Expertos en competitividad aseveraron que México debe impulsar mecanismos que refuercen sus legislaciones, abrir paso a la transparencia e incentivar las “buenas prácticas” de la gestión pública y privada

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) afirmaron que la corrupción se ha vuelto un “mal endémico y sistemático” gracias al “cinismo de la clase política”, lo que ocasiona pérdidas de entre el 5 y 9  por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y daños tanto políticos como sociales en las naciones en las que está presente, por lo que presentaron una serie de mecanismos para evitar y combatir esta práctica.

Manuel Molano Ruiz, director Adjunto del Instituto Mexicano para la Competividada (IMCO), comentó a SinEmbargo que “el problema es que la corrupción es un arreglo institucional que beneficia a pocos y perjudica a la mayoría, y en la medida en que la mayoría no empiece a ser mucho más focal para que estas cosas no pasen, no vamos a avanzar”.

Datos Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por la organización Transparencia Internacional, revelan que México ocupó el lugar 103 de los 175 países evaluados (es decir, se encuentra reprobado) y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), según dio a conocer el IMCO.

Esto se traduce en que México se encuentra entre los 60 países más corruptos, destacó María Amparo Casar, directora del programa Anticorrupción, del IMCO.

La también académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) explicó que este país deja de percibir en términos reales alrededor de 890 mil millones de pesos al año por culpa de la corrupción, lo que equivale a 200 veces de lo que se destina a las instituciones que combaten este mal, 87 veces del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 66 veces del presupuesto al Poder Legislativo, 7.7 veces lo que se destina a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 3 veces más lo que ocupa la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con un estudio realizado por el instituto se calculó que un 14 por ciento del ingreso familiar se destina a este “impuesto regresivo”; es decir a las “mordidas”, y que en promedio un mexicano gasta alrededor de 165 pesos en corrupción, mientras que el 63 por ciento de los nuevos emprendedores “perdieron oportunidades de negocio por rehusarse a pagar un soborno”, agregó Álvaro Rodríguez Arregui, director de IGNIA.

Los especialistas explicaron que la corrupción también causa una pérdida del 5 por ciento en la inversión.

Al respecto, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconoció que “el sector privado mexicano ha sido parte del problema de la corrupción y la impunidad de este país, y como consecuencia estamos decididos a ser parte de la solución”.

UN PROBLEMA GLOBAL Y ESTRUCTURAL

De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, México sigue en los últimos lugares de América Latina esta región, Chile y Uruguay están a la cabeza empatados con 73 puntos (38 más que México), Brasil tiene 43 puntos (8 más que México), mientras que la última posición se la lleva Venezuela con 19 puntos (16 menos que México) y ocupa el puesto número 161 del índice.

Al respecto, Manuel Molano opinó que “tal como se ha mencionado, el nivel de corrupción en México es digno de los peores países, es digno de lugares que no corresponden ya con el desarrollo, tamaño y propiedades de la sociedad mexicana, creo que debemos en este sentido, emparejarnos con el resto del mundo”.

Asimismo, Daniel Kaufman dio a conocer durante el seminario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que los  sobornos a nivel mundial pueden estar entre los 1.5 y dos billones de dólares anuales y detalló que las cadenas de corrupción afectan tanto a los países en desarrollo como a las economías más avanzadas, en donde el impacto puede estar en 2.0 por ciento de su PIB.

Respecto a los casos de corrupción por parte de empresarios, Molano comentó que el Gobierno federal debe dar seguimiento  puntual a la forma que se llevan a cabo los proceso penales por este tipo de casos, y dijo que “parte del diseño institucional tiene que ver con eso porque además a cualquier juez le va a temblar la mano para encarcelar a un ex Presidente de la República, un Senador o un Ministro”.

En las redes de corrupción, dijo, no hay evidencia clara “y acabamos metiendo gente a la cárcel por delitos ‘chiquitos’ pero plenamente demostrables.

“No estamos castigando al que le llegan maletas de dinero. Entonces deberíamos pensar en un castigo mucho más patrimonial que corporal, porque a veces los funcionarios ya hicieron la repartición de bienes en toda la red de corrupción”, añadió.

María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, opinó que México ha avanzado en transparencia, pero no se ha hecho lo suficiente para inhibir las prácticas de corrupción, pues en el mejor de los casos la inhibe pero en el peor de los escenarios sólo la exhibe y alienta el cinismo entre la clase política”.

MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

Expertos en competitividad aseveraron que México debe impulsar mecanismos que refuercen sus legislaciones,  debe abrir paso a la transparencia e incentivar las “buenas prácticas” de la gestión pública y privada.

En ese sentido,  Roby Senderowitsch,  gerente del programa abierto de la Alianza Global para la auditoría social del Banco Mundial opinó durante el foro que la corrupción es uno de los grandes desafíos para las economías ya que  afecta directamente a la inversión y provoca pérdida de confianza en las instituciones públicas, y dijo que este mal no es único del sector público, ya que también atañe al sector privado.

Por su parte, Martha Mallory, directora para Latinoamérica de TRACE y abogada especialista en crimen corporativo, recomendó a las autoridades que para que los efectos de la corrupción en México no afecten las inversiones, se debe recurrir al uso de las jurisdicciones nacionales e internacionales.

La especialista comentó que existen  riesgos para las empresas que cotizan en bolsa cuando no hacen uso adecuado de los mecanismos adecuados, por un lado está el riesgo financiero que “se trata de multas millonarias por las diversas agencias de procuración de justicia alrededor de mundo o las sanciones por encarcelamiento”.

“La corrupción es un delito en cada país, mientras sea un delito entre ambos países, es un elemento que dispara la extradición”, alertó, por ello reiteró la investigación adecuada de todos los actores: empresarios, agencias, tratados, legislaciones e intermediarios.

Explicó que existe un mecanismo llamado  due diligence “que es una radiografía de las entrañas de la empresa” para evitar actos de corrupción en cualquiera de los niveles.

Datos del estudio “México, anatomía de la corrupción” indican que el 91 por ciento de los mexicanos no confía en los partidos políticos, más del 80 por ciento no confía en sus legisladores ni cree en instituciones del sistema judicial.