sobre migrantes que, en su travesía por México, son víctimas de delitos como secuestros, extorsiones, robos, desapariciones o trata.

URGE REVISAR ESTACIONES MIGRATORIAS

Al hacer un balance de las acciones gubernamentales para atender la migración, la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo (PT), criticó la medida empleada por el Gobierno del Presidente de “bajar” a los migrantes del tren conocido como “La Bestia”.

“Ya no los avientan del tren, nada más los violan y los asaltan en los caminos en la oscuridad, ya no es a plena luz del día. Quitaron la parte mediática, como es lo que ha hecho este gobierno. Creen que con borrarlo y no sacarlo en la televisión se acabó el problema”, insistió.

También criticó el hecho de que no se refuerce la vigilancia en las zonas fronterizas del sur, con el propósito de mejorar la seguridad de los migrantes centroamericanos, en cuanto a ingresan al país.

“El problema se agudizó y creo que hoy es todavía más peligroso para un migrante y siguen viniendo en la misma proporción o más todavía”, afirmó la legisladora.

Ante esto, urgió a que el Gobierno federal revise lo que ellos “llaman pomposamente estaciones migratorias”, pero que en realidad funcionan como cárceles para las personas migrantes.

“Creemos que esto puede evitar que muchos pasen en estos lugares en donde se criminaliza al migrante en este desesperado camino por alcanzar una esperanza y mejorar sus condiciones de vida”, sostuvo.

La legisladora de izquierda planteó la necesidad de implementar un servicio de asesoría jurídica en las estaciones migratorias.

“[Con esta medida se puede] evitar la discrecionalidad, el que tengan esta asesoría jurídica que será muy importante, porque nos tocó ver en Acayucan, Veracruz, a mexicanos que, porque daban la impresión de ser centroamericanos, estaban detenidos también”, indicó.

En el año 2013, el Instituto Nacional de Migración frente a un total de casi 87 mil eventos de alojamiento temporal, otorgó solamente 14 custodias en todo el país.

Las cifras acumuladas hasta el 2013 revelan que solamente el uno por ciento de las personas alojadas en estaciones migratorias, habían accedido a una medida alternativa a la detención.

REFORMAS MIGRATORIAS

Prácticamente antes de concluir el 2014, un grupo de senadores de oposición (PAN, PRD y PT) presentaron una iniciativa que contiene una serie de reformas a 33 artículos de la Ley de Migración, con el propósito de “establecer condiciones mínimas de respeto a la dignidad de las personas migrantes y de sus derechos”.

“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional; sin que su origen étnico, nacionalidad, género, edad o cualquier otra condición sea motivo para anular o menoscabar sus derechos y libertades”, dijo la Senadora panista Mariana Gómez del Campo al presentar el paquete.

Las propuestas que se contemplan son:

• Reformar el proceso de regularización migratoria y promover verdaderas alternativas a la detención.
• Reducir las multas, ya que muchas veces la condición de estancia irregular no es por voluntad de las personas migrantes sino por imposibilidad de pagar el costo de su regularización.

Se pretende que la detención a personas migrantes vaya acompañada de motivos fundados. Es decir que al momento de la revisión migratoria la autoridad explique puntualmente a las personas migrantes la fundamentación y motivación de la detención, les dé a conocer sus derechos y les explique el procedimiento y enumere cuáles son las alternativas que tienen.

Hoy en día nada de esto ocurre. Las personas migrantes son detenidas y no se les explica a veces ni el porqué de la detención.

Esta asesoría deberá ser gratuita  y con traductores profesionales cuando así se requiera. Asimismo, se planteó flexibilizar las opciones para otorgar la residencia temporal en México.

“No podemos permitir que se continúe asumiendo que es necesario que todas las personas migrantes estén privadas de su libertad durante su procedimiento, sea éste de regularización o de retorno”, dijo la senadora Gómez del Campo.

El Senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que lo que se busca con esta iniciativa es que haya medios alternativos a la detención, a fin de erradicar la cultura de criminalización al migrante.

“Porque esa persona muchas veces puede ser un menor de edad, muchas veces puede ser una mujer, quedará marcada de por vida con una situación de cárcel, sin haber cometido ningún delito. Eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa, que haya medios alternativos a la detención”, expresó el Senador perredista.

A pesar de la presentación de este paquete de reformas, lo cierto es que el Congreso no ha dado muestras de intentar apresurar su dictaminación. Por lo menos no con la misma celeridad con que se planea retomar la serie de iniciativas presidenciales en materia de seguridad.